Esta acción será presentada formalmente en un plazo máximo de una semana.
MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) – Diputados de los partidos de oposición al Gobierno de Chile han anunciado que ya trabajan en la redacción de un texto de acusación constitucional contra el presidente del país, Sebastián Piñera, por haber utilizado un paraíso fiscal para la venta de la empresa Minera Dominga, tal y como se recoge en los Papeles de Pandora.
Esta acción será presentada formalmente en un plazo máximo de una semana, y ha sido impulsada por el Partido Socialista (PS), la coalición Frente Amplio (FA), el Partido Demócrata (DC), el Partido por la Democracia (PPD) y por la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), según recoge el diario local 'La Tercera'.
Los Papeles de Pandora, publicados el pasado domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), apuntan que la familia de Piñera y el empresario Carlos Alberto Delano habrían firmado la compraventa de la Minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas por más de 150 millones de dólares –algo más de 131 millones de euros–.
"Ha comprometido el honor de la nación al privilegiar el lucro e interés privado sobre la defensa del medioambiente", ha expresado el diputado de PC Daniel Núñez en referencia a la actitud "indecorosa" de Piñera.
En esta misma línea, desde Frente Amplio han ratificado este punto de vista, mientras que Jaime Naranjo, en representación del PS, ha confirmado que "todas las bancadas de oposición" han acordado la Acusación Constitucional contra el presidente.
"Los motivos y los fundamentos de esa acusación van a estar basados por haber infringido el principio de integridad (…) y también por comprometer gravemente el honor de la patria", ha dicho.
La idea de la oposición es que esta votación se lleve a cabo antes del 21 de noviembre, fecha en la que Chile celebrará sus comicios parlamentarios y presidenciales.
Al respecto, el ministro de Secretaria General de Presidencia, Juan José Ossa, ha criticado que se esté empleando una herramienta constitucional para "fines políticos y electorales".
"Cuando se conoció esta noticia (los Papeles de Pandora) el domingo en la tarde, ya el lunes en la mañana se anunciaban acusaciones constitucionales. Sabemos que ninguno de los antecedentes conocidos como los Papeles de Pandora añadió nada nuevo que no hubiese conocido la Justicia ni la opinión pública", ha expresado.
RESPUESTA DE PIÑERA A LOS PAPELES DE PANDORA
Por su parte, el presidente Piñera se defendió este lunes de las informaciones publicadas por ICIJ y aseguró que la venta de Minera Dominga no le fue "consultada ni informada", y apuntó que la información vertida en los Papeles de Pandora "no es nueva".
"(Los hechos) fueron públicamente conocidos el 2017 y fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y resuelto por los tribunales de Justicia el 2017″, sostuvo, a la par que insistió en que ni el ni su familia tienen sociedad de inversión en el extranjero.
Previamente, desde Presidencia de Chile ya habían desmentido a través de un comunicado que el mandatario participara en la venta de Minera Dominga, aunque desde la oposición ya habían exigido a Piñera dar una "explicación contundente" sobre la transacción de dicha empresa, instándole a dar una rueda de prensa para responder a las preguntas de la prensa.
Los Papeles de Pandora consisten en una serie de documentos que mostrarían cómo 35 destacados líderes y antiguos líderes mundiales como el presidente ruso, Vladimir Putin; el rey Abdalá de Jordania; el primer ministro checo, Andrej Babis; o el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, tienen activos en paraísos fiscales.
Los documentos filtrados podrían impulsar casos por delitos de corrupción, blanqueo de capitales o evasión fiscal, aunque en su mayor parte son prueba de operaciones totalmente legales a las que recurren los ricos y poderosos para crear empresas para comprar propiedades
Los Papeles de Pandora siguen la estela de filtraciones de documentos como los Archivos FinCen, los Papeles del Paraíso, los Papeles de Panamá y LuxLeaks, pero la ICIJ asegura que esta última es la mayor filtración, con 14 fuentes, casi 12 millones de archivos y casi 3 terabytes de datos.
