El caso dominicano es patético, pues ya se cuenta con la armadura constitucional debido a la revolución silenciosa que ha producido la Constitución de 2010.
En opinión de Michel Foucault, toda ley está compuesta por al menos tres ámbitos: un ámbito en el cual la ley estáprotegida y puede ser aprovechada por ciertos individuos con poder para violarla impunemente, otro ámbito en el cual, la aplicación de la ley puede ser ignorada y, por último, una tercera donde toda infracción a la misma es castigada con toda su fuerza de coerción legal. Es decir, subyace una cierta connotación clasista de la ley en el pensamiento foucaultiano que lo conduce a establecer que la ley puede ser violada por ciertos individuos, ignorada por otros, pero que, sin embargo, existe una franja de sujetos o ciudadanos a los que les queda terminantemente prohibido evadir el peso coercitivo de esta.
Obviamente, la clase dominante es la que está en capacidad de violar impunemente la ley e incluso, la que puede simplemente ignorarla. Las denominadas clases subalternas u oprimidas son las que no pueden, en ningún caso, evadir su aplicación. Esta es la experiencia europea en la materia, esta es la experiencia de Foucault, quien analiza toda la tradición del viejo continente desde sus raíces griegas hasta la actualidad se encontrará con esta realidad; sin embargo, este autor no analizó las naciones que Samuel Huntington denominó “países en vías de transformación”, estos últimos, a decir de este autor, se caracterizan por poseer valores cambiantes que convierten en relativa e inaplicable la norma legal para cualquier grupo dependiendo del momento político en que se someta a consideración su aplicación y contra quien.
De ahí que se la considere un instrumento político más que un instrumento legal. Esto debido a que grupos que emergen desde el poder como nuevas fuerzas dominantes,imponen a las oligarquías tradicionales y al pueblo, su impronta violentando todas las normas y todos los valores del sistema en aras de erigirse en sujetos dominantes emergentes. Es la llamada flexibilidad de clases del nuevo continente donde se puede pasar de mendigo a millonario luego de pasar por el Estado.
Estados Unidos a lo largo y ancho de todo el siglo XIX, fue un estado liberal donde la norma legal tenía poca aplicación con relación a los políticos, pero ya en el siglo XX, se hizo evidente que la institucionalización administrativa de la política, pasaba por la imperiosa necesidad de aplicar la ley a todos del mismo modo. Los escritos de Max Weber fueron capitales para convencer sobre la necesidad de crear una burocracia profesional inamovible como manera de consolidar la democracia burguesa de la nación norteña. Es decir, los constantes cambios en el tren administrativo crean una ideología de sobrevivencia que invita a aprovechar al máximo el paso por la función pública, pues no se dispone de garantía de permanencia luego de un periodo gubernamental. El principio de legalidad actúa como el eje cardinal base de la acción pública que busca la estabilidad; en cambio, la violación impune a la regla permite incluso pagar abogados, estar en la palestra pública, pero al final, te quedarás con lo sustraído y esto, luego de dos generaciones, te convierte en persona del establishment. Ahora, en el siglo XXI, se observa, en toda Latinoamérica, una tendencia que busca impedir que, de manera particular, los detentadores del poder político como los detentadores del poder económico, puedan burlar la aplicación de la ley por parte de los tribunales.
En Latinoamerica los procesos dialecticos de estas sociedades están generando respuestas en este sentido, pero, como siempre, los imperios inciden en este proceso en función de sus intereses. A pesar de ello, en el caso de EEUU, desde la llegada de Donald Trump, se observa una tendencia, a respaldar los procesos de saneamientos contra gobiernos corruptos. Esto así, porque la doctrina Trump,continuada ahora por el presidente Biden, convence de que a EEUU emigran los ladrones y los que fueron robados, por tanto, una manera práctica de controlar la inmigración, consiste en procurar que los países al Sur del Río Bravo, posean gobiernos honestos donde la ley sea aplicada a los corruptos como a los corruptores.
Sin embargo, los políticos corruptos, parecen no estar enterados del cambio de rumbo de la política estadounidense en la materia, ni de los cambios y reclamos de los pueblos latinos del denominado Nuevo Continente.Hugo Chávez dio la voz de alarma en Venezuela, luego otros han seguido el ejemplo, siendo el último caso, Bukele, en el Salvador.
El tema es visto por los defensores de los corruptos como un enfrentamiento entre populismo penal y pragmatismo político. Es decir, los cambios a lo Huntington ocasionan desbalances que los que no comprenden estos cambios juzgan inapropiadamente y pasan a romper el orden establecido; en cambio, los populismos –de izquierda o de derecha-, se limitan a tratar de comprender los anhelos de justicia social de sus pueblos encontrándose a sus pasos numerosos obstáculos colocados por las oligarquías locales en alianzas o no con sectores transnacionales que buscan, a lo Foucault, evadir el peso de la ley.
