El Ministerio Público olvidó convenientemente que el 95% de los contratos de Odebrecht y los consiguientes addendums o anexos que permitieron elevar en un 50% las obras.
Respeto y valoro el esfuerzo desplegado por el Ministerio Público para procesar a una parte de los presuntos implicados en el más importante expediente de corrupción administrativa que se ha conocido en el país, en el que notoriamente se excluye a los que podrían ser los principales responsables y autores materiales de esa urdimbre mafiosa.
Me resulta muy difícil imaginar en las motivaciones de las actuales autoridades de Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) una motivación diferente al interés de hacer justicia y enviar un mensaje claro de no condescendencia con la corrupción, que es el gran reclamo de la sociedad dominicana.
Pero no entiendo todavía por qué el ensañamiento contra Andrés Bautista García, un profesional y empresario reputado por su decencia, honradez y dedicación al trabajo, y un exitoso político que a pesar de ser actor de primera línea en una actividad que se caracteriza por la tendencia a descalificar, al contrario, nunca afrontó un solo cuestionamiento sobre su integridad en cualquier plano de su vida.
De acuerdo a una investigación periodística auspiciada por el International Center for Journalists (ICFJ), la República Dominicana está en el top tres del ranking latinoamericano de incrementos presupuestarios en obras otorgadas a Odebrecht. La mayoría de los incrementos fueron por obras adicionales y alteraciones de ingeniería, que no pasaron por concursos públicos y se mantuvieron en manos de la constructora brasileña y sus socios mediante reiteradas modificaciones a los contratos.
Siendo legislador o presidente del Senado, no se ha demostrado que Andrés Bautista apoyara los proyectos otorgados a la firma brasileña, y mucho menos que tuviera responsabilidad con los contratos adjudicados o modificados para favorecer a Odebrecht y a sus cómplices locales.
El expediente de Jean Alain
Mediante un documento difundido el 7 de junio del 2018 por el entonces procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, el doctor Andrés Bautista García fue formalmente imputado como autor de los delitos de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Se trataba del expediente donde se consignaban las acusaciones contra 6 de los 14 encartados originales del caso Odebrecht y en cuyo grupo fue agregado el alto dirigente opositor y ex presidente del Senado, Jesús Vásquez Martínez, bajo el cargo de prevaricación, soborno, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y quien demostró en la fase preliminar del proceso que las transacciones citadas por el Ministerio Público para sustentar esa imputación correspondían a los recursos que logró conseguir prestados para someter a su hija a un complejo procedimiento quirúrgico en los Estados Unidos.
Aunque nunca presentó evidencias suficientes para sustentar los delitos atribuidos a Bautista García, la Procuraduría General de la República intentó argumentar que durante su gestión como presidente del Senado se aprobaron tres contratos de obras con Odebrecht, y le atribuyó haber manejado mil 900 millones de pesos en una cuenta bancaria, insinuando que ese dinero era fruto del soborno pagado por la firma brasileña.
Nunca estuvo en ese entramado
El Ministerio Público olvidó convenientemente que el 95% de los contratos de Odebrecht y los consiguientes addendums o anexos que permitieron elevar en un 50% las obras contratadas en el país, fueron aprobados cuando el Congreso era dirigido por el Partido de la Liberación Dominicana.
También olvidó, como lo recordó en algún momento el propio Andrés Bautista, que los jefes del Poder Ejecutivo y los funcionarios del Gobierno Central, son los responsables de adjudicar las obras, elaborar los contratos, asignar los fondos, buscar los préstamos, proponer los cambios en el presupuesto y ejecutar y pagar las obras.
Sin embargo, quien ha sido retenido como culpable favorito o víctima propiciatoria ha sido el ex presidente del PRM, cuyo nombre no se menciona ni una sola vez en las 19 mil páginas del expediente elaborado en Brasil sobre el caso Lava Jato, según el abogado Carlos Salcedo.
En cuanto a la acusación de enriquecimiento ilícito, el Ministerio Público sencillamente obvió referirse a las pruebas certificadas por el Banco Popular Dominicano y el informe elaborado por especialistas en la materia que detallaban cada movimiento económico legítimo de Andrés Bautista durante más de 20 años, que incluye 37 carpetas de soportes con todas las facturas, cheques, múltiples préstamos, comprobantes de pagos y recibos de ingresos en las cuentas del Banco Popular de Andrés Bautista García, producto de sus actividades empresariales.
Andrés ha debido recordar que cuando llegó a la presidencia del Senado ya tenía 30 años como productor agropecuario, precisando que el flujo bancario citado como supuesta prueba en su contra corresponden exclusivamente a préstamos bancarios y a la venta de cerdos y ganado producidos durante más de 15 largos años de duro trabajo.
Quiero apostar a que el esfuerzo limitado y penosamente excluyente del caso Odebrecht concluirá con un resultado favorable al rol de la justicia independiente que demanda el país, pero me resisto a ser testigo pasivo y silente del atropello irreparable ya cometido contra un ciudadano no solo inocente, sino también ejemplar y digno de emulación, de acuerdo su trayectoria y su hoja de vida. (8 de septiembre, 2021)
