La autonomía financiera y de acción judicial a un organismo como la Procuraduría otorgaría a esta institución libertad operativa sin manipulación externa.
Aun cuando la Procuraduría General de la República (PGR) y sus distintas dependencias realizan una labor de forma independiente, como ha sido el deseo del presidente Luis Abinader y la sociedad civil, lo cierto es que la situación financiera del Ministerio Público(MP) revela que este sigue siendo una dependencia directa del Poder Ejecutivo.
Mientras el Gobierno Central sea el principal suplidor de los recursos económicos que requiere el Ministerio Público, a través de la partida presupuestaria para su desempeño económico, es lógico entender que éste podría influenciar directa o indirectamente sobre las decisiones o acciones judiciales que se debería tomar en un momento determinado.
En octubre del año pasado, la Procuraduría General de la República informó que la asignación en el Presupuesto para el 2021 de RD$7,005.6 millones no era suficiente para garantizar la persecución efectiva del crimen y la consolidación de la reforma penitenciaria desde el enfoque establecido en los planes institucionales.
La autonomía financiera y de acción judicial a un organismo como la Procuraduría otorgaría a esta institución libertad operativa sin manipulación externa, como debería ser, libre de la influencia de sectores políticos y económicos interesados.
Los procesos de saneamiento de la administración pública que llevan a cabo la PGR y la Pepca, están dando sus frutos, tras el apresamiento de varios exfuncionarios y miembros retirados y activos de las Fuerzas Armadas, que se asociaron para delinquir en perjuicio de las arcas del Estado.
La magistrada Miriam Germán Brito, Procuradora General de la República, reveló recientemente dos situaciones muy preocupantes para el desarrollo vital de los procesos judiciales anticorrupción que lleva a cabo esa institución.
Fue muy preocupante escuchar a la magistrada Germán decir que la Procuraduría opera actualmente con un déficit de $56 millones pesos mensual, justo cuando sus acciones anticorrupción han revelado escándalos de desfalco monstruosos en la que se encuentran involucrados familiares, exfuncionarios y militares muy cercanos del expresidente Danilo Medina.
El déficit ha acumulado una millonaria deuda con los comedores económicos, que suplen la comida para los reclusos a nivel nacional.
Los ingresos percibidos por concepto servicios administrativos (multas y certificaciones oficiales, entre otros servicios), no son suficientes para costear los compromisos contraídos.
Con más de 400 casos judiciales pendientes para ser investigados, es inconcebible que el Ministerio Público se vea en la necesidad de suspender esos casos, por falta de fondos para cubrir los gastos que ello genera.
Además, el número de fiscales con que cuenta la PGR y el Pepcapara atender la diversidad de demandas que se producen a nivel nacional, no son suficientes para cumplir con los reclamos de justicia que requieren las víctimas de diversos delitos.
Mucho menos para cubrir los gastos de sus más de 9,500 empleados
Lo revelado por la magistrada Germán Brito en una entrevista televisiva concedida a los periodistas Huchi Lora y Edith Febles, difundida el pasado miércoles 5 de mayo en el programa El Día, podría convertirse en la verdadera razón de su dimisión y no por problemas de salud como se divulgó en las redes sociales, si la falta de recursos económicos llegara a asfixiar a la Procuraduría.
Germán Brito y los directivos del Pepca podrían interpretar que la falta de fondos a la PGR es una estrategia del gobierno para ahogarlos en el fondo marino en que se encuentran tratando de atrapar pulpos, corales, caracoles y otros moluscos oceánicos.
El presidente Luis Abinader, como máxima autoridad, debería autorizar la erogación de más fondos públicos para el sistema de justicia, justo ahora que su administración se está beneficiando detodos los logros que el Ministerio Público están llevando a cabo, fortaleciendo en cierta forma la imagen de su administración.
El poder ejecutivo, en su presupuesto complementario que se realiza a mediado año, podría modificar, juntamente con la Dirección General de Presupuesto y el Congreso, la partida que presupuestó el MP incrementando a RD$11,715 millones para 2021, de manera que puedan mejorar su sistema financiero asegurando el mejor desenvolvimiento de esta institución.
Negárselo, es una manera muy sutil de asfixiar al Ministerio Público y sus dependencias, debilitando así la delicada, exhaustiva, peligrosa y agotadora misión que llevan a cabo, motivando indirectamente sus renuncias.
Para satisfacción de la sociedad, las operaciones Pulpo, Caracol y Coral han sido tan efectivas que han tocado nervios muy sensibles de sectores poderosos “intocables” vinculados a los altos mandos militares y policiales y grupos religiosos.
Luego de las declaraciones comprometedoras que están expresando los imputados en el juicio de solicitud de prisión preventiva que actualmente lleva a cabo el MP, la posibilidad de citación de máspersonalidades de alto calibre militar y político como el expresidente Danilo Medina, podría suceder en cualquier momento.
Son tantos los casos de corrupción y otros delitos en carpeta para investigar, que la magistrada Germán Brito ya tiene el nombre de la próxima operación a ejecutar, la cual se llamará Operación Tilapia.
El apoyo y la confianza depositados en el MP por el primer mandatario dominicano debe complementarse ahora con más recursos económicos para que sus deseos de que el robo del erario no quede sin castigo y que la impunidad no reine en su gestión de gobierno.
