“La penalidad que él sufrió es que demostró que no tenía condiciones para irse”, dijo el defensor.
Santo Domingo,.-Los abogados defensores del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, se propone apelar la decisión de prisión preventiva de la juez Kenya Romero en otro tribunal.
A Rodríguez y un grupo de personas vinculadas en la operación Medusa les fueron dictado 18 meses de prisión tras ser acusados de una serie de delitos entre los que se incluye defraudar al Estado con más de 3 mil millones de pesos.
En rueda de prensa ofrecida este miércoles, la barra de la defensa, informó de la apelación “para conseguir que el caso se conozca ante un tribunal de mayor jerarquía y que las decisiones no dependan de un solo juez porque porque en el dictamen de ayer influyó “el ambiente externo del tribunal”.
“Este es un caso sustentado en violación a la ley. Y decíamos en violación a la ley porque todos los actos de la administración pública se presuponen legales, ese es un principio que está establecido en la ley que establece la Cámara de Cuentas”,
“La penalidad que él sufrió es que demostró que no tenía condiciones para irse”, dijo el defensor.
Atacaron la acusación y el accionar del Ministerio Público al afirmar que “aquí se ha violado el principio fundamental de la legalidad” ya que la ley que de la Contraloría establece que se presumen como lícitos todos los actos de la administración pública hasta que lo contrario se demuestre.
La jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, acogió la solicitud del Ministerio Público y este martes dictó 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, al exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez y a otros tres implicados en la red de corrupción en el Caso Medusa.
La prisión preventiva, que se corresponde con el temor de fuga y la intención mostrada por los imputados de ocultar evidencias, deberá ser cumplida por el exprocurador Rodríguez, junto a Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonnathan Josel Rodríguez Imbert, en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo.
En cambio, la jueza le dictaminó impedimento de salida del país, presentación periódica y una garantía económica de un millón de pesos a Miguel José Moya, mientras a Rafael Antonio Mercede Marte, Altagracia Guillén Calzado y Jenny Marte Peña les dictó prisión domiciliaria e impedimento de salida del país, como medida de coerción.
“Con relación a aquellos (imputados) que no otorgó la prisión preventiva, es por ella entender (la jueza Romero), que no tenían los riesgos procesales y el peligro de fuga, en ningún caso por insuficiencia probatoria”, dijo la procuradora adjunta Reynoso.
La magistrada Romero, quien desde el pasado jueves inició el conocimiento de este proceso, también dictaminó la complejidad del caso, como lo solicitó el Ministerio Público, en el fallo dado a conocer este martes en la sala del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.
El Ministerio Público demostró la solidez de su acusación en estrado, donde expuso el expediente acusatorio, con más de 5,800 páginas de pruebas, y desmontó cada alegato de la defensa, para lograr la prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del proceso.
Rafael Stefano Canó Sacco, quien también está implicado en el Caso Medusa, se encuentra prófugo.
Según la acusación, los implicados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que desfalcó al Estado por más de 6,000 millones de pesos.
El órgano de justicia les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
Enfrentarán, además, cargos de infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.
El expediente presentado por el Ministerio Público también incluye cargos de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre Soborno.
El exprocurador Jean Alain Rodríguez y sus colaboradores y relacionados están imputados, además, de infringir varios artículos de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
