Caso Odebrecht: Explican porque un juez no puede sustituir a otro aunque tenga Covid

“Por el principio de inmediación, que establece que los jueces deben conocer de manera ininterrumpida el juicio, entonces, una vez iniciada la instrucción del proceso, ya no es posible que otro juez entre al caso”, explicó la fiscal Mirna Ortiz

SANTO DOMINGO (República Dominicana). – El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional pospuso este lunes para el 8 de julio próximo la audiencia del juicio de fondo del Caso Odebrecht, que se sigue contra seis imputados de recibir y distribuir los sobornos que admitió haber entregado la empresa constructora para obtener contratos de obras públicas en el país.

El tribunal aplazó otra vez la audiencia debido a la ausencia por contagio del COVID-19 de la jueza Jissel Naranjo, quien conoce el proceso junto a las magistradas Esmirna Giselle Méndez y Tania Yunes.

“Por el principio de inmediación, que establece que los jueces deben conocer de manera ininterrumpida el juicio, entonces, una vez iniciada la instrucción del proceso, ya no es posible que otro juez entre al caso”, explicó la fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), sobre las razones de esta tercera suspensión.

El tribunal informó que la jueza Naranjo ha dado positivo a COVID-19 y se encuentra en espera del resultado negativo, que la habilite para reintegrarse a sus labores. Esta suspensión está sustentada en el artículo 315, numeral 3 del Código Procesal Penal, ante la imposibilidad de la participación de la composición del tribunal que está conociendo el proceso.

La decisión del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional establece que el juicio será continuado el próximo jueves 8 de julio, a partir de las 9:00 de la mañana, con la participación de todas partes involucradas.

Este lunes serían presentados los testigos a descargo del abogado Conrado Pittaluga Arzeno, uno de los seis implicados en el caso de los $92 millones de dólares producto de los sobornos que pagó Odebrecht a funcionarios para adjudicarse obras en el país desde el 2001 y hasta el 2017.

La acusación presentada por el Ministerio Público establece que Pittaluga Arzeno manejó más de 100 millones de pesos, un millón de dólares y más de 50 mil euros, producto de las actividades ilícitas de la constructora brasileña relacionadas con el pago de sobornos.

Junto a Pitaluga Arzeno y Díaz Rúa, el tribunal también juzga al representante empresarial Ángel Rondón Rijo; a Porfirio Andrés Bautista García, expresidente del Senado; Tommy Alberto Galán Grullón, exsenador de San Cristóbal, y Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa.