El presidente Luis Abinader informaría anoche sobre cambios al controversial fideicomiso de Punta Catalina remitido al Congreso Nacional y que ya fue aprobado por los diputados sin molestarse en ojearlo.
El mandatario, guardándose su encono madrileño cuando respondía preguntas sobre el contrato, actúa con inteligencia al corregir errores que figuran en la propuesta.
(“El presidente Luis Abinader hizo cambios en su agenda de hoy para trabajar desde su oficina privada y el Palacio Nacional en un discurso que pronunciará al país en la noche del domingo”, tuiteó la tarde del sábado el portavoz gubernamental Homero Figueroa).
Las buenas intenciones no son suficientes en materia de leyes y contratos, por lo que es saludable la vigilancia ciudadana y de los partidos políticos en temas sensitivos como la utilización de un mecanismo legal que sustrae temporalmente de las manos oficiales el manejo directo de un bien público.
Llovieron los cuestionamientos luego de conocerse la aprobación de los diputados que confesaron posteriormente, no haber leído el contrato. La falta grave alcanzó a toda la oposición, incluidos los emergentes más críticos.
Al ausentarse de la obligación constitucional fiscalizadora, se reavivaron las censuras a los diputados, a la cabeza sus colegas senadores opositores. Los partidos de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo y Frente Amplio se distanciaron de las posturas de sus representantes en la cámara baja y realizaron críticas al contrato. ¡Increíble!
Esta instancia, que se supone más crítica por la diversidad representativa y la insuficiencia de votos oficialistas para las aprobaciones sucumbió en minutos, pese a lo innecesario de la prisa, ya que la falta de tiempo imposibilitaría al Senado, de mayoría perremeista, validar el contrato antes de que finalizara la legislatura.
El gobierno envió voceros a los medios de comunicación y remitió espacios pagados a medios escritos que tratarían de explicar la propuesta oficial, pero eran textos a la defensiva. El objetivo del millonario esfuerzo falló.
La falta de socialización inicial, al parecer, solo sería suplida con vistas públicas en el Senado.
Las críticas se han centrado en supuestas violaciones constitucionales y en las imprecisiones sobre la participación de fideicomitentes adherentes que permitirían entradas incontroladas de capitales, y alegados roces a las leyes de contrataciones públicas y de libre acceso a la información.
El abogado y profesor de derecho administrativo, Olivo Rodríguez Huertas, agregó otros elementos:
“En efecto, de conformidad a la Ley Orgánica de la Administración Pública No. 247-12, la delegación del ejercicio de atribuciones o competencias administrativas solo puede ser encargada a órganos y entes administrativos, que no es la naturaleza del Comité Técnico previsto y creado en el contrato de fideicomiso. En el caso la situación resulta más grave, ya que la señalada ley prohíbe la delegación de la totalidad de las competencias de un órgano o ente público como resulta ser el caso, ya que las atribuciones originales de la CDEEE, por mandato de la Ley 142-13 quedaron a cargo del ministerio de Energía y Minas a partir del año 2018, solo restándole en la actualidad a este organismo autónomo, la actividad empresarial pública de generación de electricidad que le fuera atribuida mediante la Ley 394-14”.
“Finalmente”, precisa,” otro aspecto que transgrede el contrato de fideicomiso, lo constituyen disposiciones constituciones y legales en materia de igualdad de trato y libre competencia”.
Un amplio marco legal para los fideicomisos públicos y la humildad para los cambios necesarios en el contrato de Punta Catalina, evitaría a la administración abinaderista otros malos ratos y así poder centrarse en la auditoría que ponga en blanco y negro lo que todos sospechamos desde el principio…
Importante un mandatario que escuche y corrija.
