Gómez Mazara suministró a la Comisión de Recuperación de Bienes Sustraídos un listado de inmuebles del Estado ubicados en el país, Nueva York y Panamá
El dirigente político Guido Gómez Mazara depositó por ante el despacho del Consultor Jurídico de la Presidencia y de la unidad que coordina la Comisión de Recuperación de Bienes Sustraídos al Estado, una relación de transacciones inmobiliarias que a su juicio habrían realizado exfuncionarios durante la pasada administración del PLD, que entiende caen en el marco de ser transparentadas, y de encontrar indicios de ilegalidad, ser devueltas al patrimonio estatal.
Para el inquieto abogado, el decreto presidencial número 22-21 que faculta a una comisión conformada por un equipo de profesionales en detectar operaciones irregulares, constituye un aliento ético y representa una contribución importante al proceso de adecentamiento de la vida pública, históricamente relegado bajo el maligno hábito de que las designaciones en el tren oficial constituyen la oportunidad de oro para acumular dinero público, sin las sanciones de lugar.
Considera que las acciones señaladas por él pueden ser detectadas con facilidad y que los rastros conducen al establecimiento de responsabilidades respecto de sus autores, compañias e ingresos formales que, en un altísimo porcentaje, los salarios formales de los ex funcionarios no pueden justificar las adquisiciones inmobiliarias, de ahí la necesidad de proceder legalmente previo una rigurosa investigación.
Gómez Mazara suministró a la Comisión de Recuperación de Bienes Sustraídos un listado de inmuebles del Estado ubicados en el país, Nueva York y Panamá que están en manos de ex funcionarios civiles y militares.
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Entre esos patrimonios figura la casa registrada recientemente en la provincia La Vega por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Según Gómez Mazara, las operaciones inmobiliarias están asociadas a personas que prestaron servicios a la anterior administración gubernamental y cita por sus nombres a un economista, un mayor general activo y un ex asistente especial del exmandatario Danilo Medina, a quien se le atribuye grandes fortunas. (Ver prensa dominicana de fecha 17/1/2021).
Admiro la valentía de Guido Gómez Mazara, y me quito el sombrero en muestra de respeto, porque ha demostrado ser un verdadero patriota.
En otras ocasiones ha depositado ante la Pepa denuncias de corrupción, avaladas con documentos hasta ahora irrefutables, sobre irregularidades atribuidas a otras personas que andan orondas en las calles pensando que tal vez no serán enjuiciados en los tribunales. Nadie lo ha desmentido.
La vieja práctica de robarse los bienes inmuebles estatales consiste en ponerlos a nombre de testaferros o prestanombres para encubrir las operaciones en paraísos fiscales.
Tarde o más temprano, esas cosas se descubren. Son prácticas criminales que afectan más a los dominicanos de clase media y baja, que a los ricos. Es que no hay crimen perfecto.
Es posible que otros bienes estatales distraídos por ex funcionarios fueron camuflados a otras manos para evadir un enjuiciamiento penal. En un perverso hábito que debe ser erradicado.
Alegra saber que el nuevo gobierno tiene la intención de recuperar los bienes patrimoniales y fondos públicos robados de forma fraudulenta por castas mafiosas de anteriores gestiones. Por igual debe pasar con los actuales funcionarios, en caso de que incurran en este delito.
Que comiencen a investigar con los documentos aportados por Guido Gómez Mazara para quien pido protección por su vida debido a que los intereses políticos que está enfrentando, no se descarta que cualquier trama pueda darse para callar a ese valiente ciudadano y es la responsabilidad del gobierno impedir un plan criminal que lo afecte. A fin de cuenta, nos afectaría a todos.
