Han incorporadas al proceso unas 650 pruebas documentales y 21 testimoniales contra todos los imputados incluyendo contratos de asesoría de Ángel Rondón Rijo a la constructora brasileña
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) incorporó este lunes nuevas pruebas documentales contra el imputado Ángel Rondón Rijo durante la continuación del juicio del Caso Odebrecht en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
En esta etapa del proceso, los fiscales de la Pepca incorporan las pruebas individuales contra cada uno de los imputados por recibir y distribuir sobornos de la empresa brasileña.
“Tenemos aproximadamente 650 pruebas incorporadas, pruebas documentales, y más de 21 pruebas testimoniales de testigos que han depuesto por parte del Ministerio Público”, dijo la fiscal Mirna Ortiz al responder preguntas de los periodistas sobre el avance del proceso.
A más de una hora de haber iniciado la audiencia de este lunes, las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, dispusieron la continuación del juicio para este martes 4 de abril, a partir de las 9:00 de la mañana.
Ortiz, coordinadora de Litigación de la Pepca y quien forma parte del equipo de fiscales litigantes en el juicio de fondo del Caso Odebrecht, explicó que en la jornada de hoy fueron incorporadas cuatro pruebas por lectura.
Dijo que el tribunal suspendió el juicio para hacer una búsqueda de las evidencias que se van a incorporar por lectura, “para que el despacho judicial pueda tener a mano todas las pruebas que ya las partes han acordado que se incorporarán por lectura, a fin de tenerlas disponibles para que la secretaria pueda continuar con el proceso de lectura”.
Las pruebas testimoniales, de manera individual, son presentadas contra los imputados Ángel Rondón Rijo, principal acusado del caso; Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón y Roberto Rodríguez Hernández, quienes son procesados por los US$92 millones que distribuyó Odebrecht en República Dominicana para lograr contratos de obras gubernamentales.
Desde el pasado 8 de enero el órgano persecutor de la corrupción administrativa viene demostrando la acusación de enriquecimiento ilícito, falsedad en las declaraciones juradas de bienes y lavado de activos producto de infracciones graves, con la incorporación cada vez de más pruebas contra los encartados.
El Ministerio Público resaltó la contundencia de las evidencias y dijo que con su incorporación seguirá demostrando que violaron el Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos y la Ley 448-06, sobre Soborno.
