El Estado dominicano está en la obligación de asegurar que las personas con discapacidad disfruten y gocen de capacidad jurídica, en igualdad de condiciones con las demás personas en todos los aspectos de la vida; garantizar que las medidas relativas al ejercicio de esta capacidad proporcionen salvaguardas apropiadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad a lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de todas formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad y la Declaración del Decenio de las Américas.
Por igual, nuestra Constitución y cualquier otra normativa correlativa de carácter nacional o internacional adoptada por el país protegen los derechos y la dignidad de los ciudadanos que padecen esas condiciones.
Este principio figura en el artículo 15 de la Ley General sobre la Discapacidad en la República Dominicana, publicada en el 2008, respecto a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
El artículo 3 de esa ley tiene por objeto amparar y garantizar la igualdad y la equiparación de oportunidades a todas las personas con discapacidad funcional, física, psíquica y/o sensorial.
El Artículo 4 manda que las disposiciones de esta normativa son de orden público, de interés social y de observancia general, mientras el artículo 8 consagra que es un deber del Estado verificar que los programas de rehabilitación funcional comprendan garanticen el proveimiento de los aditamentos y ayudas técnicas necesarias; servicios de rehabilitación, servicios a las personas con discapacidad mental y una progresiva orientación familiar.
El asunto es que no se está cumpliendo con esas regulaciones, sobre todo en algunos establecimientos comerciales.
Cito el contenido de esta ley porque, por lo visto y comprobado, he observado que existen fallas en su aplicación.
Tengo problema de discapacidad físico-motora en la pierna y la mano izquierda fruto de un derrame cerebral acontecido en el año 2014 mientras me encontraba sentado en mi oficina del Plan de Asistencia Social de la Presidencia en mi condición de Director de Comunicaciones y Relaciones Públicas de esa institución.
A partir de ese suceso, me mantengo haciendo ejercicios y terapias de recuperación, en tanto que mi capacidad laboral en términos físicos está limitada. Para caminar, me auxilio de un bastón.
En esas condiciones de salud acostumbro, junto a mi familia, visitar los supermercados y otras plazas comerciales y en esos lugares he sufrido decepciones por el trato discriminatorio dispensado a los discapacitados.
Resulta que en esos sitios hay parqueos señalizados para el uso de los discapacitados y las embarazadas, pero son usados por individuos que gozan de buena salud, hombres y mujeres.
Se supone que debe haber un protocolo para hacer cumplir esa regla jurídica. Y no sucede así. Al principio, unos empleados de la zona de seguridad se encargaban de evitar que los parqueos sean ocupados por personas no discapacitadas. Poco después, han incumplido esa tarea.
Particularmente, he llamado la atención al cuerpo de seguridad de los supermercados sobre ciudadanos de buena salud ocupando esos parqueos. La insólita e irresponsable respuesta ha sido la siguiente: “Con la gente, no hay quien pueda; les hemos hecho la advertencia y lo siguen haciendo”. ¡Qué decepción!
También he observado que algunos miembros de la seguridad son cómplices de esas anomalías. Ellos quitan los conos rojos colocados en las áreas de discapacitados para permitir el estacionamiento a particulares y no se aseguran si en realidad esos clientes tienen discapacidad. Es una forma de buscarse los pesos, pues los clientes terminan dándoles, de manera discreta, propinas al abandonar el lugar. Lo he comprobado.
En ocasiones (y es lo más burlón y deprimente) hay mujeres que se hacen pasar por embarazadas para justificar la ocupación de esos parqueos. Pienso que un problema generalizado de conciencia y también de la inoperancia del régimen de consecuencias.
Los gerentes de esos negocios son responsables de hacer cumplir esa ley y no lo hacen. En varias ocasiones, algunas personas nos hemos quejado de esa situación a través del buzón de sugerencias que instalan a la entrada de esos establecimientos, por lo que se supone que están enterados de esa jodida práctica. La idea no prospera, pues el desorden continúa. Tal vez no actúan por temor a perder a la imprudente clientela. Esa es una conclusión razonable y posible.
Otra violación se da con los ascensores y los baños. En el país he visto pocos elevadores exclusivos para discapacitados y los existentes son usados por sujetos sin complicaciones de discapacidad.
Igual comportamiento se da con los baños, pues permanecen abiertos a todo el público, sin distinción, cuando lo ideal es que estén cerrados y abrirlos cuando lo requieran las personas con discapacidad.
Se supone, además, que, en las aceras de los edificios públicos o privados, los apartamentos, debe haber una rampa para el acceso de los discapacitados, especialmente aquellos que usan muletas y sillas de ruedas. Pocos cumplen ese mandato.
Según la Organización Mundial de la Salud, para el 2050, el 15 por ciento de la población tendrá una discapacidad y el 20 será adulto mayor. La accesibilidad es un elemento inherente para la participación social de este colectivo que conforma la tercera parte de la población mundial.
Los expertos en estos asuntos sugieren un plan para mejorar la accesibilidad de forma gradual en el entorno existente, tomando en cuenta cuáles son las prioridades de intervención, las actuaciones necesarias para adaptarlo, cuáles deben ser las etapas y destinar partidas presupuestarias para estos fines.
También se hace necesario un plan municipal de accesibilidad que evalúe los siguientes ámbitos: Espacios de uso público, como son calles, plazas, parques, etc; edificios públicos, como equipamientos culturales, administrativos y docentes; elementos de una cadena de transportes, desde las paradas y estaciones hasta el material móvil.
Esos especialistas afirman que, para muchas de las personas con discapacidad, la situación actual de encierro no se enmarca en el contexto de la pandemia del coronavirus, sino que en determinados casos es una forma permanente de vida, debido a los bajos niveles de accesibilidad de nuestras ciudades.
El presidente de la República, Luis Abinader, presentó hace poco el proyecto "Familia Feliz", en donde informó la inclusión de directrices para garantizar un porcentaje de unidades para personas con discapacidad física.
Dijo que el 50 % de todos los primeros niveles será accesible y en casos de viviendas unifamiliares y tipo dúplex 5 unidades por cada 50. Donde también incluyen características de accesibilidad para la ubicación de los apartamentos, los recorridos, las puertas y los baños. Genial iniciativa gubernamental.
El gran reto está ahora en fiscalizar y garantizar que los desarrolladores respeten y apliquen los criterios de accesibilidad correctamente para que esto sea una realidad. Que las personas con discapacidad, por primera vez, puedan tener acceso a viviendas dignas y que mejoren sus condiciones de salud y calidad de vida.
