Dice que Libre by Nexus encadenó a los inmigrantes con dolorosos rastreadores GPS y cobró enormes sumas
NUEVA YORK – La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, continuó hoy su lucha para proteger a los inmigrantes en Nueva York y en todo el país de las prácticas engañosas y abusivas. En una demanda presentada contra Libre por Nexus y su empresa matriz, Nexus Services, la Fiscal General James, como parte de una coalición que incluye a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) y a los fiscales generales de Massachusetts y Virginia, alega que la empresa se aprovecha de los inmigrantes retenidos en los centros de detención federales ofreciéndoles el pago de sus fianzas de inmigración para asegurar su liberación, mientras oculta o tergiversa la verdadera naturaleza y los costos de sus servicios.
Agregó que Libre cobra grandes honorarios por adelantado y cuantiosos pagos mensuales, que suelen ascender a miles de dólares más que el valor nominal de la fianza. Libre también comercializa sus servicios entre los amigos y familiares de los detenidos, que están desesperados por conseguir la liberación de sus seres queridos y también pagan algunas de las exorbitantes tarifas.
"Las comunidades de inmigrantes son el sustento de esta nación, pero Libre by Nexus se aprovechó de sus temores y se dirigió a los más vulnerables de nuestro estado", dijo la fiscal general James. "Libre engañó a personas pobres para que pagaran tarifas astronómicas y se benefició ilegalmente de millones, mientras que simultáneamente encadenaba a los inmigrantes con dispositivos de localización. Esta demanda debe enviar un mensaje claro a todos los que buscan explotar y aprovecharse de nuestras comunidades más indefensas de que utilizaremos todas las herramientas de nuestro arsenal para acabar con su actividad ilegal y el sufrimiento que infligen."
La demanda -presentada en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Oeste de Virginia- alega que los acusados han violado y continúan violando varias leyes, incluyendo la prohibición de la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor sobre actos y prácticas engañosas y abusivas, así como las leyes de protección al consumidor de los estados. En particular, la demanda alega que
– Libre encadena a sus clientes con dispositivos GPS que no se pueden quitar. Los voluminosos dispositivos pueden causar daños físicos e irritación y a menudo no funcionan.
– Libre exige a los consumidores que firmen contratos confusos y engañosos que presentan a los consumidores sólo en inglés, a pesar de que la gran mayoría de los clientes de Libre no hablan ni leen inglés y no lo entienden.
– Libre califica erróneamente sus servicios financieros como un "programa" al presumir de que ofrece "servicios integrales", incluidos servicios jurídicos gratuitos. Pero, en realidad, Libre no ofrece nada más que una derivación a abogados para sus clientes, que pueden no recibir ningún servicio legal.
– Libre engaña a los consumidores haciéndoles creer que sus cuotas mensuales están pagando su fianza como una deuda contraída con Libre y que se les reembolsará al concluir sus procedimientos de inmigración. Pero, sólo más tarde, muchos consumidores descubren que Libre no reembolsará miles o decenas de miles de dólares en honorarios.
– Para cobrar las tasas, Libre crea la falsa impresión de que está asociada con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) o con otros agentes gubernamentales y que no pagar las tasas a Libre puede llevar a la detención o deportación.
La demanda de hoy también nombra a los directores de Libre -Michael Donovan, Richard Moore y Evan Ajin-, que idearon el modelo de negocio de la empresa y actualmente lo aplican, dirigen su funcionamiento y conocen los detalles de su funcionamiento.
La demanda pretende poner fin a las prácticas ilegales de la empresa, obtener millones de dólares en concepto de indemnización para las miles de víctimas e imponer sanciones a las empresas.
La demanda está a cargo de los Fiscales Generales Adjuntos Joseph P. Mueller y Stewart Dearing, bajo la supervisión de la Jefa de la Oficina Jane M. Azia y la Jefa Adjunta Laura J. Levine, todas de la Oficina de Protección y Fraude al Consumidor. La Oficina de Protección y Fraude al Consumidor forma parte de la División de Justicia Económica, supervisada por el Subprocurador General Chris D’Angelo y la Primera Subprocuradora General Jennifer Levy.
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