Daniel Ortega se reeligió por quinta vez presidente de Nicaragua, esta vez con todos sus adversarios presos. La maniobra fue calculada, a cada opositor con posibilidad de desplazarlo de la presidencia de la República, el gobierno le construyó un expediente iniciando así su judicialización. La repulsa de la comunidad internacional no se ha hecho esperar.
Entre los que han denunciado la “farsa” está la Unión Europea, que ha denunciado la falta de garantías democráticas durante los comicios celebrados el domingo 7 de noviembre.
La UE también ha denunciado la falta legitimidad de los resultados, por lo que ha exigido al presidente, Daniel Ortega, que "devuelva la soberanía" al pueblo de Nicaragua. Ha amenazado con adoptar nuevas y amplias sanciones que vayan más allá de las restricciones individuales.
"Las elecciones del 7 de noviembre han tenido lugar sin garantías democráticas y sus resultados carecen de legitimidad", ha asegurado el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, en una contundente declaración en nombre de los Veintisiete.
El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) del presidente de Nicaragua se ha hecho este domingo con cerca del 75 por ciento de los votos en las elecciones generales que la UE ya tachó de falsas dado el contexto de represión en el que se han celebrado.
El bloque europeo acusa a Ortega de haber eliminado toda la competencia electoral y haber privado al pueblo nicaragüense del derecho de elegir libremente a sus representantes.
"La integridad del proceso electoral fue aplastada por la encarcelación sistemática, la intimidación y el acoso de los precandidatos presidenciales, líderes rurales, estudiantes, opositores, periodistas, representantes de empresarios y defensores de Derechos Humanos", ha subrayado.
A juicio de la UE, el régimen nicaragüense no solo ha privado a la sociedad nicaragüense de unas elecciones transparentes, libres, creíbles e inclusivas, sino que ha incumplido sus compromisos con las libertades fundamentales y Derechos Humanos consagrados en la Constitución del país.
La UE, que mantiene a 14 dirigentes nicaragüenses en su lista negra, defiende que hasta ahora ha optado por medidas concretas para sancionar a los responsables de la situación en Nicaragua, pero ha avisado con cambiar su perspectiva y tomar medidas más extensas.
"Con este espíritu, consideraremos todos los instrumentos a nuestra disposición para tomar medidas adicionales, incluyendo aquellas que puedan ir más allá de las restricciones individuales. Pedimos a Daniel Ortega que devuelva la soberanía de Nicaragua al pueblo nicaragüense, sus legítimos dueños", ha recalcado la declaración de los Veintisiete sobre su respuesta a la deriva autoritaria de Ortega.
