El vuelco se produjo con el fallo de Edson Fachin, uno de los 11 ministros (jueces) del STF, que anuló el lunes 8 las dos sentencias que imponían 26 años de cárcel al exgobernante (2003-2010) por corrupción pasiva y lavado de dinero, además de vetarle concurrir a cualquier elección.
Análisis de Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, 10 mar 2021 (IPS) – “Lula presidente”, es el grito desatado en diferentes sectores de Brasil por un dictamen del Supremo Tribunal Federal (STF), al anular las condenas penales contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, en lo que es también representa el ocaso de la lucha anticorrupción que marea a la Justicia en Brasil.
El vuelco se produjo con el fallo de Edson Fachin, uno de los 11 ministros (jueces) del STF, que anuló el lunes 8 las dos sentencias que imponían 26 años de cárcel al exgobernante (2003-2010) por corrupción pasiva y lavado de dinero, además de vetarle concurrir a cualquier elección.
El juzgado de Curitiba que inició el calvario de Lula no tenía la facultad para hacerlo. Caen por tierra las dos condenas y su confirmación por las instancias superiores, el tribunal de apelación y el nacional Superior Tribunal de Justicia, que aumentaron la pena de Lula y lo mantuvieron encarcelado por 19 meses, entre abril de 2018 y noviembre de 2019.
El dictamen de Fachin, que se da por hecho que ratificarían la plenaria del STF si se presentase un recurso, no significa su absolución. Los procesos que culminaron con las condenas y otros dos en trámite serán transferidos de Curitiba a un juzgado de Brasilia, donde el expresidente responde a otras acciones judiciales también relacionadas con la corrupción.
Pero es improbable que se produzca una eventual condena antes de las elecciones de octubre de 2022. Además se necesitaría la ratificación en segunda instancia para perder nuevamente los derechos electorales, de acuerdo a la Ley de Ficha Limpia que desde 2010 intenta apartar a los delincuentes de la política.
Lula renace así como el candidato natural de su izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) en las elecciones presidenciales del año próximo y un obstáculo al sueño de reelección del presidente Jair Bolsonaro, de extrema derecha y representante de los militares, que dominan su gabinete y otros altos cargos públicos.
Una encuesta del Instituto Inteligencia en Sondeos y Consultoría (IPEC) reconoció como favorito electoral a Lula, en caso de presentarse. Su potencial de votos, es decir de electores que seguramente o posiblemente votarían por él, es de 50 por ciento contra 44 que descartan esa posibilidad.
En el caso del presidente Jair Bolsonaro, un excapitán del Ejército, las cifras fueron 38 y 56 por ciento, respectivamente. Otros ocho posibles candidatos consiguieron índices de preferencia más bajos y de rechazo similares al del actual presidente.
La rehabilitación política de Lula representa una derrota para el juez Sergio Moro, que dictó la primera sentencia contra el expresidente, condenado por recibir como soborno un apartamento en la playa de Guarujá, cerca de São Paulo, ofrecido por una constructora interesada en obras del gobierno.
Moro fue el líder de la campaña anticorrupción iniciada en 2014, a partir de investigaciones de la operación Lava Jato (lavado de autos), del Ministerio Público (fiscalía), cuya principal fuerza operativa estaba en Curitiba, la capital del sureño estado de Paraná.
Pero el tribunal de primera instancia de Moro solo tenía la competencia para los casos de corrupción en negocios de Petrobras, la empresa estatal petrolera que multiplicó sus inversiones durante el gobierno de Lula y de su sucesora, Dilma Rousseff, también del PT (2011-2016).
En los procesos contra Lula no quedó comprobado que el supuesto soborno se vinculase con la desviación de recursos de Petrobras, reconoció Fachin, al juzgar un pedido de habeas corpus de la defensa del expresidente, con base en la incompetencia del juzgado de Curitiba para el caso.
La decisión sorprendió el mundo jurídico y político, porque los abogados y muchos juristas cuestionaban la falla procesal ya desde 2016, sin que fuese atendida, incluso en el máximo tribunal del país. ¿Por qué el juez encargado de los procesos de la Lava Jato en el STF la admitió solo ahora, tras la sentencia en tres instancias en contra de Lula?
La respuesta común es que Fachin, integrante de una de las dos secciones del STF y uno de los 11 jueces que más apoyaron la Lava Jato, intentó salvar la operación. Sacrificar su principal hazaña, la de condenar el expresidente, sería un forma de obstaculizar la ofensiva que une distintas fuerzas políticas interesadas en acabar las investigaciones contra sus líderes.
