Las futuras generaciones de dominicanos tienen derecho a disfrutar de esas riquezas que nos ha dado la naturaleza.
Para viajar a Samaná desde la Capital, sin importar que el trayecto se triplique en kilómetros, prefiero miles de veces volver a la antigua ruta autopista Duarte-carretera San Francisco de Macorís-Nagua, si con eso se pone término al abusivo peaje sombra de la autopista Juan Pablo II, vía directa de solo 106 kms y que acarrea un alto nivel de peligrosidad para los conductores.
Y aunque se confunda con prosa poética, también, prefiero la existencia perenne de los manantiales cristalinos que descienden por sus pendientes, y esa rica biodiversidad de más de 40 especies de flora y más de 20 de fauna que cubren de gloria a Loma Miranda, antes que ver los tractores y enormes equipos de Falcondo convertir ese santuario natural en un páramo, por culpa de la minería.
Las futuras generaciones de dominicanos tienen derecho a disfrutar de esas riquezas que nos ha dado la naturaleza. La conciencia nacional está a favor de preservarlas, por el bien de todos.
El pueblo no negocia sus derechos. En estos dos casos, y en procura de que adopten soluciones a favor del interés nacional, las autoridades nacionales están en la mira de la población, que al unísono exige que las pretensiones de enclaves todopoderosos sean derrotadas.
Se quedó muy atrás lo que en verdad costó la autopista a Samaná, vía que dejó una enorme cicatriz a Los Haitises, sistema natural que registra el mayor régimen de lluvias en la isla. Ese valor, US$305 millones, hace rato fue saldado con el odioso “peaje sombra”, que sale de los impuestos que paga el pueblo dominicano. Y lo cobra la empresa concesionaria.
Lo mismo ocurre con el Bulevar Turístico del Atlántico, que tiene el peaje más leonino y criminal de toda la isla. Cada vez que pasa un automóvil por allí, no importa si es ida o vuelta, paga 585 pesos; un camión de 2 ejes 1,552 pesos, y uno de 3 ejes 2,194 pesos. Una retranca para el desarrollo del turismo.
En una entrega publicada en Listín Diario en noviembre del 2020, bajo el título “El fin del peaje sombra en la autopista de Samaná”, el economista Jonathan D’Oleo Puig resalta que en un promedio de ocho años y medio el Estado pagó al consorcio Autopistas del Nordeste un monto que supera el costo de las obras en casi un 50%. Y resalta que cuando se contabilice el peaje sombra que habrá pagado el erario al cabo de este año 2020, “el monto total se disparará por encima de los US$500 millones. Esto es sin tomar en cuenta el peaje normal, exorbitante por demás, que el consorcio ha estado cobrando desde finales del año 2008”.
Esa inmensidad por algo más de 100 kms. de carretera, ¡¡Casi el doble de la inversión inicial por la construcción!! Y sin contar lo que falta, porque lo grave en todo esto es que el contrato leonino fue contemplado a 30 años.
Es decir, no estamos ni a mitad de un tiempo que para esos fines se nos vuelve eterno. Y lo que es peor: Nuestros congresistas, en distintos períodos, nunca pensaron en defender el interés nacional.
Todo indica que la administración de gobierno que regía cuando se estamparon las firmas del contrato que dio lugar a esa estafa, para nada tomó en cuenta la defensa del interés nacional.
Respecto a Loma Miranda, se impone que los ministerios de Energía y Minas y de Medio Ambiente rechacen la solicitud de impacto ambiental que ha pedido la empresa Falcondo para extraer ferroníquel allí. Y lo que es peor, que de ser complacida, la empresa podrá extender sus operaciones en el país por otros 20 años.
Decenas de instituciones ecologistas y de otra índole han enarbolado el fervor patriótico para que sigan en su hábitat natural los ruiseñores, ciguas palmeras, rolas, rolitas, variedades de árboles como el palo cabirma, caoba, algarrobo, yagrumo y otras tantas especies de flora y fauna en Loma Miranda.
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