Nunca antes la imagen moral del PLD se había visto tan deteriorada, pese a que siempre se habló, durante sus 20 años de gobierno, de la comisión de corrupción pública. Nunca desde la justicia se dirigió la acción pública para procesar a los acusados de corrupción, contribuyendo a un alto cúmulo de impunidad.
Es por primera vez, a través de un Ministerio Público Independiente, que se conocen pruebas sobre delitos de corrupción pública, involucrando, nada más y nada menos, que a miembros del entorno del expresidente Danilo Medina, incluyendo a dos hermanos biológicos y al jefe de su seguridad personal.
Hasta el momento se conocen tres casos judiciales y sin profundizar se deduce un gigantesco encadenamiento que abarcaría al grueso de las instancias militares, policiales y a la cúpula del funcionariado de la pasada administración, lo que genera rechazo enorme en la población hacia el PLD.
Es poco objetivo la emisión de vaticinios a largo plazo, pero esa desfavorable imagen podría impedir que el peledeísmo se levante para los comicios del 2024. La situación del PLD solo es comparable a la que vivió el PRD al salir del poder en 1986, que registró un desgaste moral sin precedentes, cuando algunos de sus líderes principales, incluyendo al expresidente Salvador Jorge Blanco, fueron procesados judicialmente. En esa oportunidad la oposición, producto del descrédito, lucía débil, mientras el Gobierno de Balaguer se percibía fuerte.
El PRD no pudo recomponerse y, contrariamente, sufrió una división, cuando el licenciado Jacobo Majluta, candidato presidencial del último certamen comicial, es decir, el de 1986, decidió formar el Partido Revolucionario Independiente. El partido blanco se debilitó y en la contienda del 1990 su candidato presidencial, el doctor Peña Gómez, apenas alcanzó un 24%, mientras Majluta con su PRI obtuvo un ridículo 7%.
En la República Dominicana está ocurriendo un fenómeno político extraño y consiste en la debilidad simultánea entre la oposición y el presente Gobierno. En la historia social dominicana solo se conocen situaciones similares en épocas de inestabilidad política.
La población aprueba el combate a la corrupción, desde el Ministerio Público, la transparencia gubernamental y el adecuado manejo de la pandemia que ha tenido la presente administración, pero hay disgustos con las alzas constantes en los precios de los artículos de la canasta familiar, la militancia del PRM se siente excluida de su Gobierno y, adicionalmente, muchos oficiales policiales y militares, acostumbrados a actividades ilícitas, sienten temor y perciben a la presente administración como un obstáculo a la corruptela que ha prevalecido en los cuerpos armados durante décadas.
Muchos no encuentran explicación a la inflación de bienes y servicios que vivimos los dominicanos, debido a que la tasa de cambio se encuentra estable, inclusive ha registrado una ligera baja, producto de los diez mil millones de dólares tomados prestados a organismos multilaterales y a los Estados Unidos. Hay quienes atribuyen la inflación a la baja en la producción mundial con motivo de la pandemia y hasta a la especulación.
A esa situación hay sumar que aproximadamente el 90 por ciento de los miembros del PRM, de los partidos aliados y de los movimientos de apoyo a Luis Abinader en la pasada campaña electoral, se sienten fuera de la administración pública, los cuales vienen expresando su malestar en los medios de comunicación social y en las redes sociales, aspecto que también debilita a la presente administración, aunque el Gobierno no se da por enterado.
Ambos aspectos son preocupantes, pero no deja de ser un dolor de cabeza el descontento que muestran estamentos policiales y militares al iniciar el Ministerio Público procesos que, por primera vez en la historia, llegan a los cuarteles, cuyos miembros se han considerado intocables durante décadas de actos delictivos.
Algunos defensores de los uniformados estiman que son casos excepcionales aquellos miembros que participan en actos reñidos con la ley, mientras otros consideran que es lo contrario, que los guardias y policías que exhiben actitudes decentes están minoría y nunca logran escalar posiciones de mando, porque siempre han tenido un costo económico, con la agravante que ningún presidente se había dado por enterado de esa corrupción rampante.
Es ahora que todo sale a la luz pública, sin que el Gobierno tenga responsabilidad alguna, sino por iniciativa de un Ministerio Público independiente, cuyas cabezas envían una señal positiva y de decencia a la sociedad dominicana.
Sin embargo, para algunos analistas no deja de ser una preocupación el hecho que haya un Gobierno que luce débil, teniendo una oposición al mismo tiempo con una imagen moralmente destruida. Por la salud de la democracia dominicana lo aconsejable sería tener una oposición política y un Gobierno fuertes. El Gobierno para dar solución a los problemas sociales y económicos del país y la oposición, como contrapeso, para denunciar los posibles males.
