La integridad física de estos representantes del Ministerio Público debe ser herméticamente protegidas.
Enemigos de la paz y la tranquilidad social dominicana, atrincherados en sus guaridas, empoderados política, económica y militarmente, ya han iniciado acciones con fines perversos para intentar desestabilizar el devenir cotidiano del país, realizando actos de sabotajes programados para, de esa forma, atemorizar al gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader.
Los diferentes hechos, ocurridos casi de manera secuencial hace apenas una semana en varios puntos del país, son señales de que los cabecillas de estos actos vandálicos pudieran estar involucrados en escándalos de corrupción que persigue el Ministerio Público.
Ante el acoso de las persecuciones, están decididos a no seguir de brazos cruzados observando cómo una justicia más honesta e independiente que las que habían implantado para cometer sus fechorías en contra del Estado, les persigue sin contemplaciones, sin importar estatus o influencia social.
De ahí se desprende la macabra planificación de tratar de asesinar a la magistrada Yeni Berenice Reynoso, como se ha dado a conocer.
Berenice Reynoso, y la titular de la Procuraduría General de la República magistrada Mirian German Brito y el procurador adjunto anticorrupción Wilson Camacho, son quienes encabezan las investigaciones contra los exfuncionarios, policías y militares vinculados a los actos de corrupción del pasado gobierno que encabezó el expresidente Danilo Medina.
La integridad física de estos representantes del Ministerio Público debe ser herméticamente protegidas por el gobierno, e igualmente por toda la sociedad dominicana por sus decididas y valientes labores judiciales contra la impunidad y la corrupción en todas sus vertientes.
Las investigaciones que se realizan contra altos oficiales militares de la Fuerza Aérea Dominicanasupuestamente involucrados en este develado plan contra Berenice Reynoso, debenprofundizarse caiga quien caiga.
Al presidente Abinader, quien estuvo gobernando sin oposición significativa, se le acabó la paz y tranquilidad de que gozaba antes de llegar a los primeros 100 días de administración.
Despojar a los corruptos del blindaje que poseían para que la sociedad conociera al desnudo lo malvados que eran, no iba a servir de mucho, debido a que habían perdido la vergüenza y pulcritud.
Aunque le vociferaran corruptos y ladrones a su paso por calles y avenidas de la capital dominicana, Nueva York y otros estados de la Unión Americana, no se inmutaban ni se molestaban. Está demás decir que ellos lo tenían sobreentendido.
Pero de ahí a desmoralizarlos públicamente sometiéndolos a la justicia, con pruebas irrefutables, presentarlos frente a jueces serios y respetados que no pudieron corromper, y obligarlos a declarar en un escarceo público y televisado sus aberrantes actos de corrupción cometidos en los gobiernos que disfrutaron por más de 20 años, no lo soportarían.
Los ataques conspirativos contra objetivos públicos, vitales para la confianza, seguridad turística y el buen desenvolvimiento de sus respectivas operaciones económicas, no son fortuitos ni desafueros callejeros.
Por la forma, queda claro que no son acciones cometidas por inexpertos. Son hechos que se pueden clasificar como terroristas, bien planificados y ordenados por veteranos en este tipo de delitos, en la que generalmente se trata de no dejar huellas dactilares o imágenes comprometedoras.
Con las iniciativas del Ministerio Público, la independencia otorgada por la presente administración, el apoyo de la sociedad civil y el visto bueno del Departamento de Estado de EEUU, a través de sus dependencias vinculantes, a los saboteadores no les queda más que lanzarse a una aventura peligrosa y suicida como las que están ejecutando.
A todas luces y a simple vista, se notó demasiadas coincidencias en el sabotaje al sistema eléctrico provocado al principal aeropuerto del país, el Internacional de las Américas (AILA), la noche del domingo 23 de mayo, lo mismo que en la falla del teleférico de Puerto Plata, ese mismo día, que puso en peligro a decenas de personas, y los cortes sufridos en las tuberías matrices en el acueducto de La Vega.
Pero también, una sospechosa alarma emitida por las autoridades haitianas, anunciando la llegada desde Brasil de una variante del virus Covid-19 en esa empobrecida nación, provocó que miles de haitianos violentaran la puerta principal de entrada y salida migratoria que une a ambos países por el lado de la provincia de Dajabón.
La avalancha humana tomó por sorpresa a los pocos militares del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), encargados de la custodia de este paso fronterizo, quienes no pudieron detenerlos.
Esto demostró que la seguridad por parte del CESFRONT es débil y que carece de un protocolo táctico defensivo para contrarrestar con efectividad una invasión de haitianos mejor organizada y planificada que la actual.
Abinader tiene que reconocer que hay desafectos dentro de su tren gubernamental que están operando como células secretas controladas por fuertes enemigos externos que buscan desestabilizar su gobierno, buscando quizás negociar frenar las persecuciones el Ministerio Público en su campaña anticorrupción.
El poder es para usarlo, y el Jefe del Estado sabe como el que más, que este es el mejor momento para demostrarlo enérgicamente contra los responsables y cómplices de los sabotajes, incluyendo igualmente hacer cumplir con severidad los protocolos de salud y ordenar la vacunación obligatoria para minimizar el rebrote de la propagación del Covid y sus variantes de Brasil y la del Reino Unido como ya se ha anunciado su presencia.
