La solicitud fue hecha el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En la mañana de hoy el instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, reclamaron que se apliquen sanciones al Ministerio de Energía y Minas y a la administración de Punta Catalina por ejecutar cambios en esa central termoeléctrica no autorizados que alteran las bases de la licencia ambiental otorgada a ese proyecto.
En un acto de oposición y de advertencia a las transformaciones tecnológicas que fueron anunciadas en rueda de prensa, el 29 de diciembre pasado por Antonio Amonte y Serafín Canario, respectivamente ministro de Energía y Minas y administrador de Punta Catalina, las organizaciones solicitan al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, que proceda a suspender de forma indefinida estos cambios y a aplicar las sanciones correspondientes, según consigna la nota que enviaron a los medios de comunicación.
Explicaron que en la suspensión de estas modificaciones anunciadas y las sanciones están condicionadas a que el Ministerio de Energía y Minas y la administración de Punta Catalina no presenten en un plazo no mayor de 48 horas el estudio de impacto ambiental que la ley exige para realizar estos cambios.
Dijeron que estos cambios tecnológicos consisten en la supresión del Sistema de Control de Seguridad del Aire de estas plantas, AQCS, modificando un aspecto fundamental de la Licencia Ambiental No.0267-14, de fecha 14 de agosto de 2014 que ampara a este proyecto.
Señalaron que con la supresión de este sistema, las plantas de Punta Catalina arrojarán sin filtrar los gases ácidos que son tóxicos, elevando su concentración en el aire que respira la población, a un nivel diez veces superior de lo que permiten las normas internacionales.
“Esto quiere decir que los gases ácidos que emiten las plantas de carbón de Punta Catalina que son por su naturaleza tóxicos y contaminantes producirán enfermedades catastróficas como cáncer pulmonar, y grandes daños a la agropecuaria. Estos gases son responsables de lluvias ácidas y de smog”, aclararon.
Manifestaron en el acto entregado que es obligación y responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su condición del organismo rector del ambiente, velar por el cumplimiento efectivo de la constitución y las leyes ambientales, máxime si se trata de garantizar la salud y el medio ambiente sano.
Igualmente advirtieron que si no reciben respuesta en un tiempo prudente en función de lo que establece el acto remitido y conforme a lo que amerite la situación, “iniciaremos un proceso jurisdiccional por la vía que entendamos más efectiva.”
Recordaron que el jueves pasado, entregaron una comunicación a la Dirección de Contrataciones Públicas con copia a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, para que se deje sin efecto la contratación de Stanley Consultants y de Manatt, y se castiguen los responsables de esta contratación ilegal.
Afirmaron que estas dos empresas implicadas en el amañamiento de la licitación del contrato de Punta Catalina y cómplices de los actos de corrupción de Odebrecht en esta obra, están asesorando al Ministerio de Energía y Minas y a la administración de la central, en la aplicación de las modificaciones tecnológicas que según dijera Antonio Almonte, permitirán aprovechar parte de las cenizas de carbón para producir cemento tipo portland C de exportación.
Plantearon que la sinrazón y la total ausencia de sensibilidad de las autoridades del Gobierno central ante la contaminación de Punta Catalina y de sus graves consecuencias, conmina a los jueces del Tribunal Superior Administrativo a proteger los derechos constitucionales a la salud y a un medio ambiente sano de la población de la provincia Peravia.
“Expondremos ante el Tribunal Superior Administrativo que conocerá el 9 de febreropróximo, nuestra solicitud de acción de amparo contra Punta Catalina, estas medidas que están realizando el Ministerio de Energía y Minas y la administración de la termoeléctrica, que agravan aún más la situación de ecocidio que viven directamente más de cien mil personas de la provincia Peravia”, aseguraron.
