La política educativa del gobierno sigue al servicio de los suplidores mientras maestros y estudiantes continúan a la deriva.
El primer año del gobierno del cambio presenta a Luis Abinader en su laberinto: un año de aprendizaje de cómo gobernar bien un país. Puede afirmarse que, el presidente ha sacado buena calificación en cuanto a su política anti corrupción, fuera de ese ámbito, no hay mucho que decir a no ser el empleo de la palabra retroceso. Una visual por las carreteras y avenidas del país presenta un descuido cuasi total de señalizaciones bacheo y vigilancia vial, que quizás era la prenda o legado más significativo del gobierno saliente y que es deber del actual mantener dada la gran aceptación que tuvo en su momento entre ciudadanos.
El manejo del covid 19 podría tener mejores resultados, pues ha sido un éxito la compra oportuna de vacunas, también su aplicación ha estado bien, sin embargo, lo que no se comprende, es cómo la seguridad social no presenta avances significativos, solo el seguro subsidiado de salud presenta mejoría numérica, nada más, porque en lo referente a cobertura u apertura de la atención primaria la situación sigue siendo calamitosa, solo hay que ver el presupuesto del Ministerio de la Salud Pública menos de un dos por ciento del presupuesto nacional.
La escala de los precios en artículos ferreteros, nutrición y salud va a la alza, pero los productores agropecuarios agricultores, ganaderos y demás, van a la baja solo porque se continúa con una política favorable a la importación y de golpeo sistemático a la producción local. De ahí que, los consumidores y el movimiento que los agrupas, no tenga motivos para sentirse optimista. En este sentido Consumers Internacional viene haciendo un llamado importante a los gobiernos para que se preocupen en garantizar bienes y servicios de calidad y a precios justos. Dado que bajo el Estado social la calidad de vida de las personas es considerada prioritaria.
El brutal endeudamiento externo e interno del gobierno, solo con el objeto de pagar intereses de deudas, es una bomba de tiempo que acabará con la estabilidad monetaria por el sangrado de dólares y pesos que significa, cuando el gobierno ha debido plantearse una mora en su pago ajustándose así al Estado de Emergencia en que se encuentra la nación. Sin embargo, el gobierno ha optado por una política de gobierno de empresarial que prioriza las ganancias de cadenas internacionales que en nada contribuyen a la mejora en la vida del ciudadano, mientras descuida el sector social. Un año es más que suficiente para determinar el rumbo de un gobierno como para cambiar de rumbo si se observa que no rinde los frutos esperados por el pueblo.
Sin embargo, todo parece indicar que el gobierno persistirá en lo que ya no funciona y dejará de lado lo que si funciona. Un buen ejemplo de ello es la política anti corrupción. El presidente está cediendo al chantaje de los sectores que siempre se han beneficiado de la corrupción como a las apetencias de los que desde el gobierno desean persistir en ella. Prueba de lo que decimos es la no aprobación del Código Penal debido a las implicaciones que este tiene para los corruptos pasados y presentes como a futuro, los congresistas han planteado la legalización de la corrupción en sanciones simbólicas además de indignas de un gobierno decente. Así las cosas, si no existe voluntad política pasarán otros veinte años antes de que dicha pieza haya sido aprobada.
La política educativa del gobierno sigue al servicio de los suplidores mientras maestros y estudiantes continúan a la deriva.
En el sector social, no puede existir un descuido mayor, en la práctica, todas las organizaciones sociales no ligadas a políticos y congresistas han desaparecido por falta de apoyo estatal.
El turismo ha sido colocado como piedra angular del desarrollo nacional pero nada se hace por vincularlo a la producción nacional, ni por aumentar plus de beneficios que se deben mantener en el país, es una forma de zona franca para exportar capitales y dejar una parte muy residual en el país. De donde se infiere que la preocupación estatal por ese sector se reduce a lo que en ella pueda haber de política de construcción de estructuras e infraestructuras; no así en lo referido a la parte de operación y de reparto de ganancias, cuando menos en los municipios que la generan. El anunciado desarrollo de Pedernales así lo muestra, allí los especuladores de tierras tendrán gananciales que sacarán del país y los constructores de proyecto pero no existe un plan de vinculación, si quiera del aeropuerto de Barahona con todo el llamado sur profundo ni con Puerto Príncipe.
Hace tiempo ya que el país ha debido diseñar políticas públicas en materia de turismo que busquen inversiones de gran calado y olvidarse del turismo de masa, sobre todo, ahora que el cambio climático y los combustibles se están convirtiendo en problemas peligros de esta actividad económica.
No se observa que, el gobierno esté diseñando planes con miras a las transformaciones e impactos que la tecnología está ocasionando en los saberes. Muchas profesiones desaparecerán y vendrán otras nuevas. La robótica y la inteligencia artificial están transformando al mundo y debemos ir a la par, sin embargo, es poco o nada lo que se hace, por ejemplo, desde el ámbito y vertientes de la propiedad intelectual para obtener resultados a acorde con la demanda de los tiempos. Más bien existe un fait a cumplit y una retribución dañinas por actividades y compromisos de campañas políticas.
Desde inicio del gobierno, la política hacia la juventud y la familia ha tenido contra tiempos en el gobierno sin que existan indicios de que se haya resuelto el tema.
La política sistemática de despojo de viviendas y terrenos repartidos por la Administración pasada se constituye en un malestar social contra producente.
El gobierno ha de saber que, la nación ya posee memoria gracia a la tecnología y, por tanto, no permitirá borrón y cuenta nueva en materia de corrupción, ni ineptitud gerencial. La nación apuesta por una administración sana con una gerencia eficiente. El dominicano de hoy está aprendiendo a hacer un uso más efectivo de la tecnología, a corto y mediano plazo, el gobierno podría tener serios inconvenientes cuando no sea capaz de adaptar su gerencia a las expectativas ciudadanas. La administración de justicia y el funcionamiento de órganos colegiados, se les ve el refajo a leguas.
Obvio, nada de lo señalado implica que la gente desee volver a la pesadilla morada, por el contrario, la gente quiere ver aquel trauma como una pesadilla ya desaparecida o que no representa problema. DLH-9-8-2021
