Lo dice un principio jurídico: “Se es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.
Analizando bien los últimos escarceos realizados por la Procuraduría General de la República para atrapar a personas señaladas como presuntas depredadoras del erario, he llegado a la conclusión de que los fiscales investigadores deben recibir estricta protección para preservarles la vida.
Los apresamientos de funcionarios civiles y militares, así como de testaferros o prestanombres al servicio del crimen organizado, a través de la Operación Anti pulpo y Operación Coral, son apenas parte de otros casos que están en fase de investigación, según los señalamientos del Ministerio Público.
Por lo visto, esto no termina ahora. Aún quedan más de 500 casos por investigar, algunos de estos pasados de tiempo, de acuerdo a lo expresado por la magistrada procuradora general Miriam Germán Brito.
El robo descarado e impune de los fondos públicos no es de ahora. No son pocos los que se han enriquecido valiéndose de sus funciones en las instituciones gubernamentales.
Lo que ocurre es que nunca se aplicaba el régimen de consecuencias debido a que la clase política de antaño era cómplice de esas acciones. Tenían secuestrado el Poder Judicial y configuraron para sí, como un traje a la medida, al Congreso Nacional y el Ministerio Público.
Al parecer, las cosas han cambiado, para suerte de este sufrido país. Ahora existe un Ministerio Público aparentemente con independencia de acción, mejor entrenado para investigar y litigar procesos judiciales, que no recibe órdenes palaciegas y que está trabajando sin descanso para atrapar a los malos dominicanos, sin cometer excesos y siempre respetando las debidas normas procesales.
Lo dice un principio jurídico: “Se es inocente hasta que se demuestre lo contrario”. Pero ante la ley, todos somos iguales y nadie debe tener privilegios, al menos en teoría. Muchos se declaran inocentes cuando están frente a un juez, aunque hayan cometido miles diabluras. Naturalmente, siguen las instrucciones de los abogados marrulleros, que sacan provecho económico a sus crímenes.
Hay que reconocer el coraje de los magistrados Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución y Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). En las actuales circunstancias, ellos y los fiscales que participan en esas operaciones anti fraudes merecen protecciones extremas. Es un trabajo delicado y riesgoso que acarrea numerosos enemigos.
También, pido cuidar a la procuradora general Miriam Germán Brito, una honrada dama a quien conozco desde que cubría como reportero la fuente judicial en el 1978 y años siguientes.
Merecen la máxima seguridad personal porque están lidiando contra sectores poderosos que a partir de ahora pudieran tomar retaliaciones al verse acorralados, tal como sucede en el bajo mundo. En estos escenarios, no podemos descartar nada. Esas tramas las vemos en las películas.
Estos valiosos fiscales adjuntos son vistos como la salvación de la sociedad y como los verdugos en contra del crimen organizado. Y así debe ser.
A Yeni Berenice Reynoso ya la conocen popularmente como “la fiscal de hierro”, por la inteligencia, valor y sagacidad demostrada cuando se enfrenta en un tribunal con casos de corrupción de la magnitud de Odebrecht, Anti pulpo y Coral, entre otros. Y esa fama molesta a muchas personas a las ella enfrenta.
Se trata de “una fiscal marcada por el éxito y la polémica, que se desempeña entre el rechazo de unos y la admiración de otros”, como muy bien la describe el colega Ramón Benzán. Lo cierto es que ella se ha ganado la simpatía de una población ansiosa de justicia, que reclama la erradicación de la impunidad estatal.
Alegra saber que la cúpula militar, entiéndase Ministerio de Defensa, ha hecho la debida aclaración sobre estos hechos advirtiendo que los miembros que se aparten de su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes o incurran en actos delictivos, no encontrarán cobijo en las filas militares y tendrán que responder ante la justicia sobre sus acciones.
No todos los militares son corruptos ni cometen indelicadezas para enriquecerse. La mayoría, hombres y mujeres, sirve a la nación con decoro y responsabilidad. De manera que se cometería una injusticia al generalizar declaraciones que pudieran cuestionarlos en sentido global.
A propósito, aprovecho para reproducir el editorial del periódico Listín Diario, de fecha 8 de mayo de 2021, titulado “Llegó la hora de la catarsis militar”, sobre la alegada participación de los uniformados en hechos punitivos. Obvio, pido permiso a mi colega Miguel Franjul:
“La justicia tiene el supremo desafío de esclarecer, ajustándose a los debidos procesos de ley, las escandalosas denuncias de actos de corrupción que se están ventilando en las audiencias del caso Coral.
“Son denuncias que, de ser confirmadas con pruebas irrefutables, deberían conducir a un inevitable proceso de depuración y mayor control de los manejos administrativos de los presupuestos militares y policiales y al rigor de los procedimientos internos para la promoción de rangos de sus miembros.
“Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional constituyen los soportes de la seguridad nacional y, bajo ninguna circunstancia, puede permitirse que su autoridad y su misión constitucional sean puestas en entredicho por las inconductas de unos pocos, del rango que sea.
“Para preservarlas de la tentación corruptora que permea todos los espacios donde se mueven dinero o influencias, no hay mejor momento que este para someterlas a una catarsis que ha esperado demasiado.
“Estilos y prácticas que coliden con la doctrina o la profesionalidad de sus miembros -vox populi a lo interno de los cuarteles- han hecho mucho daño a la institucionalidad y la credibilidad de esos cuerpos.
“El contubernio de militares y policías con el narcotráfico, con los contrabandistas, con los delincuentes callejeros, con los adulteradores de productos o traficantes de haitianos y armas por la frontera, representa un serio quiebre a la misión de garantizar la seguridad nacional, que enteramente le corresponde a las Fuerzas Armadas.
“Esas conductas no pueden seguir siendo apañadas por los que se benefician directa o indirectamente de ellas.
“La hora de la depuración y del rescate de la profesionalidad y la doctrina que guía la misión militar ha sonado.
“Sería penoso no escucharla. El trago amargo de las denuncias ventiladas en la justicia hay que apurarlo con todas sus consecuencias.
