Participación Ciudadana insta al Estado dominicano a revisar a mayor profundidad todas las irregularidades y violaciones actuales a la Ley de Regulación Salarial, ya que esto vulnera el derecho de los trabajadores de tener sueldos dignos y de calidad
Participación Ciudadana presentó una investigación que muestra que un 46% de empleados públicos registrados a través del Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) perciben sueldos inferiores a la canasta básica estimada por el Banco Central de la República Dominicana estimada en el mes de octubre del 2019 (RD$ 31,379.83), con un salario medio de RD$ 20,000.00, un equivalente a 36% inferior a la canasta básica.
Aproximadamente un 3% de los empleados públicos registrados en el SASP tienen sueldos inferiores al sueldo mínimo aprobado por el poder ejecutivo para el sector público en febrero del 2019 (RD$ 10,000.00), con un salario medio de RD$ 5,600.00, un 44% menos del salario mínimo del sector público indica la investigación sobre el cumplimiento de la Ley General de Salarios
En las proporciones salariales por sexo, las diferencias en el número de hombres que ganan sueldos superiores a RD$ 200,000.00 superan en promedio un 16% el número de mujeres que perciben estos salarios.
El estudio sobre Los avances en el cumplimiento de la Ley General de Salarios del Estado Dominicano fue realizado por Participación Ciudadana y tuvo como fecha de corte octubre del año 2019.
La institución insta al Estado dominicano a revisar a mayor profundidad todas las irregularidades y violaciones actuales a la Ley de Regulación Salarial, ya que esto vulnera el derecho de los trabajadores de tener sueldos dignos y de calidad, y a iniciar la reestructuración de los salarios en la Administración Pública Dominicana con la elaboración de los reglamentos de aplicación de la Ley 105-13.
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La actividad de presentación de los resultados de la investigación tuvo como panelistas al sociólogo Cándido Mercedes; Indiana Tamarez, psicóloga organizacional y directora de Agrhupa, así como al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (USAD) el Doctor Alexi Martínez Olivo.
Leidy Blanco García, coordinadora general de Participación Ciudadana, explicó en sus palabras de bienvenida que la investigación sobre “Los avances en el cumplimiento de la Ley General de Salarios del Estado Dominicano” tiene como como objetivo dar a conocer cuáles han sido los avances experimentados en el salario público derivados de la aplicación de la Ley de Función Pública No. 41-08 y de la Ley 105-13 de Regulación Salarial del Estado Dominicano y, consecuentemente, de la política salarial que esto implica, con la finalidad de determinar si los salarios de los empleados y funcionarios públicos en República Dominicana cumplen con las normativas aplicables.
“Nuestra organización sigue comprometida a impulsar iniciativas de este tipo, a fin de contribuir al fortalecimiento de la administración pública”, precisó Blanco García.
Durante el encuentro, el sociólogo Cándido Mercedes, resaltó que un total de 81 funcionarios violan la regulación salarial, en su artículo 5, numeral 6, ya que reciben ingresos superiores a los más altos titulares de los poderes del Estado.
“El 38.2% labora en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. El 30.9% en La Procuraduría General de la República y el 13.6% en el Ministerio de Educación. En el portal de Transparencia aparecen ganando algunos solo RD$300,000, pero en el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP), aparecen con RD$600,000”, sostuvo Mercedes.
Indiana Tamarez, psicóloga organizacional, señaló que los recursos humanos deben ser planificados para poder satisfacer las necesidades de las organizaciones.
“La ley de salarios tiene algunas falacias. No tenemos estadísticas confiables en el sector laboral y mucho menos en el sector gubernamental”, destacó Tamarez.
El Doctor Alexi Martínez Olivo, recalcó la importancia y el aporte de esta investigación, y subrayó, además que la a sociedad civil debe empoderase más en materia salarial para que el Ministerio Público garantice la competitividad.
