El hecho ocurrió durante un asalto a mano armada en 2019 en San Cristóbal
SAN CRISTÓBAL (República Dominicana).- Un tribunal de esta localidad condenó a 40 años de prisión a un hombre que fue acusado por el Ministerio Público de ocasionarle la muerte a un capitán del Ejército de República Dominicana durante un asalto a mano armada en 2019.
El Tribunal Colegiado de San Cristóbal dictó la sentencia contra Leudy Pérez Araujo o Leudys Pérez Araujo (El Pequeño) por los ilícitos de homicidio voluntario, tenencia y porte ilegal de arma de fuego y asociación de malhechores para cometer robo agravado con violencia, en perjuicio del capitán Richy Sabiel Rubio.
Los jueces Biulkys Milanés Balbuena, presidenta; Pílades Hernández Méndez, sustituto de presidenta, y Juan Ramón Cabrera Ysabel, miembro, condenaron al encartado por violar los artículos 265, 266, 295, 304, 379 y 382 del Código Penal, así como 66 y 67 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Además de la condena a la pena máxima, que cumplirá en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, Pérez Araujo deberá pagar tres millones de pesos de indemnización, así como las costas penales y civiles del proceso.
La acusación indica que el hecho ocurrió alrededor de las 7:30 de la noche del 8 de junio de 2020 cuando el oficial, su esposa y dos hijas menores de edad regresaban a su residencia desde Barahona.
La víctima se desplazaba en una yipeta por la carretera Sánchez y realizó una parada próximo al municipio Yaguate, momento en que fue sorprendido por Pérez Araujo y otro hombre sin identificar, quienes se desplazaban armados en una motocicleta.
El expediente señala que el hoy condenado le disparó a la víctima con el arma ilegal que portaba y que posteriormente le sustrajo su arma de reglamento, una pistola marca Glock, calibre 9 milímetros. Específica que el oficial falleció en un hospital de San Cristóbal mientras era intervenido quirúrgicamente producto de la herida de bala que recibió en el estómago.
La Fiscalía de San Cristóbal estuvo representada por Laura Segura Cordero, quien tuvo a cargo la investigación, mientras que en la litigación trabajaron Daryl Montes de Oca y Edward Ramírez.
