La nevera de la madre de la Reina Isabel II cumplió ya sesenta y siete años y sigue en uso, pero a partir de que las empresas Philips y General Electric, entre otras grandes fábricas, acordaran que las bombillas eléctricas no debían durar más de mil horas, la obsolescencia programada se convirtió en tendencia imparable en el mercado de los electrodomésticos domésticos.
La economía circular constituye un llamado a reflexionar sobre la forma de producir y de consumir, presentando el derecho a reparar, a reciclar y a reutilizar como su norte. Esta nueva economía está motivada en poner fin, a prácticas de las industrias que buscan acelerar el uso de sus productos como medio de inducir al consumidor a consumir más y en menor tiempo; sin embargo, los daños al medioambiente que ello ocasiona está invitando a muchos a repensar esta forma de producir y de consumir en razón del cambio climático y del carácter limitado de los recursos del planeta. Como al hecho de que ahora, una forma práctica de crear empleos, es reparando y reciclando productos desechados por la obsolescencia programada. Lo basureros, los vertederos están, paso a paso, convirtiéndose en las nuevas minas productivas amigables con el medioambiente.
Francia es el primer país en aprobar una ley que penaliza la obsolescencia programada, pero ahora en 2021, una normativa de la Unión Europea obliga a sus países miembros, a tomar medidas en el sentido de prohibir esta práctica industrial y comercial, más aún: se establecen penalidades basadas en el denominado principio precautorio tomado de la legislación ambiental y de la legislación de consumo. Frente a este fenómeno aparecen unidos tanto el derecho ambiental como el derecho de consumo. Ocasionando una recomposición jurídica muy interesante en dos derechos de rango constitucional de tercera generación que aspiran a resolver problemas acuciantes de la sociedad actual, en la que el consumo desenfrenado, se ha convertido en lo que Jean Boudrillard ha llamado: El mundo de los objetos.
La nevera de la madre de la Reina Isabel II cumplió ya sesenta y siete años y sigue en uso, pero a partir de que las empresas Philips y General Electric, entre otras grandes fábricas, acordaran que las bombillas eléctricas no debían durar más de mil horas, la obsolescencia programada se convirtió en tendencia imparable en el mercado de los electrodomésticos domésticos. Un libro de Harvard llama a esto un proceso de “Hecho para romperse”; de su lado, la fast fashion o moda rápida, crea una tendencia en donde la moda pasa rápido y con nuevas tendencias, todo se bota antes de la primera lavada o, a más tardar, luego de un puñado de usos y lavadas. Los grandes almacenes mantienen altos niveles de venta creando necesidades artificiales de consumo en sus clientes. Por esto, Francia ha fijado en 300 mil euros, la multa y dos años de prisión, de entrada, a quienes incurran en obsolescencia programada. Italia ve en esta conducta, publicidad engañosa, en ese sentido ha multado a Apple y a Samsung por aplicar prácticas comerciales deshonestas.
A la vez, gana terreno en Europa, la empresa Back Market, la cual, se especializa, en alargar la vida de productos electrónicos de Segunda Mano. Al mismo tiempo, marcas como LG están ofertando ya electrodomésticos con garantía de veinte (20) años; las lámparas Dyson aseguran que duran sesenta años. Es decir, el movimiento consumerista junto al movimiento ecologista está ganando terreno en Europa al influir sobre la industria hasta conseguir que estos produzcan artículos de larga duración y fáciles de reparar y con instrucciones sobre el cómo realizar la reparación. Es indudable que la República Dominicana debe y puede entrar a este escenario de transformación de la economía hacia la Economía Circular con tal de combatir el cambio climático, pero, sobre todo, con el objeto de generar un capitalismo amigable con el medioambiente y respetuoso del consumidor.
A manera de ejemplo, se puede observar que las cadenas comerciales dominicanas vienen realizando ingentes esfuerzos por educar al consumidor en el uso de empaques o fundas plásticas más de una vez, pero la industria sigue sin un plan definido. La obsolescencia programada es definida como: una práctica ilegal utilizada por algunas compañías para precipitar la inutilidad de sus productos y forzar a los consumidores a adquirir otros nuevos. Es decir, los fabricantes crean productos que van a romperse o volverse inservibles al paso de un tiempo, con la intención de que el consumidor compre la próxima versión. En el mundo de los móviles es donde esta práctica está generando mayor cantidad de desperdicios, por eso la ley francesa y ahora la europea, está insistiendo en la necesidad de que se establezca el derecho a reparar. Esto es, que los productos electrónicos traigan información al consumidor sobre el cómo repararlos cuando sufran avería y roturas, pero, además, que hayan repuestos y lugares donde repararlos, información que debe contar de forma obligatoria, en el etiquetado.
La Ley 358-05 de la República Dominicana emplea un lenguaje jurídico impreciso sobre el tema que nos ocupa, contiene en varios de sus artículos, la noción de obsolescencia programada aunque no la define. Debe resaltarse que unas legislaciones ven en la obsolescencia programada una práctica desleal con lo que ponen dicha práctica en el ámbito del derecho de competencia (Italia); otros ven en un delito ambiental (Francia); España lucha desde la bancada verde por convertir la obsolescencia programada en un delito ambiental y la Unión Europea, en su conjunto, observa un problema de consumo y ambiental a la vez. Otros países entienden que el etiquetado debe contener información sobre el derecho a reparar y los puntos específicos donde pueden obtenerse repuestos, Europa se encamina a lograr un acuerdo general al respecto, Suramérica (Argentina y Chile) trabajan en ello.
En el caso dominicano, la ley citada coloca este ilícito dentro del ámbito del derecho de consumo en lo referido información, a garantía, reparación, duración. Esto puede observarse en el contenido de su artículo 33, pero también el 63, 66, 67, 69, 70 y siguientes.
En el plano global, Consumers International, se decanta por un etiquetado informativo sobre los lugares donde pueden repararse estos artículos y que, incluso, el consumidor mismo pueda repararlos junto a medidas que alarguen la vida útiles de todos los productos en general y los electrónicos en particular. Más aun, CI promueve alianzas estratégicas con los ambientalistas que luchan por salvar al planeta de basura electrónica y de los productos de un solo uso. DLH-14-3-2021