La circunstancia de que la nueva JCE haya decidido hacer causa común con el Poder Ejecutivo puede desatar todos los demonios.
Los pocos medios de acción efectiva de que disponen los ciudadanos frente a la fuerte estructuración de los políticos en el poder o con poder económico producto de su paso por el poder, que actúan juntos o separadamente a la partidocracia y a los grupos de poder económico que pululan haciendo negocios con el Estado, por intermedio de una fuerte opacidad o, mejor dicho, discrecionalidad, es lo que permite que la corrupción sea reina y señora de la vida democrática de los estados en vía de transformación como es el caso de la República Dominicana.
Si se observa, las sumas que la Junta Central Electoral (JCE) entrega a los partidos políticos, se podrá comprender mejor lo que decimos; sin embargo, existen resquicios que permiten anidar contradicciones entre la partidocracia, por ejemplo, la negativa de la JCE a repartir con equidad los recursos destinados a la partidocracia es en sí misma una distorsión puede generar contradicciones intra sistémicas que permiten a la población darse cuenta cómo opera la corrupción administrativa en la débil democracia dominicana.
No porque el financiamiento a partidos sea corrupción sino porque delata mecanismos de distribución de recursos inequitativos que constituyen el mecanismo habitual. Por tanto, es un acierto del Presidente Luis Abinader negar recursos a los partidos, pues esto le permite, cuando menos, negociar cierto respiro para su gobierno; mientras va tomado decisiones importantes. Pero esto deja sin participación y sin medios a los ciudadanos, quienes requieren adquirir la capacidad de enfrentar la corrupción estructurada.
La circunstancia de que la nueva JCE haya decidido hacer causa común con el Poder Ejecutivo puede desatar todos los demonios, pero, al final, el país saldrá ganando porque la campaña anticorrupción que viene librando la Procuraduría anti corrupción sigue ganando adeptos.
Además, si como ha anunciado la embajada de Estados Unidos, financiará programas contra la corrupción como la ley de extinción de dominio y para la modernización de la Policía Nacional, es obvio que dicha embajada respalda la lucha contra la corrupción; por tanto, con la misma vehemencia con que en ocasiones se critica la actitud anti nacional de ese país, se debe celebrar el que haya decidido hacer causa común con los mejores dominicanos, con los que desean una democracia sana, funcional y con reglas jurídicas precisas o, mejor dicho, con seguridad jurídica. La corrupción es el crimen ancestral en la república.
El gobierno de Luis Abinader debe enterarse de que, si real y efectivamente desea combatir la corrupción, debe dotar de recursos a la sociedad civil, particularmente, al movimiento consumerista nacional, pues ese sector, es su mejor aliado tanto en la lucha contra la corrupción como en la contención de movimientos de la oposición con miras a crear desordenes con el propósito de detener la lucha anti corrupción. Así, el Consejo Económico y Social (CES), debe ser empleado para fomentar la acción comunitaria de la sociedad civil y no como se está haciendo ahora que se está empleando como instrumento de control social de la sociedad civil. Es lamentable que el poder judicial ante un petitorio de inclusión en el caso del pacto eléctrico haya optado por hacerse el sueco.
Una sociedad civil empoderada, pero sobre todo, dotada de los recursos pertinentes, es lo que a la larga permitirá a la nación acabar con el flagelo de la corrupción, pues la Procuraduría no puede sola. Los jueces están interesados solo en ascender y para eso entienden que deben resultarles simpáticos a corruptos y a corruptores. Y, como se ha señalado, grupos estructurados y con poder económico enorme producto de los robos al erario, pueden hacer la diferencia ante una procuraduría y una sociedad civil famélicas. Incluso, el gobierno debe ponderar el rol de las redes sociales, de la prensa digital, pues son los medios dinámicos de la realidad actual. Sin estos instrumentos, ni el gobierno ni la sociedad podrán ser exitosos en el combate a la corrupción.
Los regímenes totalitarios funcionan absorbiendo a la sociedad civil, luego de lo cual, resultan omni presentes; en cambio, las sociedades abiertas, requieren lo inverso: empoderar a la sociedad civil. Insumos sobre los hallazgos encontrados en cada cartera deben ser puestos a disposición de los mass media. Esto así porque la Dirección de Contrataciones públicas no puede con la cantidad de informes que le llegan más la vigilancia de los actuales inquilinos de los bienes públicos.
Es por eso que, en adición, el Estado debe hacer cuanto esté a su alcance, para poner en operación los tribunales administrativos de primera instancia. Estos permitirían a la sociedad civil organizada como a cada ciudadano en particular, llevar institucionalmente, su propia lucha anti corrupción, lo cual sería una válvula de escape para el gobierno: sería una gobernanza inducida. Es decir, un excelente medio para que el ciudadano empoderado persiga su propio bienestar impidiendo o bien enfrentando por vía institucional, el flagelo de la corrupción.
Si partimos de la afirmación de que la cultura de la impunidad política parte de la existencia de una estructura mafiosa consolidada o, como la llamó Michel Foucault, de una cultura de ilegalismos de derecho entonces el remedio es el empoderamiento de la sociedad civil.
Si el gobierno no es capaz de entender esto, ni de actuar en consecuencia, el lobbismo del poder mafioso estructurado terminará por imponerse, lo que equivale a decir que el proyecto presidencial habrá fracasado y el anhelo de justicia del pueblo también. Dejar la lucha por transparencia, seguridad jurídica y lucha contra la corrupción como un tema de fiscales independientes, de la Comisión de ética o, a lo sumo, como un sueño presidencial, puede ser contra producente. DLH-3-5-2021
