La guerra mediática entre Ministerio Público y los imputados en el Caso Odebrecht continua la primera informa de la incorporación de todo su arsenal probatorio contra los acusados mientras que la segunda parte sostiene que las pruebas son un reducto de papeles sin valor probatorio
El Ministerio Público destacó este jueves que ha incorporados más de 1,700 pruebas en el juicio del Caso Odebrecht que corroboran su teoría acusatoria en contra de los procesados por recibir y distribuir sobornos de la firma brasileña en el país.
La fiscal Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que trata de la incorporación de un arsenal probatorio que comprometen la responsabilidad del representante empresarial Ángel Rondón Rijo, el abogado Conrado Pittaluga Arzeno, de Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas, también exdirector del Inapa; los exlegisladores Porfirio Andrés Bautista García y Tommy Galán Grullón. También de Roberto Rodríguez Hernández, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).
La Pepca destaca que las pruebas incorporadas llevarán a condenar a los encartados.
Los seis son acusados de recibir y distribuir dinero de los US$92 millones que repartió la empresa Odebrecht con el fin de adquirir contratos de obras públicas en el país.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conoce la acusación en su contra por violar el Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos, y la Ley 448-06, sobre Soborno.
“Se han incorporado pruebas testimoniales, pruebas documentales y en soporte digital”, dijo la coordinadora de Litigación de la Pepca, tras destacar que durante la jornada de este jueves fueron incorporadas alrededor de 30 pruebas contra Conrado Pittaluga.
“Evidentemente son pruebas que corroboran la teoría del Ministerio Público y que avanzan en su acusación; pruebas como los contratos a través de los cuales se transparentaron los depósitos de los sobornos”, señaló.
“No porque lo diga el Ministerio Público, lo dijo el testigo Mauricio Dantas cuando declaró que estos contratos eran contratos ficticios para poder realizar las operaciones de pagos por sobornos que Odebrecht ha admitido que ha realizado”, dijo.
Ortiz, quien forma parte del equipo de fiscales litigantes, habló con los periodistas a la salida de la sala de audiencias, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Ante alegatos de Conrado Pittaluga en el sentido de que eran pagos de honorarios, Ortiz dijo a la prensa “yo les diría a ustedes que hagan ustedes mismos el análisis: más de US$6 millones es el pago de sus honorarios por haber realizado dos contratos entre Odebrecht y el Estado dominicano, contratos que se realizaron bajo la gestión de Víctor Díaz Rúa como ministro de Obras Públicas, siendo Conrado Pittaluga abogado de Díaz Rúa”.
Reiteró que el Ministerio Público, al presentar sus conclusiones, “unirá todos estos elementos y ustedes podrán ver cómo se corrobora la teoría del caso que nosotros hemos planteado”.
Dijo que la siguiente fase del juicio corresponde a la presentación de pruebas por parte de los imputados, la cual inicia el próximo lunes con la presentación de las pruebas de Ángel Rondón Rijo.
La audiencia continuará el próximo lunes 17 de mayo, a partir de las 9:00 de la mañana.
Defensa: supuesto “arsenal de pruebas” no existe
Mientras que la defensa técnica de los imputados en el caso Odebrecht consideró “poco serio” que el Ministerio Público denomine “arsenal de pruebas” a los reductos de evidencias que pudo incorporar en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional y que no son más que documentos obtenidos en registros públicos y pruebas aportadas por los propios acusados.
La Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción (PEPCA) informó a la prensa que cerró el jueves el proceso de incorporación de evidencias ante el tribunal con 1,700 pruebas, pero en sus redes sociales de la Procuraduría General de la República (PGR) dice que fueron 1,200 las pruebas presentadas, aunque en realidad quedó solo una fracción de las inicialmente anunciadas.
“Todo lo que ha ocurrido es que cientos de supuestas pruebas contra los imputados han sido demolidas por la defensa técnica y, en esa virtud, fueron rechazadas tajantemente por el tribunal, incluyendo las famosas delaciones premiadas que eran el corazón de la acusación”, planteó la defensa técnica en una nota de prensa.
Agregó que el “Ministerio Público solo cuenta con un reducto de papeles sin valor probatorio”. Las defensas técnicas han reiterado que se ha abusado de la inteligencia del público en general llamando “pruebas” a una serie de documentos incapaces de conectar a alguno de los imputados con algún ilícito penal, específicamente con el pago o la recepción de algún supuesto soborno. En ese orden, pusieron de ejemplo las actas de nacimiento y de matrimonio de imputados y familiares, lo mismo que documentos constitutivos de sociedades, que el Ministerio Público llama alegremente “pruebas”.
Manifestaron que también quedó muy claramente establecido que los testigos llamados “claves” por el Ministerio Público se circunscribieron a decir “no sé”, “no recuerdo”, “no puedo confirmarlo”, cuando fueron sometidos a contrainterrogatorio de parte de la defensa técnica de los imputados.
Todos esos “testigos claves” reconocieron no haber laborado para Odebrecht para la fecha en que la acusación afirma que ocurrieron los supuestos sobornos, y que todo lo que declararon fue precedido siempre por la muletilla “… en base a las delaciones premiadas y los datos de los colaboradores…”, documentos que -como hemos apuntado- fueron excluidos del proceso, por violar la forma en que deben incorporarse las declaraciones de los testigos en un proceso penal (oralidad). Agregaron -también- que los “testigos” no mencionaron el nombre de un solo “delator premiado” ni en qué circunstancia le habrían narrado aquel culebrón, por lo que -al valorar la prueba- el tribunal habrá de reconocer que éstos no llegan ni siquiera a “testigos de referencia”.
Los profesionales de las ciencias jurídicas que defienden a los imputados afirmaron que -en buen derecho- el caso Odebrecht no existe, porque el Ministerio Público no cuenta con pruebas sobre alegados repartos de soborno ni ha presentado a un solo sobornado que corrobore la teoría que ha tratado de sustentar.
Desde su óptica, a lo largo del proceso se ha ido confirmando la teoría de la magistrada Miriam Germán, ex jueza de la Suprema Corte de Justicia y hoy Procuradora General de la República, quien llamó la atención en su momento sobre las debilidades de las pruebas para llevar a cabo una acusación exitosa respecto al caso.