No está claro cómo Delloye (hijo de Ingrid) podrá acceder a esos fondos porque ni la extinta guerrilla, ni ninguno de sus antiguos integrantes dispone de activos en Estados Unidos.
EUROPA PRESS -Un tribunal de Estados Unidos ha ordenado este jueves a la ya desaparecida guerrilla de las FARC a pagar una indeminzación de 36 millones de dólares (31 millones de euros) a Lawrence Delloye, hijo de Ingrid Betancourt, por los daños causados durante los seis años que su madre estuvo secuestrada por el grupo armado.
Delloye, que es ciudadano estadounidense, presentó una demanda en 2018 alegando que la extinta guerrilla habría violado las leyes antiterroristas de Estados Unidos que permiten a las víctimas exigir una compensación económica por los daños causados. Un juez de Pensilvania ha dado como válidos los argumentos de la defensa que señalan que el hijo de Betancourt sufrió un estrés emocional severo durante el tiempo que su madre estuvo cautiva entre 2002 y 2008.
La demanda incluye catorce nombres de la organización, entre ellos el de Luciano Marín Arango, alias 'Iván Márquez', actual líder de Segunda Marquetalia, una de las disidencias de la FARC actualmente. Sin embargo, no está claro cómo Delloye podrá acceder a esos fondos porque ni la extinta guerrilla, ni ninguno de sus antiguos integrantes dispone de activos en Estados Unidos, cuenta el diario 'El Tiempo'.
El caso de Delloye es muy similar al de los tres contratistas estadounidenses Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes, secuestrados de las FARC, quien es en 2012 un juez de Florida les dio la razón y condenó a la entonces activa guerrilla a indemnizarles con 318 millones de dólares (277 millones de euros)por los daños que les causaron durante su secuestro.
La sentencia no se ha podido ejecutar, no obstante, Estados Unidos aprobó una enmienda en 2018 con la que las víctimas podrían acceder a esos fondos de manera indirecta a través de fondos decomisados a personas asociadas con estos grupos armados cuyos activos están congelados por Washington, como es el caso del empresario Samark López, señalado como posible testaferro del chavismo y que en 2017 fue incluido en la conocida como Lista Clinton por supuestos nexos con el narcotráfico.
