SAN FRANCISCO DE MACORIS.- El Consejo Regional de Desarrollo (CRD) suplicó al presidente Luis Abinader blindar a la justicia dominicana propulsando un sustancial mejoramiento de las condiciones de vida, salariales y de garantías sociales en favor de los jueces y empleados judiciales, en virtud de que son profundas las penurias y agobios de ellos y sus familias.
Asimismo la entidad quien tiene entre sus ejecutivos a Abraham Abukarma, Amado José Rosa, Francisco Calderón Hernández, Julio Simón Lavandier y Oscar Peguero Fabián, pidió al primer mandatario de la nación contactar personalmente la gravísima situación que atraviesan nuestros jueces y sus familias, así como, el personal de soporte del tren judicial, por ser muy deprimente al tal forma que son muchos los magistrados y personas talentosas que desesperados han emigrado del mismo.
Resalta, que la perjudicial problemática que ha generado que desde hace más de 10 años no se ha producido ajuste en sus sueldos, ha tenido por agravante que los que salarios y el régimen de seguridad social que reciben los magistrados, los han arrojados en un muy preocupante ahogamiento económico, ya que éstos no les dan para sobrevivir y ni para tener una vida digna para ellos y sus familias.
Califica de muy penoso, que una gran proporción de nuestros jueces para subsistir tengan que recurrir a créditos en las bancas comerciales formales e informarles, y además, procurar financiamientos para educar a sus hijos, los cuales constituyen para ellos cargas insoportables.
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Sostiene, que resulta una situación inhumana, contemplar que después de un juez pasarse hasta más de diez horas en sus labores impartiendo justicia, muchos de ellos cansados y agobiados, en procura de su subsistencia, tengan que ir a impartir docencias en centros educativos por míseros salarios, lo que les impide el espacio que deben reservar para sus hijos y para el descanso que su delicada labor requiere.
Considera que la referida situación nos debe llenar de mucha preocupación, cuando vemos que un regidor de cualquier localidad y funcionarios de menor jerarquía, tienen mayores salarios y privilegios a los que se deben garantizar a nuestros magistrados, a quienes nos corresponde ofrecerles condiciones idóneas, que reivindique su dignidad como seres humanos, para establecer la justicia firme y sustentable que nos merecemos.
Finalmente, el organismo agrupa las provincias de la Región Nordeste y el Cibao Central, expresa que el país en su ruta correcta al desarrollo, debe retornar al encanto que se diò al Poder Judicial tras las reformas propulsadas en el 1994 por los líderes nacionales José Francisco Peña Gómez, Juan Bosch y Joaquín Balaguer, brindando a todo su personal condiciones laborales que sustenten la paz y los entornos que amerita la satisfacción de sus necesidades humanas prioritarias, a fin de que el mismo sea un instrumento eficaz de la solidez institucional y del progreso social.
