Manuel Díaz Aponte, periodista.
El mayor soporte institucional y de adecentamiento en la operatividad de la democracia de República Dominicana, está sustentado en la política anticorrupción que ejecutan las autoridades, concitando el respaldo inclusive de organismos internacionales y del gobierno estadounidense.
Ello repercute en el afianzamiento del clima de seguridad que auspician las autoridades para atraer nuevas inversiones nacionales y extranjeras.
En la historia de la democracia dominicana ningún otro gobierno había exhibido tan decididamente voluntad para enfrentar los actos ilícitos del pasado reciente y los que eventualmente puedan ocurrir.
Desde que asumió el poder el 16 de agosto del 2020 el presidente Luis Abinader trazó los primeros lineamientos de su política anticorrupción con la designación de la doctora Miriam Germán Brito, como Procuradora General de la República.
Los esfuerzos van dirigidos a levantar una estructura de justicia que no responda a las pautas y controles del Poder Ejecutivo, y eso, afortunadamente se viene logrando.
La propia magistrada Miriam Germán lo acaba de subrayar al intervenir como oradora invitada de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr).
Allí enfatizó: “El presidente Abinader nunca ha pretendido conducirme en nada, no he recibido de él un recado, no me ha comunicado ningún interés suyo y eso es una cuestión inusual entre nosotros”.
En el ámbito del Poder Ejecutivo hay claras evidencias de no dejar pasar por alto ninguna actitud indecorosa en el manejo de los recursos públicos y la propia sociedad lo está percibiendo.
El Estado dominicano y el Sistema de las Naciones Unidas en República Dominicana firmaron el 20 de octubre del 2020, un memorándum de entendimiento que establece un marco general de cooperación para luchar de manera integral contra la corrupción y otros delitos conexos.
La iniciativa apoyará los esfuerzos nacionales en la prevención de la corrupción y el fortalecimiento de la integridad, la ética y la transparencia, al tiempo que robustece la institucionalidad.
Un paso trascendental inédito en el país cuyo objetivo central es contribuir en la aplicación de mecanismos de controles administrativos e institucionales, que permitan la erradicación de la vieja práctica del robo de los bienes públicos.
Las ventanas para la aplicación de justicia a los imputados por desfalcos a las arcas estatales parecen abrirse inexorablemente, como ha ocurrido en otros países latinoamericanos entre ellos, Perú, El Salvador y Guatemala.
La única manera de higienizar y adecentar nuestro sistema democrático es aplicando justicia contra los depredadores de los recursos colectivos.
“Es nuestra mayor aspiración velar porque el Ministerio Público actúe conforme a los principios constitucionales y legales que le rigen, implementando una política de persecución penal planificada, para que cada uno de sus miembros ejerza la acción penal a través de criterios coherentes y objetivos”, planteó la Procuradora General Miriam Germán.
Ninguna sociedad avanza si no existe un régimen de consecuencias contra los que violan las leyes y contra aquellos que acumulan fortunas a costa de la explotación y sudor de un pueblo con altos niveles de pobreza y de exclusión social, como República Dominicana.
Los datos de las auditorías realizadas recientemente por la actual Cámara de Cuentas de la República Dominicana, revelan hasta qué punto la corrupción sacudió al Estado en la gestión pasada.
En sus indagatorias los especialistas de la Cámara de Cuentas encontraron irregularidades por un monto que supera los RD$43,237,525,265 en los procesos de equipamientos de hospitales realizados por la Oisoe con la empresa Domedical Supply SRL, propiedad de Alexis Medina, hermano del ex presidente Danilo Medina.
Otras escalofriantes revelaciones develadas en la auditoría de la Cámara de Cuentas en la Policía Nacional, indican que esa institución durante el período 1ro de enero 2015 y al 31 de diciembre 2017 pagó la cantidad de 101,836 galones de gasolina y 110,000 de gasoil, que representan un total, sin evidencias de recibos, de RD$32,379,621.
La sociedad dominicana por muchos años ha demandado sanción ejemplar contra los depredadores de los fondos públicos, y sigue expectante el proceso de investigación y prisión preventiva dictaminado por las autoridades judiciales contra funcionarios civiles y militares del gobierno de Danilo Medina.
La administración del presidente Joe Biden asume como prioridad nacional la lucha contra la corrupción, y por lógica, condena toda acción corruptiva en las esferas gubernamentales de sus socios latinoamericanos.
El encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en el país, Robert W. Thomas, reiteró el respaldo a la persecución de las acciones ilícitas y contra la corrupción que impulsa el gobierno de Abinader.
En julio de este año, el presidente Luis Abinader, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton y el encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Robert W. Thomas, suscribieron un acuerdo bilateral por un monto de $251 millones de dólares que pone en marcha la estrategia de cooperación de los próximos cinco años de la USAID en territorio nacional.
El primer enfoque del acuerdo rubricado por los gobiernos de República Dominicana y Estados Unidos es una reforma de políticas y una gobernanza efectiva centrada en transparencia, rendición de cuentas, equidad, protección social y ambiental y además incluye reformas legales y regulatorias.
Obsérvese, que el tema de la transparencia administrativa en las instancias del poder está en primer plano.
Posteriormente, el siete de octubre, la administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Samantha Power en un encuentro con el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional, dijo que: “Desde que asumió el poder, el presidente Abinader ha reforzado el estado derecho en la República Dominicana y ha demostrado que las democracias pueden dar resultados a sus ciudadanos”.
Valoró también, los pasos encaminados por las autoridades dominicanas y su visión transformadora y dijo, sentirse “emocionada” cuando escuchó que podía hablar de reformas institucionales al lado del presidente Abinader.
El gobierno estadounidense expresa claramente respaldo a las políticas institucionales encaminadas en el país, y ello, es crucial en un momento en que muchas naciones de la región lanzan al zafacón las bases jurídicas e institucionales en la conducción del Estado y ejecución de las normas democráticas.
Artículo de Manuel Diaz Aponte
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