Para entenderlo es necesario comprender la manera en que opera el negocio financieramente y el impacto social que podría generar su desaparición formal.
Por Diómedes Tejada Gómez
A propósito de la posible reforma fiscal venidera, algunas personalidades del país, entre ellas Hipólito Mejía y el Ing. Ramon Alburquerque han promovido la idea de que se penalicen las bancas de lotería.
El argumento esencial de Hipólito es de por sí atendible. Se orienta a proteger la economía doméstica, algo que deberían tener en cuenta todos los involucrados en este tema. Pues, si la reforma fiscal resulta necesaria, esta debería enfocarse a “penalizar sectores que no gravitan en el costo de la familia”.
El de Ramón Alburquerque es más de orden cuantitativo y en parte de justeza impositiva, lo que lo hace no menos atendible. En efecto, la mayoría de las bancas no pagan impuestos, lo que afecta no solo al Estado sino también a los que cumplen con sus responsabilidades impositivas.
Ambas intervenciones fueron ampliamente difundidas por los medios, especialmente, las redes sociales. Y por la amplitud alcanzada se debe concluir que las bancas de lotería se han convertido de uno de los temas de mayor atención en la República Dominicana
¿Pero qué piensan los empresarios del sector de lotería al respecto?
Según mis conversaciones con muchos de ellos ninguno se opone al pago de impuesto. Todos comparten el espíritu que anima el tipo de intervenciones como las realizadas por Hipólito Mejía y Ramon Alburquerque. Al igual que Hipólito creen que el presupuesto familiar no debe ser afectado por una reforma fiscal, que se deben buscar alternativas impositivas que no perjudique la canasta familiar. “Esto es algo que no conviene a nadie”, me argumentó uno de los banqueros.
Sin embargo, la mayoría cree que, si bien los juegos podrían ser una de las mejores alternativas del gobierno, sus disposiciones impositivas, más que incrementar los impuestos a las bancas, debería orientarse a ampliar la base de la cobranza dentro del sector de juegos de lotería.
En efecto, actualmente en el Ministerio de Hacienda hay un registro de unas 34 mil bancas de lotería. Cada una de estas debe pagar por Ley un promedio de 60,232 pesos al año. Esta cifra contempla el impuesto único (35,000 pesos), el 1% sobre ventas brutas, más la indexación por inflación acumulada. Si multiplicamos este monto global por las 34 mil bancas registradas se notará de inmediato que el Estado percibe anualmente unos 2,048,135,520.00 por impuestos a las bancas de lotería.
Pero el tema es que en el mercado operan más de 130 mil bancas como bien destaca Ramon Alburquerque en uno de sus Twitter, de las cuales más de 96 mil operan sin pagar impuestos. Ahora bien, dado que las operaciones ilegales de estos establecimientos de loterías ocasionan pérdida al Estado y afectan seriamente la rentabilidad de las que operan legalmente, lo apropiado y conveniente sería que el Estado los regularice y les cobre el impuesto establecido actualmente.
De acometer esta acción el gobierno podría incrementar sus ingresos en unos 5,782,970,880.00, que sumado a los que actualmente percibe elevaría su cobranza a unos 7,831,106,400.00 por concepto de impuestos a las bancas de lotería; una suma para nada despreciable en el contexto de las necesidades de nuevos recursos financieros por parte del Estado.
Los inconvenientes de incrementar el impuesto a las bancas.
Sin embargo, para muchas personas que hacen opinión pública el Estado debería penalizar hasta su desaparición los juegos de lotería. Entienden que apostar no es una necesidad, por lo que lo más conveniente sería desalentar la propensión al juego.
Al iniciar la investigación para este mini reportaje yo sostenía un punto de vista semejante. Sin embargo, los datos me indicaron que un incremento del impuesto podría ser desastroso para el Estado y la sociedad.
Para entenderlo es necesario comprender la manera en que opera el negocio financieramente y el impacto social que podría generar su desaparición formal.
Lo primero que debemos aclarar es que las bancas de lotería comercializan jugadas de quiniela, pale y tripletas. Por ley estas empresas deben devolver el 72% de lo apostado a los jugadores. Eso significa que para mantener las operaciones y obtener algún beneficio ellos cuentan con apenas un 28%. De este porcentaje deben pagar los impuestos al Estado, pero también locales, empleados, servicios tecnológicos, equipos, consumibles, transporte, servicio de comunicaciones, electricidad, combustible, entre otras tantas cosas.
De igual modo, con este porcentaje deben hacer frente a la tasa de indexación anual por inflación al impuesto establecido, y a los incrementos de costos que les genera la tasa de inflación anual de los productos y servicios.
Para que se tenga una idea más clara de estos hechos, pensemos que para este año la tasa de inflación posiblemente termine en 10% más alta. Eso significa que el impuesto que se paga al Estado se incrementará el próximo año en 6,500 pesos o más. Mientras el costo operacional por bancas se incrementará en unos 12 o 15 mil pesos.
Para otros tipos de negocios, esto sería solo un inconveniente circunstancial, pero sin un fuerte impacto destructivo de su rentabilidad; pues estos podrían transferir la inflación al precio de los productos o servicios que comercializan.
Sin embargo, dado que los beneficios brutos de las bancas son una constante fijada por ley, a las estas le resultaría imposible indexar la inflación a sus productos lotéricos a modo de compensación. Bajo esas condiciones solo les quedaría un camino: la quiebra económica.
De modo que, si el Estado buscando mejorar sus ingresos incrementa el impuesto a las bancas de lotería, en vez de ampliar la base de recaudación en el sector, entonces probablemente termine sin ningún ingreso proveniente de este sector debido a la quiebra que le sobrevenga a este tipo de negocios.
Pero las consecuencias de una posible quiebra de las bancas de lotería van más allá de las simples pérdidas de ingresos del Estado. Se perderían también más de 150 mil empleos y llevaría la inseguridad social a más de 250 mil personas ya que no habrá forma de que estas se puedan mantener el pago de la TSS.
Pero también se incrementaría la ilegalidad.
Para algunos la quiebra de las bancas de lotería sería motivo de alegría. Tontamente creen que si no hay negocios de apuestas no habrá apuestas. Eso es como pensar que si desaparecen las iglesias desaparecerá la religión.
Al contrario, si todos los países han legalizado de un modo u otro los juegos de azar, es porque resulta difícil, sino que imposible, eliminar esas actividades. Si las bancas de lotería quiebran el problema para el Estado será mayor, porque además de los impuestos que dejará de percibir y el incremento del desempleo inducido, habrá de vérsela con un sólido incremento de la ilegalidad en el ámbito de los juegos de azar. Pues el mercado, producto de la disposición al juego, continuará y esta será colmada por las ventas ilegales.
De modo que lo más conveniente e inteligente para el actual gobierno sería promover la regulación de las bancas que operan ilegalmente en estos momentos, manteniendo la actual tasa impositiva. Con esta simple decisión el gobierno incrementaría significativamente los ingresos del Estado, mantendría vigente las decenas de miles de empleos, evitaría que cientos de miles de personas queden fuera de la seguridad social y en el futuro inmediato no tendría que vérsela con un profundo incremento de la ilegalidad como otra de las tantas consecuencias nefastas que generaría la quiebra de los negocios de lotería.