Pero si esa era la intención de Fachin, la maniobra le salió al revés.
Desató de inmediato actuaciones que pueden ser el tiro de gracia contra la Lava Jato, ya en corrosión desde 2019, el primer año del gobierno de Bolsonaro, cuando este abandonó la bandera electoral de la anticorrupción y empezó a desarmar las agencias estatales responsables del área.
Fachin pretendía, por ejemplo, invalidar otro habeas corpus requerido por Lula en 2018, basado en la supuesta parcialidad de Moro. Perdió su razón al anularse las condenas a Lula, arguyó.
Pero la otra de las dos secciones del STF, encargada del caso, rechazó la pretensión de Fachin y decidió el martes 9 reanudar el debate iniciado a fines de 2018. Dos de los cinco miembros señalaron a Moro como parcial, al no limitarse al papel de juez y actuar también como investigador y acusador, mientras falta el pronunciamiento decisivo de un quinto.
Los diálogos de Moro con los fiscales durante todo el proceso, reveladas desde junio de 2019 por el periódico digital The Intercept Brasil y publicadas en otros diarios y medios internacionales de gran audiencia, comprueban la colusión y la intención política de proscribir a Lula.
Gilmar Mendes, el ponente y juez más tajante, enumeró siete irregularidades y abusos cometidos para comprobar la parcialidad de Moro, como escuchas ilegales en los teléfonos de los abogados de Lula, una “conducción coercitiva” (detención temporal) para interrogarlo y la manipulación de la prensa para conquistar apoyo a sus acciones.
Una prueba final sería la adhesión de Moro al gobierno de Bolsonaro, en el que fue el “superministro” de Justicia durante 16 meses.
“¿Qué país democrático aceptaría como ministro de Justicia al exjuez que apartó de la disputa electoral al principal adversario del presidente electo?”, cuestionó Mendes.
Moro estuvo menos de 16 meses en el cargo. Renunció el 24 de abril de 2020, al rechazar la injerencia del presidente en la Policía Federal, una agencia de su exministerio.
La renuncia forzada del símbolo de la anticorrupción refleja la demolición gradual de la operación Lava Jato impulsada por Bolsonaro, que se evidencia también en el nombramiento de personas de su confianza para dirigir el Ministerio Público, la Policía Federal y otras agencias de Estado que deberían ser independientes y elegir sus propios conductores.
Mendes, en el STF desde 2002, calificó como “el mayor escándalo judicial de nuestra historia” la forma como actuó la operación Lava Jato en Curitiba, conducida por Moro.
Sería un síntoma del deterioro del sistema judicial que, en su opinión, es autoritario y necesita una “profunda reforma de la Justicia criminal” para evitar la instalación de “un sistema totalitario”.
Su voto fue a favor de la anulación de todo el proceso, incluso las pruebas recogidas. Para juzgar Lula por el apartamento que sería soborno, pero que de hecho nunca perteneció o fue usado por el expresidente, habría que empezar otro caso desde cero.
El proceso quedó suspendido cuando había dos votos que descalifican a Moro y dos que avalaban su imparcialidad. El quinto miembro de la sección, Kassio Nunes Marques, pidió un tiempo más para estudiar el proceso, ya que se incorporó al STF hace solo cuatro meses.
Se estima que votará contra Moro y, además, otra jueza que antes votó a favor de Moro en 2018 anunció ahora que proyecta modificar su voto.
La tendencia apunta así al triunfo de Lula tras cinco años de batalla en que siempre alegó su inocencia, aunque varias denuncias, incluso de su exministro de Hacienda, Antonio Palocci, y hechos comprobados de corrupción mancharon su gobierno.
En 2018, su condena por Moro y el tribunal de apelación, el Tribunal Regional Federal, impidieron su candidatura. Los militares presionaron al STF para no liberarlo por un habeas corpus, ya que el PT pensaba que su máximo líder sustituyera a su candidato, Fernando Haddad, a quien Bolsonaro derrotó.
En el plano electoral, Lula se beneficia del legado de su gobierno que redujo la pobreza y la desigualdad, con crecimiento económico y participación popular. Las acusaciones de corrupción se entibian como factor de rechazo, ante los desastres de Bolsonaro en la gestión de la pandemia de covid-19 y de sus impactos socioeconómico, así como por sus ataques a la democracia.
Este artículo fue publicado originalmente por ipsnoticias.net
