Justo en el marco de estas semanas, hace ya cuatro años, publiqué en varios medios de República Dominicana y de los Estados Unidos, un artículo titulado “Las Fronteras de Trump”. En él, dictaba el perfil de la política de inmigración de la entonces nueva administración del Partido Republicano en poder de la Casa Blanca. Una postura oficial que, con decretos, fijaba las promesas de campaña, de impedir o limitar la entrada a los Estados Unidos de nacionales de países específicos y por igual, dificultar a todo indocumentado u otros de estatus indefinido, su estadía y protección legal. En fin, un estado de rechazo y suspicacia hacia todo inmigrante, sin importar edad, acompañó esa política.
Las medidas o decretos firmados por el nuevo presidente de os Estados Unidos, Joe Biden, son resoluciones temporales, a problemas eternos. Gestos inmediatos, que van en favor de aliviar la incertidumbre de inmigración en el país americano. No obstante, ya pasado un mes, el presidente Biden presentó al Congreso, su Proyecto de Ley de Inmigración, el cual lleva como título la Ley de Ciudadanía Estadounidense 2021. Una propuesta muy diferente a lo que pudiera estar de acuerdo una gran parte del Partido Republicano o los simpatizantes de Trump, mas, no obstante, una integral, amplia y coherente, que busca sanear un sistema de inmigración compuesto por medidas arcaicas, contradictorias, complejas y poco funcionales, por algo acorde con el espíritu de una nación compuesta por inmigrantes.
Para mí, el detalle más evidente y responsable, lo es que, en el cuerpo del documento, se fija la eliminación de los códigos migratorios, como la palabra “alien” (extranjero), las cuales a partir de ahora serán citados como “non-citizens” (no ciudadanos). También los individuos y familias de diversidad sexual serán tratadas como iguales en todos los procesos migratorios, eliminando así la discriminación.
Entre los aspectos más valiosos de la reforma migratoria presentada, está la creación de un nuevo estatus legal, previo a la “residencia”, al cual se le refiere como Potencial Inmigrante Legal (LPI, por sus siglas en ingles). Este tendrá una duración de seis años y podrá renovarse. Está destinado a sacar a la luz, a los indocumentados, permitiéndoles, además, trabajar dignamente. Los que aprueben una verificación de antecedentes penales y de seguridad nacional, y paguen sus impuestos, podrán llenar la solicitud para obtener este estatus. Después de tener cinco años como LPI, las personas podrán solicitar su residencia. Y luego de tres años como residentes permanentes, podrán optar por la ciudadanía estadounidense.
En lo referente a los protegidos por el Estatus Temporal de Protección (TPS, por sus siglas en inglés), como los hondureños, haitianos, salvadoreños, nicaragüenses entre otros; o los apadrinados por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) conocido como los “dreamers”; o aquellos que sean trabajadores agrícolas indocumentados, podrán solicitar directamente la residencia permanente.
Las tristes escenas de separación serán corregidas con esta propuesta legislativa, que también favorece la unificación familiar. Se modificarán los procesos migratorios para que los menores no sean separados de sus familiares al ingresar a Estados Unidos y el núcleo familiar permanezca junto hasta que se resuelva su situación legal. Por igual, personas que fueron deportadas durante la administración del expresidente Donald Trump y que hayan vivido por lo menos tres años en Estados Unidos podrán regresar y reunirse con sus familias, aunque faltan detalles concretos de cómo implementar este plan. Finalmente, las personas que vivan en el extranjero y sean patrocinadas por un familiar legal, podrán esperar su residencia en el país en lo que llega su fecha de prioridad.
La propuesta va más allá del orden procesal. En la propuesta, se visualiza que Estados Unidos trabajará para evitar las causas de la migración de Centroamérica y buscará crear más empleos, combatir la corrupción y el crimen en los países de la región, de donde proceden gran parte de los inmigrantes que llegan a Estados Unidos.
Claro que hay enfoques específicos a la seguridad nacional, pero estos serán más prácticos y de menos controversia, a las libertades innatas del ser humano. No se aprobarán más contratos de muros o agentes fronterizos.
Reitero que es una propuesta ambiciosa y seria. Una que toca todos los puntos que se vienen discutiendo desde hace dos décadas. De seguro que organismos independientes abogarán porque el Congreso apruebe este proyecto de ley y otros que mejoren el sistema de inmigración. Ese usualmente es un proceso largo y agotador, lo cual posiblemente requiera de la eliminación de algunos componentes de la propuesta original. No obstante, con el control que los demócratas tienen sobre ambas Cámaras del Congreso, lo más seguro es que esto pueda regresar al escritorio para su firma, en los próximos seis meses.
Para los latinos que llamamos esta nación, casa, las medidas propuestas comprenden un cruce de viento fresco. El presidente Biden está redefiniendo las fronteras que hasta hace unos meses pensábamos que nos dividían. Eliminando posturas políticas fallidas y restaurando cortesías diplomáticas y revalorando antiguas alianzas. Ha regresado la tranquilidad al mundo diplomático. Los adultos y los oficiales de carrera están al frente de nuevo. Y los contornos de la acostumbrada geopolítica mundial, se encuentran nuevamente nivelados.
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