MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -El Gobierno de El Salvador ha advertido este martes de que los empresarios que no acepten transacciones con bitcoin podrán ser sancionados de acuerdo a la Ley de Protección al Consumidor.
Para esto, ha indicado el asesor jurídico de la Administración de Nayib Bukele, Javier Argueta, en una entrevista, será obligatorio para pequeños, medianos y grandes comercios contar con un sistema de pagos digitales en sus móviles que les permita aceptar transacciones con bitcoin.
Argueta ha insistido en la obligatoriedad de contar con la aplicación, diseñada por el Gobierno, para transacciones digitales, reforzando las palabras que Bukele ya anunció en junio, cuando aseguró que "si hay una señora que vende fruta en el mercado, está obligada a recibir el pago en bitcoin".
Respecto a las sanciones concretas que podrán aplicarse, Argueta ha admitido que "en materia de derecho sancionatorio la ley (de bitcoin) no trae nada, sí hace referencia, por ejemplo, a una integración normativa, en una figura que se llama normas penales en blanco donde hace remisiones de infracciones a la Ley de Protección al Consumidor, hace referencia también a la Ley de la Superintendencia del Sistema Financiero".
Bukele, ha anunciado este lunes que El Salvador ha comprado sus primeros 400 bitcoins, en vísperas de convertirse en el primer país del mundo en adoptarla como moneda de curso legal. Para este martes hay convocadas diversas manifestaciones para protestar contra esta ley, para la cual se ha presentado un nuevo intento de derogación en la Asamblea Legislativa salvadoreña que ha sido rechazado gracias a la mayoría absoluta de la que cuenta Bukele.
Por otro lado, el Gobierno lanzará una cartera digital que se llamará 'Chivo', sinónimo de 'cool' en el país centroamericano. Para fomentar el uso de la criptomoneda entre los salvadoreños, la Administración de Bukele ofrecerá 30 dólares (25 euros al cambio actual) en bitcoin a cualquier ciudadano que se abra una cuenta en la plataforma.
En junio, el Parlamento salvadoreño aprobó la legalización de la criptodivisa. La ley recoge que el uso de la moneda virtual será "irrestricto, con poder liberatorio e ilimitado en cualquier transacción y a cualquier título que las personas naturales o jurídicas públicas o privadas quieran realizar".
