La política pública de Pro Consumidor

El actual gobierno es de corte empresarial y, resulta, que Pro Consumidor fue puesto al servicio de un sector específico del empresariado parasitario del país. Ese sector ha reclamado su parte de León en el actual gobierno.

No siempre existe coincidencia entre compromisos de campaña, interés factico e interés general, pero si la inclinación de los políticos a decantarse por los compromisos contra legem en lugar de atender al interés general, buen ejemplo de esto es lo que acontece en Pro Consumidor, este órgano está llamado a proteger un derecho de tercera generación y de rango constitucional, constituye un retrato fidedigno entre los tres elementos que avanzamos determinan la política pública de una democracia en transición como la dominicana y el choque entre poderes fácticos ante su divergencia con el interés general.

Ocurre que el mandato constitucional no deja lugar a margen: se trata de un órgano, encargado por la ley, de convertir en práctica lo que la Constitución de la República recita como poesía, sin embargo, entre el dicho y el hecho existe un gran trecho motivado en que la debilidad de la Administración de justicia, consiste en que, lo mismo que el Poder Ejecutivo, discrimina entre lo institucional y lo políticamente conveniente.

El actual gobierno es de corte empresarial y, resulta, que Pro Consumidor fue puesto al servicio de un sector específico del empresariado parasitario del país. Ese sector ha reclamado su parte de León en el actual gobierno, lo cual logró retrasando el sostenimiento de la política del gobierno anterior, hasta hacer converger su interés con la promesa de campaña que había rubricado la Administración actual; también fue necesario hacer converger la cuota del partido de gobierno con la cuota del aliado. Es así como el resultado ha sido un maridaje que, en conclusión, ha significado el mantenimiento de la política del pasado gobierno en esta entidad. Lo que implica que, en materia de política pública de consumo, la presente gestión de gobierno es similar a la del anterior. Solo se ha cambiado la cara, pero el personal sigue siendo el mismo, en la ejecución de dicha política. Ha quedado intacto, a solicitud de los poderes fácticos que inciden en este sector de las políticas públicas.

La pregunta del millón es ¿dónde queda el objetivo programático de la Constitución en materia de política pública de consumo? Esta pregunta importa un comino al partido de gobierno, al Poder Ejecutivo, a los poderes facticos que inciden allí, que ha implicado un cambio de cara para generar más de lo mismo. Buen ejemplo de ello es la problemática que se le viene encima al gobierno, pues la gente empieza a darse cuenta que ha sido timada, pues ningún problema estructural ha sido tocado y se sigue la política de amagar y no dar mediante declaraciones de prensa y atasques a al comercio minorista culpándolo del vendaval de incumplimientos, como si, por ejemplo, el comercio minorista fuese capaz de determinar la política crediticia de los bancos, los cuales han convertido la pandemia y el Estado de Excepción que ha determinado para convertirse en el sector ganancioso de la crisis junto a los denominados gaseros.

Como si el sector ferretero, en lo concerniente al suministro de materiales para la industria de la construcción, fuese determinante al momento de establecer los precios para el detalle de este sector; como si los minoristas fuesen quienes determinan los precios en el sector de los combustibles fósiles. Como si los minoristas determinasen los precios en el mercado de las telecomunicaciones la electricidad o los servicios de salud. Es decir, un Pro Consumidor mareado es el que permite que el empresariado bajo una situación sanitaria extrema, se permita insultar y denigrar al personal médico que hace hasta lo imposible por seguir sosteniendo la política privatista del sector salud que mantienen las ARS, las AFP y las ARL con la anuencia del gobierno. En pocas palabras, el gobierno se está envejeciendo en su propia salsa.

Esto está aconteciendo, sin que, a la fecha, el país sepa ¿Cuál es la política pública del actual gobierno en materia de consumo? Toda función pública es una oportunidad de aprender en Pro Consumidor existe gente aprendiendo pero con compromisos previos. De donde se infiere que el interés general esta lejos de ahí.

Por otra parte, lo institucional ha sido dejado de lado, al golpeo sistemático de cinco años del gobierno anterior al movimiento consumerista se suma ahora el golpeo desde el Ministerio de Industria y Comercio, al movimiento consumerista; mientras desde Pro Consumidor, simplemente, se le ignora, o bien se asume la alianza anterior con sectores oscuros que solo buscan prebendas y son corresponsables del descalabro del sector que propicio la gestión anterior de Pro Consumidor.

Por demás, la actual gestión, ha validado, por acción y por omisión, la irregularidad y violaciones a la ley en materia de organización consumerista de la anterior. De manera sistemática ningún consejo es hoy día representativo de los intereses en conflicto ni siquiera en el Ministerio de Educación. Ningún órgano sectorial incluido el propio Consejo de Pro Consumidor tiene representación válida. Desde Indotel ni siquiera se ha dicho y a Pro Consumidor tampoco le interesa saber ¿dónde está y qué se hace con el dos por ciento que pagan los consumidores en cada factura generada por servicios de telecomunicaciones. Ni los beneficios que se otorgan a los usuarios con base a un fondo creado con sus propios aportes. En el Indotel se continúa con el descaro de escoger a discreción la representación de los consumidores, igual en omisión, la, en la Superintendencia de Electricidad, en la de seguros, en la Silsaril y la DIDA por igual. Estamos ante un gobierno que está ejecutando una política neoliberal sin cuartel en materia de consumo y de seguridad social.

Pro Consumidor es el órgano rector del sector consumo, pero no sabe ni le interesa ejercer ese liderazgo porque podría disgustar a sus patrones, prefieren violar la Constitución y las leyes. Al tiempo que deja en la orfandad al sector que bajo los principios del Derecho Administrativo Regulador le corresponde proteger y defender a capa y espada.

Como puede observar, es la propia partidocracia conservadora la que propicia el caos en las democracias en transición y cuando las masas dejan de creer en el sistema pegan el grito al cielo cuando aparece en escena un líder populista, pero se olvida a menudo, las causales que generan esas respuestas de parte de los pueblos.

Todo mundo sabe que el problema del Estado Dominicano es la corrupción y las obligaciones de deuda externa que la misma genera. Bajo el proclamado Estado de Excepción procede una mora en el pago de esta, como mínimo mientras dure la crisis del coronavirus. Sin embargo, en lugar de afrontar este problema con decisión y firmeza se prefiere plantear una reforma fiscal en una situación de por si caldeada por la violación a las normas y por la pandemia. DLH-11-6-2021