La democracia y el Estado Constitucional van de la mano, ahí se dice que los jueces son los guardianes de la Constitución y del Estado Social y Democrático de Derecho.
Los usuarios de servicios de la Administración de justicia se encuentran en un estado deplorable, debido a que los operadores judiciales actuales, han puesto en marcha un radical programa de virtualización de la justicia, sin que se conozca cuál es el modus operandi del modelo implementado, y su incidencia sobre una democracia en desarrollo como la nacional. A nuestro entender, se ha debido definir el rol de la justicia en una democracia en construcción, como es el caso de la dominicana; sin embargo, se ha priorizado la automatización pero sin definir el propósito que se busca con dicha modalidad.
Parecería que, el objeto es situarnos próximos a otros mercados que ya han emprendido esa tarea, pero se ha olvidado el rol educativo y formador que tiene la Administración de justicia para contribuir a superar el clientelismo y construir ciudadanía. Este objeto debería primar sobre cualquiera otro. No se olvide que la modernidad de la judicatura nacional surgió bajo la dictadura de Trujillo, luego, el país solo ha visto una justicia transitando, muy lentamente, hacia la democracia.
Con Balaguer, la justicia cosecho lo mejor de la casta de jueces y abogados que se formaron bajo el régimen de Trujillo, pero a la pregunta de ¿cuál ha sido el aporte de la democracia?, la respuesta es difícil, pues si bien en 1994 se decretó el fin del trujillismo jurídico con la instalación de la Suprema Corte de 1997, se inició un proceso de democratización muy cuestionado por los residuos autoritarios que dicho proceso conllevó; esto condujo a que se respondiera conforme a la necesidad de una Segunda Ola de transformaciones en el plano judicial, pero esto se ha quedado como propuesta.
Cuando se puso en vigencia la Constitución de 2010, se pensó que la transformación democrática giraría exitosamente, sin embargo, a pesar de la excelente contribución del Tribunal Constitucional (2012), la judicatura no ha avanzado sino que ha retrocedido peligrosamente. Se podría decir, que imperativos políticos sobre el blindaje de la política, la maniataron y, desde entonces, las reformas democráticas han ido a menos.Presentándose como propuesta de ruptura, la virtualidad de la administración de justicia.
Pero resulta, que la virtualidad, es en sí misma antidemocrática, sus razones tienen que ver más con modelos totalitarios ligados al denominado “Hermano mayor” de la Granja de Owen, que con imperativos democráticos. No se sabe, si los operadores judiciales tienen claro el concepto de democracia que, en tanto guardianes de la constitución, deben proteger, lo que si queda al desnudo, es que las elites económicas y políticas,han salido fortalecidas con el modelo; y que la participación popular en la creación de una justicia democrática y para la democracia, se encuentran ausentes en el modelo puesto en marcha.
Desde el punto de vista de la politología, esto es grave, pues resulta que el ciudadano de a pie lo que conoce por justicia, es la actuación de la Policía Nacional, por ser este cuerpo de orden público el que opera más cercanamente a sus necesidades. Ahora en lugar de acercar al juez y al fiscal a este ciudadano, se lo ha alejado a ambos con laoferta de una justicia virtual que le es ajena. Ahí queda nuevamente comprobado que los profesionales del derecho, por lo menos en sus roles de fiscales y de jueces, tienen poco que aportar al sistema democrático.
La democracia y el Estado Constitucional van de la mano, ahí se dice que los jueces son los guardianes de la Constitución y del Estado Social y Democrático de Derecho, estado que los de a pie no conocen, pero que ahora se les dice que es como Dios invisible, virtual y lejano a ellos. No sé si alguien notará el peligro que se cierne sobre la democracia, pero al parecer, ocurrirá como ocurrió a inicios del pasado siglo XX, cuando los gestores de la democracia de la Tercera República, fueron los responsables de que esta sucumbiera.
La incursión en el mundo de la tecnología, desde la perspectiva de la justicia, ha debido ser no solo gradual sino respetuosa de la condición de guardianes de la democracia y de la constitución que ha de ser el norte de los operadores judiciales, tanto del Poder Judicial como del Poder Jurisdiccional.
Una justicia cuyo diseño y ejecución quede en manos de técnicos privados o extranjeros, no produce democracia, ni genera confianza en el usuario, al revés, ocasiona las disparidades y quejas que se vienen observando a diario.Añádase un personal incapacitado, temporero y mal pagado y se tendrá la explicación del desastre, no existe un protocolo definido sino que sobre la marcha, estos van apareciendo, haciendo añicos el debido proceso judicial, creando con ello un malestar generalizado para el cual nadie tiene respuesta, pues al final, el proceso ni es presencial ni es virtual, sino una mezcla de ambos que los usuarios califican de tollo, pero que los operadores judiciales califican de exitosos porque se habla de un Consejo del Poder judicial que opera de manera autoritaria.
El modelo de jueces sin rostro, fue propio en el siglo XX, en Colombia bajo la amenaza que representó el narcotráfico para estos y en los juicios contra los Nazis en Núremberg. Estas son las experiencias más cercana del actual modelo, muy similar al que plantea Owen en su obra: 1984. DLH-31-1-2021
