En República Dominicana seis de cada 10 personas no cuentan con un suministro de agua frecuente, lo que ha hecho que el 86 % de los hogares urbanos y el 76 % de los rurales se vean obligados a buscar mecanismos alternativos de supervivencia alternativos, como tanques, cisternas y camiones de aguas.
Asi se expresó Craig Kullmann, especialista en abastecimiento de agua y saneamiento del Banco Mundial, durante la presentación del informe “República Dominicana: Revisión del Gasto Público”, en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo a cargo del referido organismo internacional a petición del Gobierno.
El especialista ponderó que en el país existen altas tasas de agua no contabilizada, en donde el 65 % del agua producida no está siendo facturada. “En República Dominicana las tasas de agua no contabilizada oscilan entre 45 % y 95 % entre las empresas públicas, este es un factor clave de la falta de continuidad de los servicios, pero además es un problema financiero”.
Aseguró que la baja calidad del servicio hace que las personas no confíen en las empresas públicas y esto se ve expresado en la falta de pago, y como mecanismo las personas buscan otro mecanismo para sobrevivir. “Lo que ha ocurrido en República Dominicana es que la dependencia del agua embotellada ha aumentado desde un 13 % en los años 90 a 89 % en 2016 en áreas urbanas”.
Kullmann dijo que las investigaciones globales indican que la gente no debe pagar más del 5% para los servicios de agua potable y saneamiento, sin embargo, los hogares más pobres en República Dominicana gastan hasta 12 % de sus ingresos en agua embotellada para satisfacer sus necesidades básicas.
Respecto al tema agua, el economista Rafael Espinal, pasado director de la carrera de economía del INTEC, señaló que el problema institucional es serio en el marco de la dotación de agua potable, y precisó que este se evidencia en la dispersión de instituciones servidoras de agua potable con divergencias enormes entre la capacidad de facturación de unas y los gastos operativos de otras.
El economista sostuvo que, más allá de la administración de las entidades que dotan el agua potable, existe un tema de institucionalidad en materia de penalización.
Denunció que los gastos operativos cubiertos por el gobierno subsidian al que se roba el agua y a aquel que paga una facturación del agua muy baja por un consumo muy alto. “Los subsidios universales en el agua potable que se están dando para los gastos operativos de las dotadoras del servicio y para las inversiones públicas no están llegando a los más pobres, están llegando a los que se roban más agua”.
Sobre la calidad del agua, dijo que la desconfianza de la calidad del servicio por parte de los usuarios genera un negocio que concentra riqueza en los que producen agua embotellada, es decir, la mala calidad les transfiere beneficio a los embotelladores.
“Si la calidad fuera buena, pues el negocio de los embotelladores no fuera tan rentable y masivo, y con el agravante de que muchas de esas embotelladoras tampoco garantizan la calidad porque no hay una institución que supervise debidamente la calidad del agua servida por quienes tienen el negocio del embotellamiento”, enfatizó Espinal.
Durante la presentación el Banco Mundial, moderada por el decano del Área de Economía y Negocios del INTEC, Armando Barrios, aseguró que restablecer la sostenibilidad de la deuda, simplificar el sistema tributario, fortalecer y unificar los sistemas de la protección social, son otras de las prioridades claves pospandemia para una recuperación sostenida del crecimiento en la República Dominicana.
Miriam Montenegro, especialista en Protección Social y Trabajo consideró que, en la última década, el país mostró altas tasas de crecimiento conjuntamente con una reducción significativa en los niveles de pobreza y desigualdad, pero aún persisten brechas importantes y emergen nuevos desafíos.
Asimismo, afirmó que la mitad de la población de República Dominicana está en condición de vulnerabilidad y, ante un shock externo, es susceptible de caer nuevamente en pobreza.
La experta señaló, además, que los programas de protección social han demostrado ser eficientes en reducir pobreza y desigualdad. “A nivel global sin los programas de emergencia la pobreza dominicana hubiera aumentado alrededor de 8 puntos porcentuales y la desigualdad alrededor de 7 puntos porcentuales”, precisó.
En ese sentido, Richard Medina, director de la carrera de Economía del INTEC, consideró importante reorganizar la protección social en República Dominicana con el objetivo de evitar la duplicidad de recursos y focalizarlos en aquellos hogares que lo necesitan, “esto mejoraría la calidad y eficiencia de los servicios que se aportan”, señaló.
Medina afirmó que el déficit que provoca el sector eléctrico y su subsidio tiene un peso importante en las finanzas públicas de República Dominicana. “De 2010 a 2018 casi la mitad del aumento de la deuda pública, en ese momento, se explicaba por el déficit del sector eléctrico, ya fuera que las Empresas Estatales Distribuidoras de Electricidad -EDES- asumieran las deudas, que las EDES mantuvieran atrasos de facturas con los generadores de electricidad, o que fuera el mismo gobierno quien asumiera la deuda o hiciera transferencias al sector”, dijo al comentar la presentación del capítulo sobre macroeconomía del Informe, realizado por Johannes Herderschee.
