En este panorama, a los gobiernos y sus funcionarios, no les queda más camino que unirse al saqueo, pues como de primera mano observan cómo esta oligarquía rapaz se engulle los recursos públicos, se limita a tomar su parte de león.
Por David La Hoz
La corrupción es endémica en la República Dominicana desde la colonia, cuando ciudadanos europeos vinieron a esta isla, a buscar la riqueza de que carecían en Europa. Desde entonces, esos extranjeros invasores han saqueado los bienes públicos de la isla. Poco a poco, pasaron a conformar una oligarquía que, en alianza con los poderes de sus países de origen, explotan despiadadamente la riqueza nacional.
Cuando estas jóvenes naciones fueron alcanzando su independencia, pasaron a tener gobiernos entreguistas que, a cambio de respaldo político y económico, continuaron permitiendo el saqueo de los bienes públicos. Pronto dos ejemplos hicieron el contraste Estados Unidos de América que rompió sus vínculos con Inglaterra al pagar impuestos pero carecer de derechos; en cambio, Haití adquirió la libertad del hombre de color más no ha podido liberarse de la dependencia económica porque la carga de deuda que le fue impuesta como pago por su libertad, lo impidió. En el caso dominicano, unos quisieron anexarla a otra potencia, otros venderla, pero solo intervenciones, apropiaciones, se han operado junto a endeudamientos masivos.
Desde fines del siglo XX, se sabe que el Estado Nación o, mejor dicho, las naciones estados, no pueden competir en un mundo globalizado, si no se unen como región con intereses comunes. Por tanto, los gobiernos han pasado a ser simbólicos porque, en la práctica, se limitan a cumplir las recetas que le dictan las potencias del capitalismo central, monopólico y globalizado de la actualidad.
En este nuevo escenario, la oligarquía que, en principio, se dijo quedaría atomizada por la globalización, ha ocurrido lo opuesto, ha centralizado aún más su poder porque, a todas luces se observa que, el poder político, económico y social, se ha concentrado más que nunca, en pocas manos. Trujillo dejó al país con empresas que condujeron a que se hablar de capitalismo de estado a un paso de ser una sociedad socialista. Hoy en día, la casi totalidad de esas empresas se encuentran en manos de un capitalismo que nada ha creado, que no es emprendedor sino parásito que se limita a apropiarse de los recursos públicos. Buen ejemplo de ello, es la termoeléctrica Punta Catalina, creada con dinero público, pero que vía subterfugios legales, a cambio de nada, se pone su gerencia en manos privadas.
En este panorama, a los gobiernos y sus funcionarios, no les queda más camino que unirse al saqueo, pues como de primera mano observan cómo esta oligarquía rapaz se engulle los recursos públicos, se limita a tomar su parte de león. Obviamente, existen excepciones, de funcionarios honestos que se resisten y no aceptan este narigoneo, estos son los denominados gobiernos progresistas excepcionales, porque la mayoría se ha plegado; en cambio, los conservadores, conformados generalmente por empresarios, se conciben como parte del esquema y aceptan gustosos participar del saqueo. Sin importarles la suerte de los humildes, ni el bienestar de la clase media.
Buen ejemplo de lo que comentamos, repetimos, es Punta Catalina, termoeléctrica construida con dinero público, pero que se sabía que una vez construida, se buscaría una fórmula jurídica que permitiese su enajenación hacia el sector privado. Por demás, está decir que, por “casualidad”, fue construida en un terreno privado, por lo que estos han sido los primeros en beneficiarse en tanto, propietarios; ahora de lo que se trata es de administrarla. Se ha encontrado que, la figura del fideicomiso público, es la opción que podía pasar inadvertida por el público, dado que existen otros modelos de contratos que han lesionado grandemente el patrimonio público que pasaron desapercibida, pero han salido tornillos en el queso. Por tanto, ahora se buscará una fórmula para endulzar la píldora.
El tema es que de dicha enajenación se habla en un momento en que la extenuada clase media, ya no puede más, por tanto, no permitirá una nueva lesión a sus intereses, así como así, sino que, lucha hasta obtener reivindicaciones propias. Esto es: luchará por la conservación del bien público para que el mismo sea puesto a su servicio.
Los políticos deben saber que el estado de derecho avanza y que, no podrán hacerse los suecos a plena luz, que la gente, les exigirá cuentas. Luis Abinader debe terminar su gobierno como lo inició, como el gobierno del cambio. De no hacerlo, las cosas podrían tornarse difíciles para el país porque nadie va a permitir que continúe, impunemente, el saqueo de la riqueza nacional, o que se hable de nuevas cargas tributarias.
Un país donde la salud ha sido privatizada y los recurso para la educación lo que provocan es la aparición de nuevos ricos y aspirantes a la presidencia de la república mientras el país sigue saliendo en las mediciones sobre desarrollo educativo como cuando no poseía el 4%, es indudable que está creando las bases para que la violencia social no venga desde arriba solamente.
Un contrato de cesión de los derechos del ius utendi, ius abutendi y del ius fruendi, por intermedio de un “Comité técnico”, de adherentes y de derechos residuales productos de un proceso de liquidación operado previamente de espaldas a la ley. Bajo el eufemismo de “fideicomiso público”, sin que dicha figura jurídica exista, sin que haya una ley marco sino que, por el contrario, resulta exorbitante con relación a la Ley 189-11 que es la vigente y sin que el Ministro de Energía y Minas posea capacidad legal; circunstancia que lo obliga a comprometer la figura del presidente de la república a quien se le solicita entonces, dada su propia incapacidad legal y constitucional para sancionar dicho contrato, acudir al Congreso Nacional, el cual tampoco puede aprobar un contrato que carece de base de sustentación legal.
Obviamente, ante una situación tal, resulta adecuado indicar que el señor Ministro de Energía y Minas, ha comprometido su responsabilidad en los términos del artículo 148 de la Constitución y la Ley 107-13, particularmente, sus artículos 57 y siguientes. Combinados con el artículo 73 de la Constitución de la república.
