La denuncia la hizo Rodríguez Pimentel, dirigente del Partido Reformista Social Cristino y ex senador por la provincia de Montecristi.
Al menos 70 empresas que operan al amparo de la ley 28-01 sobre incentivos fronterizos quedarán desamparadas desde el primero de febrero próximo cuando expira la vigencia de este marco legal, advirtió el ex senador Héctor Rodríguez Pimentel, quien hizo un llamado urgente al Presidente Luis Abinader para que tome carta en este asunto.
Rodríguez Pimentel, dirigente del Partido Reformista Social Cristino y ex senador por la provincia de Montecristi, dijo que esta ley, que permite generar unos 16 mil empleos directos en la frontera, se encuentra “empantanada en el Congreso Nacional”.
“Por qué está empantanada?”, se preguntó, “porque los senadores de manera unánime aprobaron un proyecto de ley acorde con las necesidades de la zona, es decir, dejaron prácticamente como estaba la ley 28-01 que vence ahora el primero de febrero, pero en vez de 20 años les agregaron 30 años de vigencia, de manera que es una ley buena para el desarrollo fronterizo”.
Sin embargo, recordó que cuando fue enviada a la Cámara de Diputados “comenzó entonces el lobismo de los empresarios que se oponen a la ley y en confabulación con diputados lo que se hizo fue un mamotreto de ley que se retornó al senado y el senado se ha negado a aprobarla de esa manera”.
Rodríguez Pimentel, al ser entrevistado en Propuesta de la Noche por Digital 15, dijo que mientras no se forme una comisión bicameral que estudie este proyecto la ley permanecerá empantanada, en tanto que el tiempo estácorriendo y el primero de febrero de este año ya perime y no se sabe en qué van a quedar las empresas que están establecidas y que se están acogiendo a los incentivos de esta ley”.
Uno de los artículos modificado por la Cámara de Diputados a la ley que aprobó el Senado disminuye en un 50% la exención de impuestos a la materia prima que en la actualidad es de 100 por ciento, que es el mismo 50% que tiene la ley sobre fomento industrial, destacó el ex senador.
Se preguntó para qué un empresario va a querer establecerse en la zona fronteriza cuando instalándose en cualquier otra zona franca del país tiene acceso a esemismo 50 por ciento de exención de impuestos a la materia prima. “Ahí se igualó con las demás empresas del país y eso les da una desventaja con las empresas que quieran establecerse en la frontera”, razonó el ex senador.
“Otra parte que se modificó y que hace inviable la ley es que ellos (los diputados) establecieron en el artículo 4 que las exenciones solo tendrán vigencia en función de los productos que vendan esas empresas en las siete provincias fronteriza”, lo que para Rodríguez Pimentel esun crimen “porque esas empresas se establecen en la zona fronteriza, pero sus productos se comercializan en todo el territorio nacional.
Indicó que la única solución a este impase es que los senadores y los diputados se pongan de acuerdo en una ley prudente, adecuada y la aprueben, “de manera que no se cree ese vacío porque corremos el riesgo de que a partir del primero de febrero esas empresas que están establecidas en la frontera que son alrededor de 70 y que crean más 16 mil empleos, pues abandonen las zonas y se vayan a otras zonas francas del país”.
Insistió en que la aprobación de esta ley antes del primero de febrero “es de vida o muerte, por lo que llamó al presidente Abinader a intervenir con los diputados del Partido Revolucionario Moderno “y bajarle una línea para que se pongan a tono con los fronterizos y no a tono con las empresarios que se oponen a la ley”.
Rodríguez Pimentel lamentó que esta ley cuyo objetivo es promover el desarrollo de una región estratégica como es la frontera haya sido permanentemente bombardeada por sectores empresariales, frente a los cuales “ha sucumbido el aparato estatal”.
Dijo que a pesar de que la ley tiene 20 años de vigencia solo operó de forma efectiva durante 4 años, entre el 2000 y el 2004, período en el que se instalaron las 70 empresas que operan en la zona, ya que en el resto del período ha sido, incluso, derogada en dos ocasiones y gracias a sendas sentencias de la Suprema Corte de Justicia se pudo restablecer.
