Pero una lectura de la vigente ley sobre control de precios, permite observar que, además de estar vigente, tiene mucho por hacer si se actuara con conocimiento de esta.
Desde 2007, el mes de septiembre, es el mes de Pro consumidor, pues a partir de esa fecha, es cuando el Estado Dominicano cuenta con una herramienta institucional dedica exclusivamente, a ser el órgano rector del sector consumo de la nación. Pero ese aniversario podría conducir a engaño a cualquiera que no indague sobre las peripecias institucionales del país, porque, a decir verdad, Pro consumidor inicio su incursión en el país con la Constitución del 63, en el gobierno de Juan Bosch. Aquel gobierno otorgó rango constitucional al derecho de consumo, pero con el Golpe de Estado de entonces, el tema entró en el olvido hasta que el señor Morillo López, en los Doce Años de Balaguer, lo rescató como un simple departamento dentro de Industria y Comercio, encargado de controlar los precios, es decir reducido al cumplimiento de la Ley 13, sobre la Canasta Familiar, el cual se mantuvo a flote, gracias a la labor incesante de doña Argentina Álvarez, quien, con justicia, merece que el Pro consumidor o sus instalaciones, lleven su nombre.
Luego se creó, por ley, el Instituto Dominicano de Estabilización de Precios (INESPRE), órgano encargado, hasta la fecha, de procurar relaciones armónicas entre productores y consumidores, pero que dada la debilidad institucional del país ha operado con altas y bajas, por ejemplo, ahora no está claro su rol ni su relación con Pro consumidor, pero esto se debe a las peripecias de la política vernácula, la cual es vista como botín. De manera que pocos, tanto en Pro Consumidor como el INESPRE, van a esas posiciones con un plan conforme al mandato que la ley les otorga. Esto hace que cada gestión, sea presa de la improvisación por desconocimiento de su objeto. El resultado es un pésimo servicio al país y unos cuantos que salen ricos de esas posiciones.
Pero una lectura de la vigente ley sobre control de precios, permite observar que, además de estar vigente, tiene mucho por hacer si se actuara con conocimiento de esta. O, si se la concibiera como otra ley de los también dispersos órganos sectoriales. Esto así, porque hoy más que ayer, nuestros productores como nuestros consumidores precisan de sus servicios, pero si la burocracia llamada a ponerlas en marcha no tienen idea de su objeto, la labor se dificultad y cae al vacío.
Volviendo al Pro consumidor actual, su primera gestión, a partir de 2007, se centró en darle vida y, a decir verdad, inició con una burocracia sin compromiso social con el órgano recién creado. Es con la segunda administración de dicho órgano que el mismo adquiere relevancia institucional, sobre todo, porque permitió otorgar rango constitucional a dicho derecho aprovechando, inteligentemente, la reforma constitucional de 2010. Así, Pro consumidor volvió a sus inicios cuando nació como derecho de rango constitucional.
A partir de ahí, una burocracia comprometida con este derecho de tercera generación, afianzó logros importantes; pero los vaivenes del juego democrático, ocasionaron el que dicha gestión no tuviere continuidad más allá de los tres periodos en que se mantuvo. La discontinuidad que desde entonces le caracteriza, permite presentarlo como un león sin garras, pues los sectores llamados a ser regulados se han apoderado de sus políticas públicas. Desde su origen, la Ley 358-05 debió transarse en la creación de un consejo donde los sectores a ser regulados tienen una presencia efectiva y activa; mientras que la representación de los consumidores ha quedado débilmente conformada por elementos no representativos. No solo porque sea débil el movimiento consumerista sino porque los incumbentes estatales, las más de las veces, actúan contrario a la ley y a la constitución, pues tratan de poner a su servicio dicha política pública en confabulación abierta con el sector privado.
De manera que allí se ha violado, de manera flagrante, los principios básicos de la democracia, pues el Estado no actúa como ente regulador y productor de equidad sino que se inclina hacía los intereses del sector privado. Hoy día puede decirse que la representación consumerista sigue siendo inorgánica gracias a que quienes deben procurar la equidad, se hacen los suecos. De modo que no son agradables las noticias que vienen desde Pro consumidor en su aniversario.
Esto genera políticas contingentes y que, excluyen, por ejemplo, que la tecnificación requerida en materia de inspección sea nula, que la presencia del Pro consumidor en los órganos sectoriales sea nula, en telecomunicaciones, energía eléctrica, salud, seguridad social, banca, sector laboral, competitividad, etc. Y, muy particularmente, en lo referente a temas de buenas prácticas comerciales. Esto así porque la incidencia de Pro consumidor en el CODOCA, INDOCADL, ODAC, etc., es tan imperceptible que, allí lo que se plantea es una reforma a la Ley 166-12, para relanzar el objeto de la política de calidad, dada la retranca que representa Pro consumidor. Pues no existe una política de observancia y vigilancia de inspección, ni la tecnificación de lugar.
Es lamentable que la acción represiva de Pro consumidor se limite a pequeños negocios y a remitir expedientes a la Procuraduría en flagrante desconocimiento de la ley. Por suerte, ante la debilidad institucional del Estado, está naciendo una sociedad civil que por intermedio de ONPECO, FUNDECOM, ACACDISNA, ADEPROCO, FUNDA, ADESA, etc., organiza por estos días, el Segundo Foro Nacional sobre Consumo Responsable y Sustentable, con el objeto de trazar lineamientos sobre salud, seguridad social, cambio climático, agua, energía eléctrica, comunicaciones, turismo, etc. Organizaciones nacionales que, por demás, mantienen vínculos con el movimiento consumerista internacional. DLH-11-9-2021
