En el caso del Defensor del Pueblo ha habido empecinamiento en designar a un dirigente político, como parte de un acuerdo electoral aunque la ley, que regula el órgano constitucional dispone en su artículo 11 que no puede pertenecer a partido político.
El presidente Luis Abinader debe colocar en el escritorio oficial y en su mesita de noche un texto (ayuda-memoria), que le recuerde que el incumplimiento peledeista fue fundamental para que los dominicanos pusieran fin a la era morada.
El político se promovió como contraste de los desatinos de la administración Medina y los ciudadanos le encomendaron la labor correctiva mediante el voto.
Y Abinader inició bien, con las señales adecuadas al nombrar a una Procuradora independiente, la vigilante de la ética presidencial adecuada y un antiguo representante de Transparencia Internacional para cerrar los atajos fraudulentos a las compras y contrataciones gubernamentales.
A contrapelo de los consejos de los representantes de la “vieja política” en el oficial Partido Revolucionario Moderno, el mandatario asumió caminos espinosos para distanciarse de las administraciones anteriores y abrió trechos, con el aplauso nacional, de regresos imposibles o al menos de los que dejan serias laceraciones.
“Quiso ir al baño con las puertas abiertas”, advirtió socarrón el comentarista, abogado y dirigente del PLD, Julián Roa, quien suele chotear las decisiones oficiales anunciadas como transformadoras.
La tarea trascendente de gobernar implica riesgos y rupturas y en estos tiempos, siglo 21, ya leído y releído “El fin del poder”, del profesor Naím el absurdo sería mantenerse ciegamente atado o bajo órdenes absolutas de los tradicionales poderes fácticos.
Sí, es de puertas abiertas el ejercicio del poder y sin las triquiñuelas de los viejos manuales del sigo pasado, en los que la mentira era una “genialidad política”.
En el caso del Defensor del Pueblo ha habido empecinamiento en designar a un dirigente político, como parte de un acuerdo electoral aunque la ley, que regula el órgano constitucional dispone en su artículo 11 que no puede pertenecer a partido político.
Fidel Santana, expresidente del Frente Amplio fue aceptado por la comisión evaluadora de los diputados, de mayoría perremeista. También el abogado Henry Merán, dirigente de la Fuerza del Pueblo, partido que validó la violación de la norma.
La comisión dividió en cuatro categorías la evaluación, asignando puntajes a cada una. Conocimiento de la Ley 19-01 (30), experiencia (20), nivel académico (20) y una entrevista (30).
En el nivel académico se consignaron 5 puntos por cada ámbito formativo: licenciatura, maestría, postgrado y doctorado. Solo Pablo Ulloa tenía nivel de doctorado, e incluso varios carecían de otros niveles de especialización y recibieron puntuaciones por encima de 15, lo que evidencia una ayudita.
Las puntuaciones finales fueron Ulloa, 97.44; Merán 95.94; Martínez Portorreal, 89.17; Fidel Santana, 88.37; Elizabeth del Rosario 87.63 y Ana Martich 87.60.
El colmo es que la comisión aprobó un sexteto, excluyendo a Ulloa, de más alto puntaje y le colocaron en la lista de “adjuntos”. El pleno, escogerá 3 de los 6 (las más altas notas, lógicamente) para enviar la terna al Senado. Sacaron al puntero y subieron Santana. Para más inri, vertieron el rumor perverso de que Ulloa había “preferido” ser adjunto. ¡Timbales!
Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, al ver el escándalo originado por la chapuza descalificó los datos extraoficiales y dijo que faltaban unos “toquecitos” para presentar las lista.
Se espera que la comisión haga hoy la corrección. Comisionados como el diputado del Frente Amplio han advertido un posible informe disidente.
Un extravío absoluto por obstinación.
Imposible que un Defensor del Pueblo fruto de un acuerdo electoral cumpla con sus funciones constitucionales de salvaguardar los derechos fundamentales “en caso de que sean violentados por funcionarios u órganos del Estado…”
Tiempo de rectificar y recordar que el presidente, como líder de la nación no tiene posiciones personales.
