Revisión radical de política de drogas pone a los DDHH en la ecuación

Ed Holt

BRATISLAVA – Un nuevo análisis “radicalmente innovador” de las políticas de drogas globales ha puesto al descubierto el impacto total que las leyes represivas contra las drogas y su implementación tienen en millones de personas en todo el mundo, han dicho los grupos de la sociedad civil tras su creación.

El Índice Global de Políticas sobre Drogas (GDPI, en inglés), desarrollado por el Grupo Coalición para la Reducción de Daños (HRC, en inglés), una colaboración de grupos de la sociedad civil, clasifica a los países en sus políticas de drogas en función de una serie de indicadores relacionados con la salud, el desarrollo y los derechos humanos.

Los grupos del HRC dicen que es la primera herramienta de este tipo para documentar, medir y comparar las políticas de drogas de los países y su implementación en todo el mundo.

Y los resultados del primer índice han subrayado cómo incluso los países mejor clasificados se están quedando notablemente cortos en la alineación de las políticas y su implementación con los principios de derechos humanos, salud y desarrollo de las Naciones Unidas.

Ann Fordham, directora del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC, en inglés), que participó en la creación del índice, dijo a IPS: “El mensaje es que ningún país lo está haciendo bien. Todos tienen un gran margen de mejora».

Las organizaciones de HRC señalan que durante décadas, supervisar qué tan bien (o mal) lo están haciendo los gobiernos en materia de políticas de drogas ha sido difícil.

Hasta ahora, muchos gobiernos han medido el “éxito” de las políticas de drogas no en función de los resultados en materia de salud, desarrollo y derechos humanos, sino priorizando indicadores como el número de personas encarceladas por delitos relacionados con las drogas, el volumen de drogas incautadas o el número de hectáreas de cultivos de drogas erradicadas.

El resultado neto, argumentan los grupos de reforma de la legislación sobre drogas, es una grave falta de rendición de cuentas cuando se trata de los enfoques represivos a las drogas que favorecen muchos gobiernos y que arruinan la vida de millones de personas, invariablemente entre las poblaciones más vulnerables y marginadas.

Pero creen que el GDPI cambiará eso.

Utiliza 75 indicadores que abarcan cinco amplias dimensiones de la política de drogas: justicia penal, respuestas extremas, salud y reducción de daños, acceso a medicamentos controlados internacionalmente y desarrollo.

Treinta países (el HRC planea expandir el proyecto para incluir más estados en el futuro) reciben una puntuación en cada una de estas cinco áreas y se clasifican de acuerdo con una puntuación general de 100.

Las puntuaciones se deciden no solo sobre la base de los datos existentes, sino, fundamentalmente, de las perspectivas locales de los expertos sobre la implementación de políticas.

Esto, dice el equipo detrás de la metodología del índice, ayudó a crear una imagen más precisa de cómo las personas estaban siendo afectadas por las políticas de drogas de un estado dado, cuantificando objetivamente los efectos de su implementación.

David Bewley-Taylor, profesor de la galesa Universidad de Swansea, dijo a IPS: “Nuestro trabajo fue un esfuerzo deliberado para incluir a las comunidades afectadas en el centro del índice. Permite desafiar las suposiciones perezosas sobre las políticas de drogas de los países y agrega matices al debate sobre dichas políticas».

Su colega, Matthew Wall, añadió: “Incluso con los mejores registros de datos puede haber lagunas. Debido a que trabajamos con la sociedad civil, pudimos obtener datos adicionales y una evaluación sobre el terreno de la implementación de políticas.

“Sin las perspectivas de la sociedad civil, habría faltado algo, especialmente en la medición de la equidad de la implementación en algunas áreas, por ejemplo, el acceso al tratamiento de reducción de daños”, explicó.

Algunos de los hallazgos del índice destacaron el terrible impacto de la implementación de políticas en las comunidades.

Demostró que un enfoque militarizado y de aplicación de la ley para el control de las drogas sigue prevaleciendo en todo el mundo, con la fuerza letal por parte de militares o policías en la mitad de los países encuestados.

La aplicación de la ley de drogas también está dirigida principalmente a delitos no violentos, especialmente a las personas que consumen drogas.

Mientras tanto, hasta cierto punto, en todos los países, existe un impacto desproporcionado de la fiscalización de drogas en las personas marginadas por motivos de género, etnia y situación socioeconómica.

