El punto de inflexión del gobierno del presidente Luis Abinader, en su primer año, lo marcó la introducción subrepticia de un paquete de reforma fiscal que exacerbó los ánimos de la población con una administración que no completa los dos meses. Y el mandatario reaccionó sacudiéndose de la adversidad con el retiro de las pretensiones impositivas, y tratando de trasladar la molestia popular contra el partido que recién había desplazado del poder.
Sin ahorro de acrimonia el mensaje que dirigió a la población para retirar las pretensiones impositivas, lo empleó para acusar al Partido de la Liberación Dominicana de instaurar un régimen político dedicado a la corrupción y la impunidad, y arremetió como un presidente no lo había hecho nunca contra la Cámara de Cuentas, sin reparar en su condición de supra poder cuyas atribuciones constitucionales han de ser resguardadas.
“El país no olvida que durante muchos años el gobierno fue un instrumento de una corporación partidaria dedicada a convertir el patrimonio público en patrimonio privado”.
“Esta Cámara de Cuentas responde a los intereses del PLD. Esta Cámara de Cuentas es parte de su blindaje y sus miembros ya deberían haber renunciado”.
Entre el rostro afable y bonachón del hombre que un mes atrás había visitado a sus adversarios políticos, solicitándoles colaboración para combatir la pandemia y salvar el año escolar, y el ser enojado que habló el 9 de octubre había un cambio del cielo a la tierra.
Eso marcó el principal accionar del gobierno frente a una población a la que siempre le entretiene el circo y la venganza, pero que como pudo probarlo amargamente Robespierre, si paralelamente no contiene pan y prosperidad, se revierte sin piedad contra sus propiciadores.
Lo que siguió poco más de un mes después fue desolador para ex funcionarios de la administración peledeísta y para el entorno del ex presidente Danilo Medina. La justicia independiente había hecho un sorteo, y ellos, aparentemente, jugaron todos los números.
En horas de la madrugada el Ministerio Público empezó a romper puertas y saltar paredes, apresando a ex colaboradores de la administración Medina como si se tratara de delincuentes peligrosos, y solicitando contra ellos condenas anticipadas en vulneración del principio de presunción de inocencia.
Las mediciones redituaron un beneficio de popularidad para el Gobierno, y al PLD parecía que le había caído la casa encima. El terror fue tal, que antes de verse expuesto a tal escarnio, uno de sus dirigentes optó por entrar al baño de su habitación y darse un tiro en la cabeza.
Sin andarse por las ramas con el cuento de actuaciones judiciales independientes el Departamento de Estado norteamericano contó las cosas como han sido: “Al asumir el cargo con promesas audaces de frenar la corrupción, el gobierno arrestó rápidamente a una gran cantidad de funcionarios de alto nivel de la administración anterior implicados en la corrupción, personas que bajo gobiernos anteriores se habrían considerado intocables”.
Las actuaciones judiciales contra gente PLD han continuado una tras otras, pero han parado de redituar popularidad al gobierno y deterioro a la marca morada, que primero se plantó en un mínimo del que no bajaba, y del que en los últimos meses se ha ido levantando.
En política a veces no se sabe para quien se acciona, y entre todos los perjuicios ocasionados al PLD, un gobierno con un panorama económico y social poco halagüeño, lo ha identificado claramente como su oposición.
