Organizaciones manifiestan que el hecho es una grave obstrucción a la función constitucional del Senado de supervisar los bienes, dependencias y empresas del Estado dominicano.
El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, condenaron el atropello sufrido esta mañana por los senadores de la Comisión Permanente de Medio Ambiente en la Central Termoeléctrica Punta Catalina, CTPC.
Consideraron que es insólito que representantes del primer Poder del Estado, se les impidiera, sin que se ofreciera ninguna explicación, la entrada a la Central Punta Catalina y fueran mantenidos durante más de dos horas en la carretera a pleno sol.
Manifestaron que el hecho es una grave obstrucción a la función constitucional del Senado de supervisar los bienes, dependencias y empresas del Estado dominicano.
Indicaron que los senadores Héctor Acosta, Antonio Marte, Milciádes Franjul y Lenin Valdez López, miembros de la Comisión Permanente de Medio Ambiente del Senado de la República, se les impidió realizar un descenso a las instalaciones de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina, para investigar denuncias sobre la contaminación letal que está produciendo esta termoeléctrica.
Señalaron que el incidente demuestra que la institucionalidad del Estado es muy débil o no existe, “cuando un funcionario de 3era. o 4ta categoría puede impedir que toda una comisión senatorial cumpla con su misión constitucional, y hacer esta obstrucción sin ni siquiera apersonarse al lugar o dar algún tipo de explicación”.
Dijeron que si el Senado no castiga este irrespeto de forma ejemplar, constituirá un precedente para que en el futuro otros traten de igual forma a la Cámara alta y a todo el Congreso Nacional.
Por otra parte, afirmaron que la negativa ocurrida esta mañana a dejar ingresar a la comisión permanente de Medio Ambiente del Senado a Punta Catalina, es una prueba de que se intenta ocultar la catástrofe ambiental y sanitaria que está produciendo la contaminación de estas plantas de carbón en la provincia Peravia, y el desastre de su operación a causa de fallos técnicos estructurales no solucionados.
Plantearon que no es la primera vez que la actual administración de Punta Catalina impide que autoridades competentes y con respaldo de la ley, ingresen a sus instalaciones. “En diciembre pasado, un coronel del Ejército de apellido Liranzo impidió a la procuraduría ambiental y a la Comisión Ambiental de la UASD entrar al depósito de cenizas de Punta Catalina para tomar muestras de estos residuos, a pesar de que habían comunicado con anticipación su visita y el motivo de ella”, testimoniaron.
“Estamos seguros que si los medios de comunicación y la opinión pública en general tuvieran acceso a Punta Catalina, el horror que causaría en el público la contaminación y los daños que está generando, obligaría a apagar de inmediato a estas plantas de carbón”, adujeron.
Aseguraron que la construcción del espigón del puerto carbonero de la central cambió el comportamiento de la marea y de las corrientes marinas causando la desaparición de gran parte de las playas del litoral, así como el vertido de agua hirviente al mar ha hecho desaparecer la vida marina con lo cual se extinguió la pesca en el lugar.
Igualmente citaron que la enorme montaña de cenizas arrojadas a la intemperie que no cesa de crecer, está contaminando los suelos, el agua superficial y subterránea y esparciendo una gran cantidad de micropartículas que son barridas por el viento hacia la población y los cultivos aledaños.
También expresaron que las emisiones de gases ácidos y las micropartículas a través de la chimenea, están muy por encima de los estándares internacionales, llegando en ocasiones a situarse 40 veces por encima de estas normas, –como las propias autoridades han reconocido–, produciendo densas nubes tóxicas estacionarias que podrían causar numerosas muertes súbitas en pocas horas en la zona comprendida entre Catalina y la ciudad de Baní, en un radio de 20 kilómetros.
Enfatizaron que la administración de Punta Catalina y el Ministerio de Energía y Minas “no quieren que el pueblo dominicano tome conciencia del genocidio que está sucediendo en la provincia Peravia, que se pretende justificar en la necesidad de generar electricidad para reducir el déficit eléctrico del país”.
Informaron que autoridades municipales de la provincia Peravia, representantes de organizaciones climáticas y ambientales de diferentes lugares del país y decenas de afectados directos de la construcción y de la contaminación de Punta Catalina acudieron a encontrarse con los senadores en la entrada de la central.
“Fue un espectáculo sobrecogedor ver el intercambio que se produjo en medio de la carretera entre estas personas y los senadores, en una especie de vista pública senatorial sobre los daños que ha causado Punta Catalina”, comentaron.
Hicieron un llamado al Senado a que defienda su investidura y autoridad interpelando a todas los responsables del incidente de hoy, y que persista en realizar el descenso y una investigación exhaustiva sobre la contaminación letal de Punta Catalina.