El índice también señaló a veces grandes brechas entre la política y su implementación, y cómo algunos países lo están haciendo bien en algunas áreas, pero mal en otras.

Por ejemplo, para garantizar el acceso a medicamentos controlados, países como India, Indonesia, México y Senegal obtienen una puntuación alta en las políticas, pero obtienen 0/100 en cuanto a disponibilidad real para quienes los necesitan.

También halló que la desigualdad está profundamente arraigada en las políticas globales sobre drogas, con los cinco países en el ranking superior con una puntuación tres veces mayor que los cinco países en el ranking más bajo. Según el informe, esto se debe en parte al legado colonial del enfoque de la «guerra contra las drogas».

Si bien Noruega encabezó el índice, no tuvo un buen desempeño en todas las áreas y obtuvo una puntuación general de 74/100. La puntuación media en los 30 países del índice fue de solo 48/100.

Los activistas creen que al enmarcar el “éxito” de las políticas de drogas de los países en términos de indicadores de derechos humanos, salud y desarrollo, y especialmente porque involucra datos recopilados de la experiencia de implementación en el terreno, el índice puede ser una herramienta poderosa para tratar de persuadir a los gobiernos para que cambien su enfoque sobre las drogas.

“El Índice Global de Políticas sobre Drogas es nada menos que una innovación radical”, señaló Helen Clark, presidenta de la Comisión Global de Políticas de Drogas y ex primera ministra de Nueva Zelanda.

«La información adecuada y precisa son poder, y pueden ayudarnos a poner fin a la “guerra contra las drogas” más temprano que tarde», planteó.

Al escribir en el prólogo del informe, Clark agregó: “Para los tomadores de decisiones que deseen comprender las consecuencias del control de drogas, así como para aquellos que buscan responsabilizar a los gobiernos, el índice arroja luz sobre aspectos críticos de las políticas de drogas que históricamente se han descuidado , como la intersección de la política de drogas y el desarrollo, o los impactos diferenciados de la aplicación de la ley de drogas en los grupos étnicos, los pueblos indígenas, las mujeres y los miembros más pobres de la sociedad”.

El informe adjunto al índice ilustra los efectos de las políticas de drogas en las comunidades, incluidas las historias de la vida real de personas que consumen drogas, que a menudo documentan el estigma, la violencia y la persecución que enfrentan los consumidores de drogas debido a las políticas represivas de drogas y su implementación.

También tiene una serie de recomendaciones para los gobiernos, que incluyen llamados a poner fin a la violencia, las detenciones arbitrarias, las condenas extremas y las penas desproporcionadas, y la promoción del acceso a la salud, los medicamentos y los servicios de reducción de daños y un enfoque de desarrollo a largo plazo para las comunidades marginadas de todo el mundo.

Sin embargo, no está claro hasta qué punto el GDPI influiría en los responsables de la formulación de políticas en países donde las políticas represivas contra las drogas han sido la norma durante décadas y donde los regímenes se han resistido repetidamente a los pedidos de reforma.

Los grupos que hacen campaña por la reforma de la ley de drogas en Bielorrusia, por ejemplo, que tiene algunas de las leyes de drogas más represivas del mundo y una implementación notoriamente severa, dijeron a IPS que es poco probable que el índice cambie la legislación del régimen, ni su enfoque de línea dura sobre el consumo de drogas.

Piotr Markielau, de Legalize Belarus, dijo a IPS: «Este índice es una gran idea, pero tiene muy pocas posibilidades de influir en la política de drogas en Bielorrusia o en cualquier otro país no democrático».

Pero Fordham señaló que incluso si el índice fue ignorado por los legisladores en algunos Estados, eso no disminuye su valor.

“Apreciamos que haya algunos países que permanecerán inmunes a nuestros esfuerzos, pero esperamos que el índice al menos encienda la conversación sobre las métricas utilizadas para medir las políticas de drogas”, afirmó.

A su juicio, «tenemos que seguir debatiendo y arrojando luz sobre las políticas represivas contra las drogas y el daño que están haciendo».

“A los gobiernos no les gusta la rendición de cuentas sobre esto, por lo que esperamos cierto retroceso en el índice. Pero una cosa de la que estoy orgullosa con el índice es la metodología increíblemente sólida que se ha utilizado. Es un trabajo muy meditado y nos pondrá en una base firme cuando hablemos con los gobiernos”, concluyó.

Articulo publicado originalmente en Ipsnoticias.net