Sector privado se une a huelga convocada por Iglesia Católica en Haití

En el primer trimestre del año al menos 157 personas fueron secuestradas, entre ellos cinco menores de edad y siete religiosos

Puerto Príncipe, 15 abr (Prensa Latina) Escuelas, universidades, negocios privados, entre otros servicios de Haití, amanecieron hoy cerrados, en protesta contra la inseguridad y por solidaridad con los siete religiosos secuestrados a inicios de semana.

La huelga fue convocada por la Iglesia católica, que alentó a sus centros educativos a permanecer inactivos este jueves para reclamar al Gobierno que restablezca el clima de paz en el país.

Al llamado se unió el sector privado, que criticó en un comunicado los recientes hechos delictivos, en particular las masacres en barrios populares, asesinatos, ataques armados y secuestros e miembros de la sociedad civil.

’Está claro que a pesar de los repetidos llamamientos para el restablecimiento del Estado de derecho y la protección de la vida humana, las autoridades parecen incapaces de garantizar estos derechos fundamentales a la seguridad y la vida', manifestó el gremio.

El domingo pasado siete religiosos, entre ellos dos de nacionalidad francesa, así como tres familiares fueron secuestrados presuntamente por la banda 400 Mawozo en Croix des Bouquets, a unos 10 kilómetros de esta capital.

El caso llevó a la Fiscalía de Paris a abrir una investigación, mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia anunció que activó su unidad de crisis, aunque no ofreció otros detalles 'por razones de eficiencia y seguridad'.

La víspera el presidente Jovenel Moïse reconoció la ineficiencia del Gobierno para combatir el fenómeno.

’El secuestro de sacerdotes católicos y otros religiosos constituye una prueba tangible de que las respuestas del Gobierno, así como las de la Consejo Superior de la Policía Nacional, al persistente problema de la inseguridad han resultado ineficaces', admitió un comunicado oficial.

En el primer trimestre del año al menos 157 personas fueron secuestradas, de ellas cinco menores de edad, una cifra que casi duplicada a la registrada en igual periodo de 2020, según un estudio del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos.

A inicios de marzo el Gobierno anunció medidas para combatir el flagelo, como la prohibición de circulación con cristales polarizados, identificación de tarjetas telefónicas, control de importaciones, entre otras, aunque aún sin grandes resultados, apuntan expertos.