En este escenario, juega un papel central el Poder Judicial de cada país. De donde se infiere que, cabe preguntarse ¿hasta dónde está preparada la Administración de Justicia de estos países para asumir una u otra postura? Como se sabe, en Francia, esta situación no pudo resolverse más que con la creación de la jurisdicción administrativa; en los países anglosajones, los movimientos sociales consiguieron sensibilizar a los jueces hasta hacer aparecer el denominado Judicial Revew, o postura progresista de la justicia hasta generar el cambio deseado por la sociedad.En todo caso, la consolidación del Estado de bienestar ha sido el único remedio eficaz, porque subsumidas las desigualdades extremas y creada la función administrativa o carrera administrativa con estabilidad en el puesto, la corrupción ha sido controlada. Pero allí donde la inestabilidad en el puesto es la norma, no puede haber cumplimiento de la norma sin alguien que busque evadir, pues, a su salida de la posición, no tiene garantía de estabilidad económica ni de seguridad social.
En Latinoamerica, la respuesta de la administración de justicia es variopinta, por ejemplo, en Brasil, se ha seguido cierta tradición en la que el poder del parlamento ha pasado a gobernar la justicia, produciendo una mezcolanza entre justicia y política de no fácil delimitación; en el Perú ha sido el tribunal constitucional quien ha debido convertirse en regente de una clase política corrupta que para nada asimila los cambios; Colombia ha logrado cierta estabilidad entre justicia y tribunal constitucional debido a que la Administración de justicia, condicionada por guerrillas, paramilitarismo y narcotráfico, les ha hecho fuerte, pero las extremas desigualdades e inseguridad social siguen latentes; pero en Centroamérica, el tema es de difícil comprensión, pues mientras Nicaragua ha conseguido lo que Emmanuel Kant llama la Paz Perpetúa, con un régimen que ha conseguido armonizar las diferentes fuerzas sociales en función de la gobernanza, los demás países mantienen matices diferenciados, por ejemplo, Panamá ha debido ser objeto de groseras interferencias extranjeras debido a la incapacidad de su aparato estatal para garantizar la gestión judicial de la corrupción política y la seguridad social con estabilidad en el empleo público, en Guatemala, ha pasado de todo, en Honduras también, teniendo a Costa Rica como la excepción a la regla pues teniendo un sistema judicial estable ha conseguido obtener algunos logros en estabilidad en el empleo y seguridad social no exentos de dificultades.
El pulgarcito de América, El Salvador, ha entrado ahora en un proceso complejo porque con un presidente popular busca salidas institucionales, lo cual es casi imposible allí donde las instituciones requieren de hombres en plural y, al parecer, no los tienen debido a que el partido opositor, el ARENA, es históricamente el causante de los males institucionales de ese país. De modo que el proceso habrá de evolucionar muy lentamente allí.
El caso dominicano es patético, pues ya se cuenta con la armadura constitucional debido a la revolución silenciosa que ha producido la Constitución de 2010, pero tiene la limitación de que el Poder Judicial no comprende el rol de la justicia en una democracia en construcción debido a que los ascensos en la carrera judicial, dependen de los favores que se hacen a políticos corruptos y a los poderes facticoso salvajes como los llama Luigi Ferrajoli. Así, la Administración de Justicia Dominicana se encuentra en un momento crucial, pues poseyendo el armazón legal necesario y suficiente para caminar hacia la vida institucional weberiana, no acaba de independizarse de los poderes fácticos ni del poder político. Lo que eventualmente, plantea tres posibles salidas, una a la peruana, otra a lo Bukele y una tercera, a lo costarricense, ¿por cuál se decantará? Es difícil saberlo. Aquí la seguridad social solo existe para la banca y los corruptos y corruptores, los jueces condenan a los ladronzuelos que roban porque tienen hambre pero son incapaces de hallar pruebas contra la delincuencia de cuello blanco o para fallar en favor de alguien cuyo empleo de carrera, le ha sido groseramente arrebatado por el político de turno en el poder. No hay garantía de aplicación de la norma en contra de los poderosos. Es una caricatura de justicia.
Lo que si resulta claro, es que la sociedad no va a permitir que se aplique la fórmula planteada por Foucault sino que se exigirá que la ley sea aplicada al estilo de EEUU. Juez que no esté a la altura de las demandas de justicia deberá irse o las masas lo sacarán. No por populismo sino por pragmatismo institucional e, incluso, por asumir lo que los franceses llaman “El deber de ingratitud del juez hacia quien lo llevó al cargo.” DLH-9-5-2021
