Un cambio que ya no puede tener retroceso

Las ejecutorias de Abinader siguen alentando las esperanzas nacionales con hechos reales, si tomamos en cuenta las medidas que se han adoptado para eliminar.

Todo parece indicar que administrar el Estado con sentido político y empresarial es más favorable para el país que hacerlo con un criterio político partidarista paternalista.

En nuestra entrega publicada en Acento.com en fecha 23 de agosto de 2020 señalábamos que, desmantelar una estructura gubernamental montada sobre una plataforma de corrupción blindada por más de 20 años, no iba ser tarea fácil para un gobierno como el que iniciaba el presidente Luis Abinader, si no contaba con el apoyo popular de todos los sectores sociales.

Quince meses después, los resultados de la política de saneamiento de la administración pública, el rescate de la institucionalidad y la transparencia como plataforma de gobierno por parte de un consumado empresario, siguen arrojando resultados muy positivos para quienes están administrando el Estado dominicano hoy en día.

Las ejecutorias de Abinader siguen alentando las esperanzas nacionales con hechos reales, si tomamos en cuenta las medidas que se han adoptado para eliminar el dispendio de los recursos del Estado y la corrupción. Esto en busca de lograr un superávit al estilo empresa privada.

Miles de millones de pesos y dólares siguen aumentando las arcas del gobierno, tras los controles administrativos aplicados a los gastos y mejor administración de los recursos económicos que se reciben por diferentes conceptos.

Las ejecutorias de persecución contra los actos de corrupción que protagoniza el Ministerio Público, no solo contra funcionarios del pasado gobierno de Danilo Medina, sino también de la presente administración, le hacen ganar cada día más apoyo entre la ciudadanía.

Con una Procuraduría General de la República independiente, y una Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (DGEIG) como punta de lanza, monitoreando de forma permanente las actuaciones de los funcionarios del gobierno, la corrupción y la impunidad no tienen cabida en la presente administración.

Recuerdo con detalles el último discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional que pronunciara en febrero de 2020 el expresidente Danilo Medina.

En aquella oportunidad, el ahora exgobernanteaseguró que casi al término de su mandato de ocho años, había logrado que un millón 800 mil dominicanos superaran el umbral de la pobreza, y que otros 700 mil salieran de la pobreza extrema.

Y agregaba que el índice de pobreza para el 2012 era de 39.7%, y que a los 7 años y medio de su mandato se redujo a 20.6%, considerando que bajar los niveles de pobreza de un país a la mitad en ese período, ese hecho representaba -según Danilo- el verdadero cambio implementado por su gobierno.

Un discurso parecido lo tuvo el expresidente Leonel Fernández en su primer período de gobierno 1996-2000. Se ufanó en afirmar haber reducido la pobreza en el país. Sin embargo, el pueblo calificó su administración de ser un grupo de “comesolos”, por haber gobernado en favor de los peledeístas. 

Lo que vino después ya es historia: florecieron los escándalos de corrupción durante sus dos últimos mandatos, entre 2004 y 2012.

Es a partir de agosto de 2020, luego de perder el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) las elecciones, cuando se descubre una verdadera diferencia entre lo dicho por el destacado político centroizquierdista y las ejecutorias implementadas por el empresario presidente centroderechista Luis Abinader.

A raíz de los apresamientos llevados a cabo por parte del Ministerio Público contra funcionarios civiles y militares de la pasada administración peledeísta, pareciera que el millón 800 mil ciudadanos sacados de la pobreza, y los 700 mil de la extrema pobreza, salieron de su entorno familiar, y de ese partido sus más cercanos colaboradores políticos.

En las operaciones Anti-Pulpo, Coral, Caracol, Medusa, 13, Falcon, Larva y 5-G están involucrados hermanos, cuñados, exfuncionarios, generales y altos oficiales militares y policiales activos de mucha confianza del expresidente Medina, todos acusados de formar redes societarias para supuestamente extraer miles de millones de pesos y dólares de los fondos del Estado dominicano.

Las diferentes acciones judiciales anticorrupción, lavado de activos y narcotráfico llevadas a cabo por el Ministerio Público, por un lado, y la Dirección Nacional Control de Drogas (DNCD), por el otro, establece una diferencia muy clara entre el accionar de persecución anticorrupción y narcotráfico en los 20 años de gobiernos peledeístas y la presente administración de Luis Abinader.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), bajo la dirección de los magistrados procuradores adjuntos Yenni Berenice y Wilson Camacho, ha develado y sometido a la justicia a los principales protagonistas civiles y militares involucrados en los más escandalosos actos de corrupción cometidos en las pasadas administraciones del PLD.

En cuanto a la persecución del crimen del narcotráfico, es en el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que más se han autorizado extradiciones de narcotraficantes -cerca de 40- reclamados por la justicia de los Estados Unidos.

Vemos con preocupación cómo algunos congresistas de no muy buena reputación intentan restablecer el privilegio de que los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional sean juzgados en tribunales militares por los graves delitos penales que cometan y no por la efectiva justicia ordinaria independiente actual.

Mas que concentrarse en este privilegio para congraciarse con los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía, los congresistas deberían centrarse en aprobar la Ley de Extinción de Dominio -a la que huyen como el diablo a la cruz- de manera que el Ministerio Público pueda recuperar los activos multimillonarios robados al Estado en actos de corrupción y lavado de activos.

Con los apresamientos de altos oficiales de las Fuerzas Armadas dominicanas en la Operación 5G, algo nunca visto en la historia política del país, se demuestra que a República Dominicana la están conduciendo por la ruta de un verdadero cambio, que cada vez se hace muy difícil aplicar un retroceso.