El Dr. Ramón Arístides Madera Arias afirma que los representantes del Ministerio Público trabajan más, juegan un rol más importante y se sacrifican más que los jueces del orden judicial y los del Tribunal Constitucional
Un ex Juez Titular del Tribunal Superior Electoral manifestó que los miembros del Ministerio Público son discriminados, maltratados, humillados y vejados en sus derechos, a pesar de que esa institución constituye el principal y más importante de los órganos constitucionales del Estado dominicano.
En ese sentido, el Dr. Ramón Arístides Madera Arias, considera que se hace imprescindible que en una eventual modificación de la Constitución, se consagre que los representantes del Ministerio Público disfruten de los mismos derechos y prerrogativas que tienen los jueces ante los cuales ejercen sus funciones.
Declaró que es urgente que desde ya el Presidente Luis Abinader le entregue a la Procuraduría General de la República, los recursos económicos que les corresponden en virtud de la Ley No.194-04, con la finalidad de que se le devuelva la dignidad a sus integrantes.
Manifestó el jurista Madera Arias que los representantes del Ministerio Público trabajan más, juegan un rol más importante y se sacrifican más que los jueces del orden judicial y los del Tribunal Constitucional, sin embargo, estos reciben casi el doble del salario, incentivos y remuneraciones que los que reciben los miembros del Ministerio Público.
Riesgos profesionales de los fiscales
El magistrado Madera Arias expresó que todos los fiscales del país en su diario accionar ponen sus vidas al peligro, arriesgan la seguridad y la paz de sus familiares, porque son los que investigan, arrestan, acusan, enfrentan y pelean en todos los terrenos contra los responsables de los diferentes tipos de delitos.
Dijo que los fiscales combaten en contra de los corruptos, los depredadores de los recursos del Estado, los narcotraficantes, los miembros del crimen organizado, los que se dedican al lavado de activos, al tráfico de personas, a los asesinos, sicarios, ladrones, atracadores, malhechores, agresores de mujeres, violadores de niñas, y de todas las personas que se dedican a las diversas actividades criminales y delictivas.
Según el Magistrado Madera Arias, han sido varios los fiscales que en el ejercicio de sus funciones han perdido la vida, han recibido disparos, agresiones físicas, amenazas e insultos, lo que constituye un sacrificio para dichos magistrados, que realizando sus labores ponen en peligro sus vidas y la de sus parientes.
Sostuvo que por los riesgos profesionales de los fiscales, limitan su calidad de vida, porque no pueden circular libremente en las calles, ni asistir a eventos donde hayan muchas personas, ni visitar centros de diversión, porque en cualquier momento corren el riesgo de encontrarse con un delincuente a los cuales ellos han combatido y acusado.
Sueldos de fiscales y jueces
Madera Arias calificó como ignorantes, insensibles y estúpidos a los redactores y a los legisladores que aprobaron la Ley No.105-13 sobre Regulación Salarial, porque igualaron al Procurador General de la República a los demás ministros, al asignarle el mismo salario, sin tomar en cuenta que el sueldo que le corresponde es el mismo que devenga el presidente de la Suprema Corte de Justicia.
En ese sentido, lamentó que una Procuradora General de la República, de lujo y con las condiciones profesionales, éticas y morales que tiene la Dra. Miriam Germán Brito, se haya sacrificado en su nivel salarial, porque apenas devenga un salario de trescientos mil pesos (RD300,000,00) mensuales, mientras tuvo que suspender la pensión que tiene como ex-jueza de la Suprema Corte de Justicia que supera la cantidad de los cuatrocientos mil pesos (RD$400,000.00) mensuales.
Además, expresó que magistrados “tan idóneos, honestos, abnegados, capaces, responsables y trabajadores” como Yeni Berenice Reynoso Gómez y Wilson Manuel Camacho, apenas devengan un salario de doscientos cincuenta mil pesos (RD$250,000.00) mensuales, mientras que sus pares en la Suprema Corte de Justicia, ganan más de 400 mil pesos (RD$400,000.00) al mes.
