Indica que a ocho años de la Sentencia 168-13, ninguna de las soluciones propuestas por el Estado, ha resuelto el problema
Santo Domingo, La plataforma Dominicanos por Derecho (DXD), hace un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, a evitar que la injusticia siga extendiéndose a las nuevas generaciones e insta al Estado a cumplir su mandato de garantizar la nacionalidad a cada uno de los dominicanos desnacionalizados
Dijo que hace ocho años de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que desnacionalizó a miles de dominicanos y dominicanas, por ello recuerda que esta pendiente el compromiso de restaurar la nacionalidad dominicana a las personas no registradas que aplicaron al procedimiento de la Ley 169-14 y que siguen a la espera de ver su ciudadanía acreditada de manera efectiva.
“Señor presidente, usted tiene la oportunidad de hacer justicia e historia. La exclusión del registro civil, negación de documentos y de acceso a servicios públicos a personas dominicanas por el origen extranjero de sus padres tiene un impacto más allá de lo identitario: obstaculiza los esfuerzos de superación de miles de dominican@s, condenándoles a la inexistencia jurídica, desprotección del Estado, a una vida de pobreza y/o explotación laboral que se extiende a sus familias y comunidades” expone DXD en un comunicado.
Sostuvo que la sociedad dominicana merece que todos sus hijos sean tratados con igualdad, que sus derechos sean respetados, como se garantiza en la Constitución. “Nuestra lucha no caduca. Estamos ante un despertar. Miles de jóvenes, padres, madres, adultos con proyectos de vida asombrosos, emprendedores natos, con talento deportivo, potencial creativo, activistas, voluntarios, líderes en sus comunidades y congregaciones religiosas, con hambre de crecer y de que sus aportes a la sociedad sean reconocidos, rompen el silencio y hacen visible sus dificultades de acceso a documentos que acrediten su nacionalidad. Sus esfuerzos para gestionar y encontrar solución a sus casos son un hermoso espejo en el que la sociedad dominicana se ve reflejada” expresó.
Explicó que los dominicanos desnacionalizados por la TC 168-13 que viven en zonas rurales y en sectores vulnerables de las grandes ciudades son frecuentemente detenidos por la Dirección General de Migración, corriendo el riesgo de ser expulsados erróneamente de su propio país.
Indicó que la JCE continúa con el traslado de actas a los llamados libros de transcripción y, en consecuencia, con las demandas de nulidad para eliminar el primer registro: “una interpretación contraria al espíritu de la Ley que ordena “regularizar y/o transcribir en los Libros del Registro Civil”.
Expuso la organizacion que los 7 mil 147 dominican@s desnacionalizad@s que pudieron acogerse al procedimiento de naturalización (beneficiarios del literal B del artículo primero de la ley 169-14) y cuyos expedientes fueron revisados y aprobados por el Ministerio de Interior y Policía (MIP), continúan indocumentados y con riesgo de expulsión de su país de nacimiento.
Dijo que la emergencia sanitaria, producto del COVID-19, ha acrecentado los niveles de vulnerabilidad y de exclusión social en los que se encuentran los dominicanos desnacionalizados, quienes no pueden tener acceso a los programas de asistencia social que el Estado otorga. Esto debido a que el requisito indispensable es una cédula de identidad y electoral, documento que a miles de ellos no se les ha expedido por la lentitud de la aplicación de la ley 169-14.
“A pesar de los obstáculos, por cada acto de discriminación institucional, hay brillantes preseas que se cuelgan en el medallero nacional. Por cada acto de exclusión también hay un dominican@ que es hij@ del cañaveral quien, por mérito propio, nos llena de orgullo, haciéndonos ondear la bandera. Los logros obtenidos en programas deportivos, de salud y educación dejan claro que cuando hay voluntad política siempre se encuentra un camino justo para solucionar las problemáticas que afectan a las y los dominican@s. De manera que cuando los y las ciudadanos tienen acceso a sus documentos, se abren oportunidades para el desarrollo de las comunidades”.
“Es un momento para la responsabilidad. No caben las posturas ambiguas: o se defiende la dignidad de las personas o se está en contra de ellas (…) Decisiones injustas, poco civilizadas, están quitándoles el derecho a la nacionalidad a los dominicanos y dominicanas de rostros distintos. Estoy en la vida política porque quiero garantizar a todos los dominicanos y dominicanas igualdad ante la ley: un país civilizado no debe tolerar ningún tipo de discriminación”.
