El Consejo Económico Social (CES), es el garante de la diafanidad del proceso. Es el que debe constatar que cada sector está incluido allí donde se elaboran las políticas públicas,
El gobierno parece urgido en lograr la firma del denominado pacto eléctrico, mamotreto que en su momento el propio PRM calificó de adefesio por las incongruencias que contiene pues la finalidad del mismo no está clara. Esto así porque la base legal del sistema eléctrico es buena entonces no está claro ¿qué se busca con los cambios que apuntan a modificar todo el entramado legal existente del sector?
Un poco de historia nos muestra que la privatización operada a partir de 1997 no produjo los cambios esperados, por el contrario, sirvió para que empresas extranjeras, sin invertir un peso, fueran beneficiadas con cobros abusivos a la población y recompra en el gobierno de Hipólito Mejía. Esto es lo que se privatizó en 1997 debió ser recuperado en 2002; luego, a partir de 2004 se continuó con el modelo mixto: los huesos del sector para el Estado y la masa para el sector privado. Fue la época de los contratos onerosos que, por suerte, ya se vencieron.
Pero ahora, con la llamada alianza público-privada, se busca devolver al sector privado los bienes públicos del sector eléctrico particularmente las hidroeléctricas y Punta Catalina. Es decir, el gobierno construye y se endeuda para luego vender a precio de vaca muerta y más tardes recomprar a precio de usura. Es así como funciona la eficiencia neoliberal.
Pero hay un problema, el marco constitucional de 1997 es diferente al marco constitucional actual, en el primer caso, el país estaba bajo la égida del Estado liberal donde los criterios neoliberales estaban a sus anchas. Ahora la situación es diferente porque a partir de 2010, el país cuenta con un marco constitucional signado por el Estado Social. Es de ahí que nace, por ejemplo, el Consejo Económico Social (CES), esto significa que no es suficiente con la legalidad del Estado liberal sino que se debe consensuar con el sector social la política a aplicar y, nosotros diríamos algo más, se debe someter a referéndum la política pública de la materia. Esto es no basta con el consenso ni con el “pacto social” para obtener legitimidad.
La primera consecuencia de esta realidad, es que la democracia no puede ser simplemente formal, requiere de contenido. Por ejemplo, si el sector consumo ha de participar ha de hacerlo de forma orgánica, no es posible que se le invite a firmar y ya. No se requiere, además, que los órganos deliberativos de la Superintendencia de Electricidad tengan presencia efectiva del sector consumo, que el Protecom esté dirigido por intelectuales orgánicos del sector consumo.
Pero resulta que el gobierno no ha contemplado nada en la Dirección de Asistencia al Usuario (DIDA), en el PROTECOM, ni en INDOTEL, ni en Pro Consumidor, ni en Pro Competencia, ni en la superintendencia de Bancos, etc., etc. Por tanto, se plantea una firma a secas, sin posibilidades de control. Tampoco se ha dicho cómo serán resarcidos los consumidores por los abusos que cometieron las distribuidoras y comercializadoras de electricidad durante el Estado de Excepción en 2020; no se dice nada de los robos abiertos que se dice ocurrieron allí. En pocas palabras, antes de hablar de pacto eléctrico se debe poner en orden la casa y probar que se está ante una escalada inclusiva y para nada instrumental.
El Consejo Económico Social (CES), es el garante de la diafanidad del proceso. Es el que debe constatar que cada sector está incluido allí donde se elaboran las políticas públicas, por ejemplo, en equidad respecto del sector empresarial. Es llegado el momento de la comprobación de la efectividad de estos planteamientos, que podemos hablar de ir a un pacto eléctrico o, todavía más, a un pacto fiscal que, en el fondo, es lo que busca el gobierno, pero en un ambiente signado por la corrupción sin consecuencias, no se puede hablar de pacto eléctrico ni de pacto fiscal.
El CES debe saber, ¿cuál es su objeto? y después de saberlo, en tanto y cuanto órgano consultivo del Estado, debe informar al ejecutivo de cuál es la situación. Esto es: que tenemos un sistema caracterizado por el vacío social y el engaño. El sector consumo demanda representación genuina allí donde la ley manda a que se diseñen políticas públicas genuinas pro consumus.
En palabras diferentes, sin tribunales de lo contencioso administrativo de primera instancia operando, sin un sistema de administración de justicia pronto, oportuno y eficaz, no se puede llegar a pacto alguno, pues estaríamos ante un nuevo engaño al sector social. Lo mismo, respecto de los órganos deliberativos y de participación de la administración pública no se puede estar sin representación efectiva del sector consumo. Este mensaje, conforme lo dispone el artículo 251 de la Constitución, debe canalizarlo el CES ante el gobierno. DLH-20-1-2021.
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