Dijo que a los de las suprema además les asignan más de cincuenta mil (RD$50,000.00) mensuales para la compra de combustible y otra suma similar por concepto de gastos de representación, mientras que los procuradores generales adjuntos apenas reciben la suma de diez mil pesos (RD$10,000.00) por ese concepto.
“Ocurre que los jueces siempre trabajan en la comodidad de sus escritorios, con aire acondicionado y todo tipo de confort, esperando que los representantes del MP les presenten los casos y que les sirvan en bandeja las pruebas que sustentan la acusación” agregó.
Madera Arias dijo que en virtud de la Ley No.133-11, Orgánica del Ministerio Público, de fecha 9 de junio del año 2011, a todos los miembros del Ministerio Público les corresponde el pago de un bono vacacional, un bono navideño, y otros incentivos, sin embargo, a los mismos los han engañado, porque nunca les han pagado las referidas prestaciones, motivo por el cual, a los mismos se les debe diez años de esos beneficios, y no se los pagan, a pesar de que los reclaman de manera constante.
Seguridad social
Por otra parte, los artículos 106 y 107 de la Ley No.133-11 establece la creación del fondo de retiros para los miembros del Ministerio Público, no obstante, esa situación, todavía no se ha puesto en ejecución el Plan de Pensiones, retiros y jubilaciones de ese órgano extra poder del Estado, lo que trae como consecuencia que los miembros del Ministerio Público están condenados a un retiro en condiciones de indigentes, con una mano atrás y otra alante, sin pensión, sin casa, sin carro, sin seguro médico, sin seguridad, sin chofer y sin ningún tipo de protección social.
Ramón Arístides Madera Arias manifestó que hasta los jueces de paz y su familia disfrutan de un seguro médico de la mayor cobertura, un plan platinium, cosa ésta que no poseen los miembros del Ministerio Público.
Detalla que todos los jueces del país, incluyendo los del Tribunal Constitucional tienen un buen plan de pensiones, excelente seguro médico, reciben bono vacacional, bono navideño, bono escolar, placa oficial, asignación de vehículos, choferes, seguridad, pago de gastos de representación, suministro de combustible y les pagan casi el doble del salario mensual que reciben sus pares del Ministerio Público, mientras éstos no reciben nada, cosa ésta que consideró como injusta, discriminatoria, ilegal, inconstitucional y abusiva en contra de los miembros del Ministerio Público.
Recordó el Magistrado Madera Arias que en virtud de lo que se disponía en los artículos 71, 72, y 73 de la Ley No.78-03 de fecha 15 de abril del año 2003, que creó el Estatuto del Ministerio Público, estos funcionarios recibirán las mismas remuneraciones que sus pares ante los tribunales en los cuales ejercen sus funciones, incluyendo todas las asignaciones e incentivos que corresponden a dichos cargos.
Recurso de ley para la Procuraduria
Por otra parte, el Dr. Ramón Arístides Madera Arias le hizo un llamado urgente al Presidente de la República, Lic. Luis Abinader, a fin de que en el presupuesto del año 2022 se cumpla con las disposiciones contenidas en el artículo 3 de la Ley No.194-04, y que se les entregue a la Procuraduría General de la República todos los recursos económicos que les corresponden por ley a este importante órgano extra poder del Estado.
Dijo que lo que se quiere es que se pueda dignificar la carrera del Ministerio Público, la cual está conformada por aproximadamente mil integrantes, en su mayoría honestos, trabajadores, bien formados, preparados, abnegados, responsables, y que trabajan de día y de noche poniendo en peligro su vida para enfrentar y combatir la delincuencia, la cual constituye el peor mal que preocupa a los dominicanos.
Madera Arias destacó las buenas intenciones que tiene la magistrada Miriam Germán Brito para dignificar y mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de vida de los representantes del Ministerio Público, pero que si no les hacen la entrega del presupuesto que le corresponde a la institución, no podrá ser posible cumplir con las reivindicaciones que les pertenecen y tienen derecho los miembros del Ministerio Público.
