Organizaciones campesinas, ambientalistas y de consumidores dicen que eso viola la Constitución de la República y el Pacto Eléctrico
La Articulación Nacional por el Derecho Humano al Agua se opone radicalmente a las pretensiones de enajenar el recurso agua que propone el Gobierno, mediante la venta de acciones de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID).
En un comunicado, la agrupacion indica que eso constituye una violación a la Constitución de la República, e incluso, al Pacto Eléctrico, en el que se dejó claro que estas empresas generadoras continúen perteneciendo al Estado dominicano y un bien público.
Sostiene que la EGEHID es la empresa que maneja las presas, las cuales han sido construidas por el Estado con recursos que pagamos todos y con el propósito fundamental de garantizar que el recurso agua satisfaga las necesidades de la población en cuanto al manejo del bien para el consumo de todos en el pueblo dominicano.
Explica que el agua es un bien muy codiciado por capitales <`buitres` locales y foráneos> que andan detrás del recurso, porque debido al <estrés hídrico> que vive el planeta como consecuencia del cambio climático, ha empezado a escasear y a no ser accesible lo que la convierte en un novedoso y atractivo medio para hacer negocios multimillonarios, sobretodo si es adquiriendo derechos del dominio público sin importar su valor insustituible para la vida humana.
Asegura que vender acciones de unas de las pocas empresas que dejan beneficio al Estado y que además provee agua para satisfacer las necesidades y vida de todos es una de las estrategias de privatización, que responde al cabildeo soterrado de poderosos intereses privados, que buscan alzarse con el bien y recurso finito fundamental para la sostenibilidad y la vida humana, constituyendo así mismo, un atentado contra nuestro patrimonio nacional estratégico de uso público inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida (Artículo 15 de la Constitución Dominicana).
Señala que la venta de acciones de las presas es una deplorable forma de enajenar un bien público, patrimonio de todo el pueblo dominicano. “Es deleznable e irresponsable que se vendan las presas a sectores privados y particulares para que sean estos que les vendan el recurso a los acueductos del país al precio que le impongan las reglas del mercado, y en adición que este afán privatizador deje muchas tierras sin cultivar y ponga en peligro la seguridad y la soberanía alimentaria del país”.
Precisa que el agua es el principal tesoro con que cuenta nuestro país, venderla al sector privado para que este a su vez se la venda al Estado es una vergüenza a la que nos exponen, por lo que nos oponemos y esto lo hacemos por el bien no solo nuestro, sino de las generaciones por venir. Ellas no nos perdonarán que permitamos esta aberración e irresponsabilidad por parte de los representantes del Estado dominicano.
Indica que desde que se aprobó la Ley número 47-20, (Ley de Alianzas Público-Privadas), en el Gobierno y Congreso anterior, quedó claro que el agua es un objetivo impulsado por el sector económico que trafica con el sector político para enajenar recursos y bienes públicos. Y este Gobierno se está encargando de hacer realidad esa intención solapada que introdujeron en la legislación del pasado período gubernamental.
“No vamos a permitir que se enajene el recurso agua bajo ninguna plataforma o circunstancia, en violación a la Constitución; y no vamos a permitir la privatización del agua ni de las infraestructuras hidráulicas del dominio público hídrico dominicana, como aspiran sectores oscuros y antidemocráticos”.
Recomienda al gobierno que buscar otra fuente de ingresos y a los directores de los organismos que regulan el agua que se alineen, porque de ocurrir la venta de las presas, no tendrán nada que hacer.
Considera que el recurso agua debe ser bien manejado para que, como derecho, llegue a todos, pero siempre manejado por el Estado por ser este el garante de los derechos de los ciudadanos conforme a los postulados constitucionales.
