Los problemas de corrupción en el ejercicio de poder están vinculados directamente a esa articulación viciosa de búsqueda afanosa e irresponsable de recursos económicos y condicionada práctica oficial.
En lo que construimos una “cultura de honestidad” en la administración pública, debemos reducir el precio de esta democracia.
El financiamiento de ley es muy alto y se deja las manos libres a los candidatos para que procuren otros recursos de cualquier fuente pecaminosa.
Los problemas de corrupción en el ejercicio de poder están vinculados directamente a esa articulación viciosa de búsqueda afanosa e irresponsable de recursos económicos y condicionada práctica oficial.
El diseño legal impide o dificulta el acceso a personas que vean las posiciones en el Estado como un servicio público.
Profesionales, técnicos, obreros, miembros de juntas de vecinos y militantes sociales tienen una enorme barrera para la lucha electoral en igualdad de condiciones.
Otra cosa es, que las franquicias lucen congeladas lo que fuerza a hace colas o recibir el “favor” de uno de los viejos en
las lides partidarias.
Si una candidatura a diputado estuviera limitada a 100 mil pesos mensuales, tendríamos un congreso de una extraordinaria calidad, sobre todo en lo ético.
Las barreras económicas y legales continuarán, a menos que el ciudadano se empodere como en las luchas por el 4 por ciento del PIB a la educación, para forzar cambios estructurales.
Es el financiamiento el nudo que hay que cortar para que cese “el mecanismo” que puso en práctica Odebrecht, pero que ya operaba en el país, desde el siglo diecinueve.
El colmo es que el crimen organizado que financiaba campañas electorales con cierta timidez en los años 90, acrecentó su presencia hasta llegar a sentarse en su “propia” curul.
Los que ya están en posiciones electivas procuran recursos del arca oficial, sin descartar otras fuentes, mientras los nuevos aspirantes extienden la mano y cierran los ojos, salvos honrosas excepciones.
Si la democracia no fuera tan cara, asistiríamos una lucha entre iguales, solo enfrentados sus talentos, hoja de servicios y formación y actitud para el bien colectivo.
Esto, además haría más fácil el cumplimiento de la Ley de Función Pública que establece derecho universal a acceder a los cargos públicos, sin otro criterio que el mérito personal.
También se lograría estabilidad en los cargos y equidad retributiva, en la conciencia de que son faltas graves “manejar fraudulentamente fondos públicos o bienes del Estado para provecho propio o de otras personas”.
“Realizar, encubrir, excusar o permitir, en cualquier forma actos que atenten gravemente contra los intereses del Estado o cause, intencionalmente negligencia manifiesta, grave perjuicio material al patrimonio del Estado”, agrega.
Todo sería más simple, con verdaderos servidores públicos, y una mayor protección de los recursos del contribuyente.
Los partidos políticos, principales actores, deberían atreverse a producir estos cambios, para salvar al deteriorado sistema de partidos, estremecido por la narcopolítica y una obscena híper corrupción.
Congresistas dominicanos capturados en otros países y familiares y allegados de un presidente de la República involucrados en espantosos casos de corrupción obligan a urgentes cambios.
Siempre tener presente que los dominicanos votaron contra la corrupción e impunidad de peledeistas y allegados y dieron su apoyo a Luis Abinader y al Partido Revolucionario Moderno, porque se comprometieron a poner fin al desastre.
Abinader camina en dirección a cumplir lo prometido, pero litorales de su partido, PRM, resisten y obstruyen, algunos capturados y cancelados en la repetición de aquellas condenadas prácticas.
El acuerdo para la reducción de los financiamientos siempre he recelado por los opositores, sin tomar en cuenta que la ventaja oficial es relativa. El PLD con todos los sobrados recursos fue expulsado del poder, aunque el hartazgo por el extenso mandado y la división, fueron fundamentales.
Hay tiempo, antes del desguañangue total.
