El abogado Juan Ramón Vásquez, quien manifestó que el Observatorio por Justo Proceso se produjo por las constantes violaciones al cumplimiento del debido proceso y los derechos fundamentales de las investigadas o encartadas en un expediente.
SANTO DOMINGO. – Un integrante del recién constituido Observatorio por un Justo Proceso, expresó este domingo su convicción de que la entidad será la vía idónea para que los ciudadanos hagan cumplir sus derechos cuando estos sean vulnerados en cualquier instancia.
Se trata del abogado Juan Ramón Vásquez, quien manifestó que el surgimiento del citado organismo se produjo por las constantes violaciones al cumplimiento del debido proceso y los derechos fundamentales de las investigadas o encartadas en un expediente.
Refirió que resulta “altamente cuestionable” que el Ministerio Público instrumente un expediente acusatorio contra una o más personas, y filtre su contenido a determinados medios o a comunicadores seleccionados, lo que a su juicio constituye una falta grave e ilegal al debido proceso de ley.
Reconoció que para un juez permitir que el juicio sea público para imponer medidas de coerción debe haber el consentimiento de las partes, “pero algunas veces aparecen unos abogados que buscan sonar en los medios de comunicación”.
Precisó que el surgimiento del observatorio, no solo es para intervenir en los procesos por corrupción administrativa, sino en otros casos, cuando se considere que se ha violado el debido proceso en los procedimientos judiciales.
Dijo que el artículo 148 de la Constitución de la República protege al ciudadano de una acción abusiva proveniente de un funcionario, “quien vería comprometida la responsabilidad civil no solo el de la institución a la que pertenece, sino también la suya personal”.
“Debe quedar claro que el Observatorio no es para someter a jueces ni fiscales, sino para que se observe el accionar de ellos y si es necesario, dar a conocer las violaciones que cometan, para que el imperio de la ley y el debido proceso se mantengan, sin importar la naturaleza de la acusación o denuncia”, agregó.
Puso como ejemplo la reciente denuncia de que en las Empresas Estatales Distribuidoras de Electricidad (EDES) se habría cometido un desfalco de RD$30,000 millones, lo que consideró proceder incorrecto.
“Lo primero que debió hacer el administrador general de esas entidades fue preparar un expediente acusatorio, antes de estar denunciando el presunto hecho, para que la Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), haga la investigación de lugar”, subrayó.
El Observatorio por un Justo Proceso”, está integrado por los juristas Eduardo Jorge Prats, Luz Díaz, Francisco Franco, Julio Cury, Emery Colomby Rodríguez, Luis Ernesto Peña, Carlos Julio Martínez, Juan Ramón Vásquez y Marisol García.
