El anuncio del jefe del Estado y el compromiso de los legisladores devuelve un poco de tranquilidad a la zona fronteriza.
El Congreso Nacional está llamado a iniciar este miércoles el conocimiento del proyecto que buscará, mediante una mejor estructurada legislación, dotar a la zona fronteriza de un nuevo marco legal para definir el régimen de incentivos en beneficio de las empresas que decidan instalarse allí, luego del consenso que el presidente Luis Abinader anunció haber alcanzado el pasado fin de semana con actores importantes que tienen algo que aportar en la solución de lo que para nosotros tiene una importancia vital.
El anuncio del jefe del Estado y el compromiso de los legisladores devuelve un poco de tranquilidad a la zona fronteriza que, mal que bien, durante veinte años contó con unos incentivos que, lamentablemente, no fueron aprovechados en la dimensión que se esperaba, pero que habría sido peor si no disponía de esa protección.
Luego de este anuncio se supone que no habría más obstáculos que impidan proceder a la aprobación de la legislación que ha tenido enemigos poderosos desde el primer instante en que se empezó a aplicar.
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Los adversarios del régimen para el desarrollo fronterizo son los mismos que durante el periodo de vigencia de la antigua Ley 28-01 han recibido incentivos por un momento dos veces superior al presupuesto de este 2021 (un billón 37 mil millones, dicho así para que más o menos se entienda), a través del llamado “sacrificio fiscal del Estado”, que no es otra cosa que exonerar del pago de diversos impuestos a sectores productivos, con el interés de que se conviertan en generadores de empleos.
Solo en el pasado año 2020, el gasto tributario, es decir, otro de los eufemismos que se emplean para maquillar las exenciones impositivas, ascendió a RD$237,812 millones, equivalentes a 4.84% del Producto Interno Bruto (PIB), conforme publicaciones de los ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo y de Hacienda.
Aunque ese gasto tributario fue ligeramente menor (0.28 puntos porcentuales respecto a la estimación para el 2019), estamos hablando de que ese renglón representa más dinero dejado de percibir por el Gobierno que la asignación anual para educación inicial que sabemos es del 4%, equivalente este 2021 a unos 195 mil millones de pesos.
El monto de las exenciones recibidas por las pocas empresas que se han establecido en la frontera representa apenas una gota de agua en el océano si establecemos la relación que existe entre esos incentivos y el grueso que perciben, en conjunto, los opositores a que la zona donde empieza la República Dominicana (no donde termina, como creen algunos), tenga los medios para intentar aun sea un tímido y precario desarrollo.
Seguiremos luchando hasta lograr que la frontera disponga de ese marco legal establecido no sujeto a caprichos.
Sin embargo, debemos reconocer que la actitud de los oponentes a la legislación que perimió no es responsabilidad de ellos, sino de las instituciones del Estado que suelen dejar zonas oscuras, cabos sueltos que los más avezados aprovechan para dañar buenas intenciones.
Por ejemplo, que durante prácticamente toda la vida republicana se haya permitido el desarrollo desigual del país obedece a que el Estado ha preferido facilitar la operación en condiciones ventajosas de los negocios de la capital y cuatro o cinco provincias, mientras el resto del territorio nacional languidece.
