Un partido en el gobierno no está para violar derechos ciudadanos sino para crear empleos.
Desde y antes de Desiderio Arias, los puestos públicos, han sido un botín en el Estado Dominicano, sin embargo, desde los años noventa del siglo pasado, se había logrado cierto progreso en la gestión de la Administración pública debido a que Joaquín Balaguer, a su retorno al poder en 1985, fue muy cauto en cuanto a lanzar personas empleadas del Estado, a las calles; luego, Leonel Fernández hizo lo propio en 1996, pues aunque no estaba formalmente obligado a respetar a las personas que encontró en el Estado, se decidió una evaluación justa de todo el personal, por lo que aquellos que tenían el perfil del puesto se quedaron en el mismo, y los que no, fueron capacitados. Esto es, se le dio cierta connotación de certeza a la función pública en la persona del servidor público.
Esta situación se mantuvo a inicios del siglo XXI porque Hipólito Mejía también hizo uso de la evaluación, aunque solo en los rangos inferiores de la Administración, pero, de todos modos, se observó cierta continuidad en los puestos públicos y a nadie se le ocurrió cancelar sin el previo pago de sus prestaciones a los sobrantes. Pero, en la actualidad, el retroceso ha sido muy grande, no se respetan ninguno de los parámetros de la ley, y mucho menos la Constitución de la república, simplemente, quien es tachado de morado, se va del puesto sin prestaciones con base a argucias como la de colocar fecha retroactiva para impedir reclamos ante el MAP y el TSA. Así, el primer malestar, lo sufre el servicio público, el cual se ve desmejorado por la asunción de personal incompetente o sin entrenamiento. No sé qué diría Max Weber de todo esto, pero lo cierto es que la calidad de los servicios públicos y el respeto al personal burocrático están siendo duramente afectados por la gestión del PRM.
Un partido en el gobierno no está para violar derechos ciudadanos sino para crear empleos, pero no crea empleo quien hace uso del quítate tu para ponerme Yo, eso es aberrante. Y, lo peor, no sé qué sucederá si en 2024, este partido es desplazado del poder, pues, después del sadismo con que están actuando, no se sabe con qué calidad moral solicitarán que se mantenga a sus parciales en los puestos de que disponen ahora, ni con base a cuál ley, porque la que hay, no la respetan. Este es un tema muy grave, porque se ha roto la cadena de mando institucional del Estado junto al principio de legalidad. Legalmente, no puede justificarse la separación de un ciudadano del Estado si no se comprueba una de las fallas previstas en la ley. Eso de recurrir a la vieja práctica de “conveniencia Enel servicio” no aplica bajo los términos de la Ley 107-13.
Se ha estado recurriendo al ardid de cancelar de facto con fecha anticipada, a personal capacitado para que el Ministerio de Administración y Personal no pueda cumplir su objeto, y para que los tribunales administrativos no puedan actuar por, supuestamente, haber perimido los plazos procesales de rigor. Es decir, estamos ante una Administración que, de manera generalizada, ha estado violando el debido proceso y el principio de legalidad administrativa. En estas condiciones, es justo y necesario que todos aquellos que hoy reclaman sus derechos sin ser escuchados, mañana, bajo otro cielo de poder, puedan reclamar sus derechos violados.
Ahora que se ha reunido la dirección del PRM con el presidente de la República, se entendía que ese tema sería tratado, pero no fue así, es decir, se ha dado luz verde a la violación sistemática de la ley. Con esto, lo único que conseguirá el gobierno actual, es engrosar la fila de la oposición política, pues de ordinario, la burocracia es técnica y apartidista, pero cesada en sus funciones, forzosamente, engrosa la fila opositora. Los cambios tecnológicos en curso permiten la creación de nuevos empleos y de dinámicas empresariales desde el sector privado; sin embargo, en esto también se ha equivocado el gobierno, porque ha metido en el Estado a un sector empresarial que debería estar en el sector privado y ahora ha ido a crear el dinero políticamente muerto de un empresariado empleado.
Para impedir el ascenso de Jacobo, fue necesario no solo un fraude sino aliarse con el archi enemigo del PRD de entonces, las consecuencias son conocidas, el PRD necesitó 14 años para reciclarse. Esto conduce a una alianza opositora para sacar al PRM del poder por mezquino.
Si el presidente Abinader no se sacude, no se necesita tener una varita de cristal, para darse cuenta de que está afilando cuchillo para su garganta, en el sentido de que está empleando improductivamente, la gestión pública. José Fco. Peña Gómez lo tenía claro, el Estado, a su juicio, debía ser para técnicos del partido y para los aliados, el empresariado y su cúpula debe estar en sus empresas, porque políticamente el empresariado no es rentable cuando invade el Estado. Más bien, se convierte en un cuerpo parasitario. Que pasa como decía Rousseau, a vivir del Estado y como no viven con poco, no hacen sino ocasionar irritantes privilegios públicos en la clase media. Sector que, como se sabe, en la República Dominicana, no es políticamente despreciable sino decisivo electoralmente, pues hacia donde se mueve la clase media, se mueve el país.
En palabras llanas, los empresarios cuando están dirigiendo el poder público irritan a la clase media, la cual, de este modo, queda convertida en revolucionaria, es decir en anti gobierno. Perdido este sector social, es obvio concluir, que un partido que no comprende la realidad social sobre la que actúa, cae presa de sus propios errores, Salvador Jorge Blanco fue, en el pasado, un buen ejemplo de ello. Recuérdese que, Jacobo Majluta fue capaz de quitarle las bases a Peña Gómez precisamente porque Peña Gómez se alineó políticamente al interior del partido y del gobierno,con el hombre de las manos limpias y, ser Peña Gómez, el más grande líder de masas del país, no le fue suficiente para hacerse impopular, al grado de que Majluta fue el recipiendario del favor de las bases y del populacho.
El PRM o partido moderno, como refiere su nombre, ha debido jugar a la institucionalidad dentro del Estado, ahora que ha dejado esa bandera en manos de la oposición tiene que prepararse a pagar el precio político que ello implica. Ha sido una excelente decisión el dejar para más adelante el proselitismo político interno y externo, pero la pata coja del desprecio por el respecto a la estabilidad en las personas en puestos públicos, le pasará factura porque, como bien dice la Ley 107-13, estamos en la era del derecho de la persona frente a la Administración pública, quien no lo entiende, deberá pagar el precio de su violación a las normas, los principios y los valores del Estado social y democrático de derecho. DLH-14-11-2021
